A menudo asumimos que la historia de la migración mexicana hacia Estados Unidos se reduce a un “país de origen” deseoso de exportar a su población desempleada y un “país de acogida” que lucha por frenar la oleada. Pero la historia de la década de 1970 revela una realidad diferente, más trágica: un momento en el que México propuso una solución económica bilateral para retener a su población en el país, solo para encontrarse con la indiferencia estadounidense y un repliegue hacia políticas unilaterales.

La migración que México intentó abordar en la década de 1970 era, en gran medida, consecuencia de la política estadounidense. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos acudió a México en busca de trabajadores agrícolas y ferroviarios. México aceptó, pero con condiciones: salarios garantizados, vivienda y protección contra la discriminación. El resultante Programa Bracero llevó a millones de mexicanos a Estados Unidos como trabajadores temporales a partir de 1942. Cuando terminó la guerra y México quiso poner fin al programa, Estados Unidos insistió repetidamente en prorrogarlo; los agricultores estadounidenses se habían vuelto dependientes de esa mano de obra. 

A principios de la década de 1960, la oposición interna en Estados Unidos al Programa Bracero iba en aumento. Las organizaciones de trabajadores argumentaban que el programa socavaba a los trabajadores agrícolas estadounidenses. Y una serie de tragedias –la más notoria fue el accidente de Chualar en 1963, que mató a 32 braceros que viajaban en un camión en condiciones inseguras– expuso lo desechables que eran estos trabajadores para los empleadores estadounidenses.

El Congreso de Estados Unidos terminó unilateralmente con el Programa Bracero en 1964, sin apenas consultar a México ni proponer un plan de transición. Como era de esperar, los canales migratorios que Washington había creado siguieron fluyendo, pero ahora simplemente reclasificados como “ilegales.”

México y los mexicanos se vieron obligados a lidiar con un sistema migratorio que Estados Unidos había creado y abandonado. Al carecer de estatus legal, los trabajadores mexicanos no tenían reconocimiento formal, recursos fiables ni una influencia política destacada. Esa invisibilidad propiciaba los abusos por todas partes: de patrones que sabían que los trabajadores no podían quejarse, de los funcionarios de inmigración, que apenas rendían cuentas.

Mientras tanto, las ciudades fronterizas del norte de México absorbían a decenas de miles de deportados cada año, que quedaron bajo la presión de lo que los funcionarios denominaban un problema de “exceso de mano de obra”. Los trabajadores inactivos se acumulaban, ya que la región se enfrentaba no solo a los deportados, sino también a migrantes incapaces de salir hacia Estados Unidos de forma regular.

A medida que estas crisis se agravaban, el Estado mexicano propuso una nueva doctrina: “Exportar productos, no brazos” a Estados Unidos. México pedía a Estados Unidos que se convirtiera en socio para gestionar la migración que la política estadounidense había puesto en marcha. La lógica económica era sencilla: si Estados Unidos reducía los aranceles sobre los productos mexicanos, los estadounidenses comprarían más productos mexicanos. Las fábricas y granjas mexicanas necesitarían más trabajadores para satisfacer la nueva demanda, creando puestos de trabajo que mantendrían a los potenciales migrantes en su país.

En 1972, el presidente Luis Echeverría y el presidente Richard Nixon se reunieron en una cumbre centrada en las preocupaciones de Echeverría respecto a la deportación y el maltrato de los ciudadanos mexicanos en Estados Unidos. Los dos presidentes solo acordaron que cada país crearía su propia comisión para estudiar el problema laboral y proponer soluciones por separado.

El organismo mexicano, la Comisión Intersecretarial, reunió a los secretarios de Gobernación, Trabajo, Educación Pública, Agricultura, y Hacienda, junto con el procurador general, cada uno elegido por el enfoque específico que su ministerio aportaba al problema de la emigración. Analizó los expedientes de 10,000 deportados para identificar las “zonas críticas” que sufrían una hemorragia de población. Se centró en municipios específicos de Zacatecas, Michoacán y Jalisco.

En 1976, antes de dejar el cargo, Echeverría presentó las conclusiones del organismo al presidente Gerald Ford: reducir los aranceles específicamente sobre los productos procedentes de estas localidades con alta migración para impulsar sus industrias y frenar el flujo en su origen. Pero Ford rechazó esta iniciativa de ayuda, prefiriendo disuadir la migración a través de medidas punitivas.

Sin soluciones para abordar el problema migratorio, el sucesor de Echeverría, José López Portillo, heredó una crisis cada vez más grave. Las ciudades del norte de México se veían cada vez más presionadas por la presencia de deportados y de quienes intentaban emigrar. Los informes que llegaban a Ciudad de México acabaron confirmando los peores temores de los mexicanos sobre los abusos contra los migrantes. En Arizona, unos ganaderos adinerados torturaron a tres migrantes. En Louisiana, un jefe de policía mantenía a los trabajadores encerrados en “jaulas de tigres”. La Patrulla Fronteriza asesinó a personas que cruzaban la frontera.

Las primeras medidas de López Portillo fueron las mismas soluciones provisionales que México había aplicado durante años: exigir un trato “justo y humano” a las autoridades estadounidenses e intensificar las operaciones policiales contra los traficantes de personas a lo largo de la frontera. Estas medidas abordaban la violencia que sufrían los migrantes sin tratar las condiciones económicas que los empujaban hacia el norte en primer lugar.

López Portillo decidió ampliar sus pretensiones. Presionó a Estados Unidos para que aplicara reducciones arancelarias amplias con el fin de estimular toda la economía mexicana. En 1977, con Jimmy Carter como nuevo presidente de Estados Unidos, ambos países firmaron un acuerdo modesto que reducía los aranceles sobre determinadas frutas, verduras y productos artesanales mexicanos, lo que distaba mucho de la visión de México de una reducción arancelaria integral.

López Portillo era optimista de que Carter resultaría un mejor socio que Nixon y Ford a la hora de gestionar la migración, dado su compromiso declarado con los derechos humanos. Así que presionó para conseguir más. Buscó la exención total de los recargos del 10% que se imponían habitualmente a todas las importaciones a Estados Unidos. El embajador mexicano predijo que esto crearía 600,000 puestos de trabajo en dos años, “elevando el nivel de vida y evitando el éxodo”. Los funcionarios mexicanos hablaron de construir un “muro del progreso” contra la migración.

Estados Unidos rechazó la petición general y, en su lugar, propuso una inyección única de 2,000 millones de dólares en efectivo para ayudar a México a crear puestos de trabajo. La propuesta nunca fue aprobada por el Congreso. Y, en cualquier caso, lo que López Portillo quería no era un cheque, sino una política de reducción arancelaria a largo plazo que impulsara de forma constante la industria mexicana, año tras año, hasta que quedarse en casa tuviera más sentido que marcharse.

Entonces, a finales de la década de 1970, México descubrió enormes reservas de petróleo. López Portillo por fin tenía poder de negociación: Estados Unidos, aún convaleciente de la crisis de la OPEP de 1973, quería un proveedor estable cerca de casa. Así pues, López Portillo propuso un acuerdo global: exportaciones de petróleo garantizadas a cambio de una reducción arancelaria.

Hubo un debate genuino dentro de la administración Carter. El Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional respaldaron el acuerdo, argumentando que la inestabilidad iraní y el aumento de los precios del petróleo hacían que una relación especial con México fuera estratégicamente sensata. Estados Unidos estaría intercambiando concesiones arancelarias y migratorias para obtener un proveedor de petróleo fiable en la frontera. El Tesoro y Energía las desestimaron.

El secretario de Energía, James Schlesinger, argumentó que Estados Unidos no se enfrentaba a una escasez crítica de petróleo a corto plazo, y añadió que la potencial producción nacional de Alaska era una apuesta más segura a largo plazo que la dependencia de las reservas mexicanas. Mientras tanto, los funcionarios del Tesoro, que negociaban un acuerdo comercial multilateral en Ginebra, sostuvieron que una concesión unilateral a México socavaría la influencia estadounidense en la mesa de negociaciones y daría pie a demandas idénticas por parte de otros gobiernos latinoamericanos. Finalmente, Carter rechazó el acuerdo global.

México, enfrentado a una deuda creciente y a la devaluación de su moneda, vendió el petróleo a Estados Unidos de todos modos. López Portillo decidió que era demasiado arriesgado “enfrentar el petróleo contra los braceros”. Estados Unidos consiguió seguridad energética. México obtuvo el pago, pero ninguna solución estructural a la migración.

La visión de cooperación de México se estrelló contra la falta de voluntad de Estados Unidos para priorizar la migración como un fenómeno económico internacional. En su lugar, Estados Unidos recurrió a tratar la migración como un problema de seguridad interna, legal y cultural que debía resolverse de forma punitiva: ampliando la Patrulla Fronteriza, construyendo vallas y lanzando redadas que trataban a los migrantes mexicanos como fugitivos en lugar de como personas en busca de empleo.

Hoy en día, vivimos entre los escombros de ese bilateralismo fallido. ~

Este artículo se publicó originalmente en Zócalo Public Square, una plataforma de ASU Media Enterprise que conecta a las personas con las ideas y entre sí.

Forma parte de Cruce de ideas: Encuentros a través de la traducción, una colaboración entre Letras Libres y ASU Media Enterprise.