España ha de responder ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por el trato del Tribunal Constitucional a la “víctima de La Manada”. Recientemente Estrasburgo ha planteado tres cuestiones a las partes por el caso del Tour de La Manada, que toma así un emocionante impulso internacional.

Todo parecía cerrado por fin cuando el Tribunal Constitucional anuló mi condena en mayo de 2025. Cuatro años y medio antes, el Tribunal Supremo había avalado la pena de prisión, en parte por la dejación de sus funciones y en parte por el temor a contrariar a las masas, secuestradas emocionalmente por la prensa con el caso de La Manada. Pero ahora la intención por fin quedaba explicada con el sello del Estado: no era menoscabar a una víctima con una visita guiada, sino poner a la prensa frente a un espejo cóncavo. En realidad todo estaba claro desde el principio: bastaba con entrar en la web, que presentaba un texto aclaratorio. Lo que había que enmendar era más bien la tergiversación de la abogada acusadora, Teresa Hermida, que lo llevó a los tribunales como un negocio para “enaltecer la figura de los agresores”. Lo hizo a pesar del desmentido, y mantuvo su versión después de las explicaciones en el juicio, por lo que podemos decir que interpuso una denuncia falsa. Y ahora, tras el Constitucional, aseguró en televisión que elevaría el caso a Europa y a la ONU.

Por Zeus, me dije, ¿pero aún sigue a estas alturas de la película? ¿Se está tirando un farol?

Nada de eso. Un día después cobra protagonismo un personaje hasta ahora secundario. Un letrado de pedigrí que ya había aparecido cuando llegamos al Constitucional. Reitera que llevará el caso a Estrasburgo, y despacha al Tribunal Constitucional con lindezas como “machista” y “pseudotribunal”. Yo me había estudiado bien a Hermida, pero ¿y este tipo? Lo pongo en Google: Ni-co-lás Gon-zá-lez-Cué-llar… y me maravillo. El espejo deformante del Tour no para de retratar fidelignamente a quien se acerca.

Este es el retrato que refleja del abogado a partir de esta entrevista:

Sobre el Constitucional

— Sí, González-Cuéllar afirma que el Constitucional ya no merece ser considerado un verdadero tribunal. Lo califica de “pseudotribunal” y de “oficina de colocación de la Moncloa”.

— Pero… él mismo fue propuesto por el Partido Popular como magistrado a ese “pseudotribunal” en 2021. No fue elegido. Como la zorra no pudo alcanzar las uvas dice que están verdes.

Sobre el amparo

— Sí, el recurso de amparo permite acudir al Constitucional cuando se considera que los tribunales han vulnerado un derecho fundamental. Es la vía que yo usé. “El Tribunal Constitucional usurpa funciones que no le corresponden”, afirma González-Cuéllar. “Es necesario reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para que las resoluciones del Tribunal Supremo no puedan ser objeto de recurso de amparo”.

— Pero… González-Cuéllar es colega de Manuel Marchena, magistrado del Supremo. Escribieron juntos el tomo La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 2015, y le defiende frente a Conde-Pumpido.

En relación a los ERE de Andalucía, González-Cuéllar se alinea con Marchena y el Supremo y advierte a los magistrados del Constitucional de que podrían ser juzgados por prevaricar. Además, critica la cercanía del Constitucional al poder político (siempre que no sea del PP, a tenor de su candidatura en 2021).

Sobre la amnistía a los líderes del procés, el abogado sostiene que, como Conde-Pumpido perdió ante Marchena la Presidencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, ahora actúa por desquite. ¡No como él! Y lamenta que pueda por fin forzar a Marchena a “escribir los renglones torcidos de su capricho legal”.

Ambas posiciones las sostiene en sendas tribunas, en las que también critica el recurso de amparo frente al Supremo. Hay que cercenar ese derecho ciudadano para evitar que Conde-Pumpido o sus secuaces corrijan las sentencias de su amigo, nos viene a decir.

Y adivinad qué. Resulta que Marchena fue el ponente del Supremo que avaló mi condena, la que más tarde anuló el Constitucional. Más munición para González-Cuéllar contra Conde-Pumpido.

Sobre la libertad de prensa

— Sí, González-Cuéllar asegura que se ha “caracterizado por defender el derecho a la información y la libertad de expresión, en definitiva la libertad [sic] prensa”, y que no es “sospechoso de estar en contra de ella”.

— Pero… siempre que no toquen a sus amiguetes. González-Cuéllar ha sido el abogado de José Manuel Soria, que fue presidente del Cabildo de Gran Canaria por el PP y ministro con Mariano Rajoy, en varios pleitos contra el periodista Carlos Sosa y eldiario.es. En el caso Isolux, Sosa fue absuelto y Soria, condenado en costas; en el de sus vacaciones en Punta Cana, el juez dio por probado que el exministro no pagó la suite. Por supuesto, Soria tiene derecho a que le represente quien quiera, pero un abogado que lleva pleitos de todo un ministro contra un periodista que investiga posibles casos de corrupción no puede autoproclamarse defensor de la libertad de prensa, a menos que la hipocresía está servida.

Sobre el machismo

— Sí, González-Cuéllar califica la sentencia del Constitucional como “machista” y “abominable”. Ironiza que “debe ser que como es mujer no importa”, y afirma que se trata de “un episodio de violencia institucional” que “representa la quintaesencia del menosprecio a la dignidad de una mujer agredidas [sic] sexualmente”.

— Pero… es un curioso cortocircuito ideológico. La sentencia que él tacha de machista fue redactada por Laura Díez, magistrada del Constitucional designada por el Gobierno del PSOE. Por otra parte, en 2015 González-Cuéllar participó por partida doble en un episodio de violencia judicial contra Victoria Rosell, candidata de Podemos (y pareja del periodista Sosa): presentó una querella de Soria contra ella y después defendió al juez Salvador Alba, condenado en firme a seis años y medio por manipular una instrucción para perjudicarla. En 2020 Rosell llegó a ser delegada del Gobierno contra la Violencia de Género con el Gobierno de Pedro Sánchez, posición desde la que promovió la ley del “Solo sí es sí”, nacida a raíz del caso de La Manada.

Y ahora González-Cuellar se arroga dignidad moral frente a la “violencia institucional” y demanda a España ante Estrasburgo en nombre de la chica de La Manada.

Cierto es que ninguno de estos “peros” refuta directamente las afirmaciones de González-Cuéllar. Las críticas a la politización del Constitucional o a las resoluciones sobre los ERE y la amnistía son legítimas. Lo que el conjunto sugiere es una posición ideológica cercana al PP en su batallita contra el PSOE y sus socios, acorde con su selección de amigos y enemigos. Y también que los principios universales que dice defender (la libertad de prensa, la independencia judicial, la protección frente a los abusos institucionales) ceden ante sus batallas particulares. El fin justifica los medios.

Todo queda más claro si tenemos en cuenta que González-Cuéllar hizo estas declaraciones a partir de la nota de prensa del Constitucional. Las 43 páginas de la sentencia aún no se habían publicado. Es decir, el abogado lanza sus descalificaciones de forma contundente y combativa sin considerar necesario evaluar las argumentaciones del tribunal. Y anuncia la decisión de acudir a Estrasburgo antes de leer el texto que quiere impugnar.

Esta urgencia, unida a su vocabulario y sus formas, delata cierta visceralidad. ¿De dónde procede esa implicación? Puede que se deba a una inclinación feminista honesta, a tenor de sus alegatos en la entrevista. Tal vez haya visto la luz, y nos lo imaginamos infatigable en la lucha contra la justicia heteropatriarcal. Cuelga la toga y acude a una batukada ecofeminista. Nunca más me llamarán señoro, se promete a sí mismo mientras se balancea al ritmo de la percusión. En el universo de González-Cuéllar como aliado feminista, que la demanda ante Estrasburgo cuestione al Constitucional de Conde-Pumpido en favor de la providencia de Marchena es pura casualidad.

O tal vez su implicación emocional sí responda a un afán de desacreditar al Constitucional de Conde-Pumpido. Esta hipótesis cobra fuerza si, como sugiere lo anterior, sus principios ceden ante sus causas y aparentes intrigas políticas. Y nos conduce frente a la puerta que no queremos atravesar: preguntarnos hasta qué punto la demandante decide y conoce lo que se hace en su nombre. ¿Consultaron Teresa Hermida y González-Cuéllar con ella antes de anunciar públicamente que acudirían a Estrasburgo? ¿Qué información le pudieron dar sobre una sentencia de la que solo habían leído una nota de prensa? Y, si la decisión es de ella, ¿qué peso tiene en su asesoramiento la hostilidad de González-Cuéllar hacia Conde-Pumpido?

No tiraré más del hilo porque conduce a la locura. En cualquier caso, quiero dar las gracias a ambos letrados por su contribución a la escultura social del Tour de La Manada. Los dos han subrayado indirectamente la pertinencia del la obra: Hermida, cuando protesta en su escrito de acusación que las consecuencias psicológicas “se agravan aún más, [sic] con la expectación mediática” (y acto seguido difunde el caso en la prensa); González-Cuéllar cuando califica de “asqueroso” que los medios quieran construir un “Sálvame Violadas”. Gracias a Hermida, el espejo cóncavo del Tour ha revelado no solo el reflejo esperpéntico de la prensa, sino también la hiperrealidad en toda su extensión. Con sus actuaciones, la letrada ha hecho desfilar frente al espejo a una inagotable suma de periodistas, influencers, jueces e instituciones que, pegados a la autorreferencialidad, tejían el simulacro y revelaban cómo las causas nobles son la excusa para las pasiones más bajas. Y ahora, a punto de entrar en su octavo año de ejecución ininterrumpida, González-Cuéllar ha proyectado internacionalmente la obra al obligar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos a reflejarse en el espejo ultrarracional. Casi nada.