El lunes 8 de julio, el Congreso estatal de Baja California aprobó la modificación de la Constitución local para extender el periodo de gubernatura de dos a cinco años, lo que le otorgaría a Jaime Bonilla, gobernador electo, tres años más en el poder. Esta acción violatoria del Estado de derecho y anticonstitucional suscitó las críticas de consejeros electorales, actores políticos de todos los partidos y miembros de la sociedad civil.
Bonilla, candidato de la coalición integrada por Morena, PT, PVEM y Transformemos, se alzó con la victoria en las pasadas elecciones estatales del 2 de junio con 425 mil votos. Con ese resultado, el PAN perdió el poder que mantuvo en el estado por 30 años.
En 2014 se aprobó una reforma electoral que obligó a varios estados a acortar los periodos de gobierno para empatar las elecciones locales con las federales. En Veracruz y Puebla, Miguel Ángel Yunes y Antonio Gali gobernaron de 2016 a 2018. Los candidatos a gobernadores de Baja California sabían que el periodo de gobierno sería solo de dos años. Al momento de registrarse como candidato Jaime Bonilla presentó una impugnación para extender el mandato hasta seis años. El Tribunal de Justicia Electoral del estado falló en su favor y ordenó la inaplicación del octavo transitorio del artículo 44 de la Constitución local que dictaba un mandato de dos años. Pero dicha acción no procedió gracias al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como recordó el consejero electoral Benito Nacif.
El asunto parecía superado hasta que el diputado local de Morena Víctor Morán presentó una iniciativa para extender el mandato del gobernador electo de dos años diez meses a cinco años. Entre las razones, el diputado destacó “satisfacer las necesidades de la ciudadanía”, pues consideró que en dos años no podrían ejecutarse en su totalidad el Plan Estatal de Desarrollo y los Planes regionales, además de que se eliminaría “el gasto extraordinario que conllevaría llevar a cabo elecciones para gobernador en 2021”. De los 25 diputados que integran la Cámara de diputados local, 21 votaron a favor de la reforma, entre ellos la mayoría panista.
Los cabildos de Ensenada, Playas de Rosarito y Tecate aprobaron el decreto. Al tratarse de una reforma constitucional, el gobernador no puede vetarla. Sin embargo, el Congreso local puede solicitar su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Francisco Vega Lamadrid informó que no lo hará pues “Todos estamos comprometidos en atender la voluntad de los ciudadanos expresada el pasado 2 de junio, en la que se votó por una gubernatura por 2 años”. Además, presentará una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revertir la decisión legislativa local, una vez que el Congreso local solicite la publicación de la reforma.
Una de las voces más críticas a la reforma es la de Cuauhtémoc Cárdenas, quien escribió: “Si esta reforma que amplía el mandato de un gobernador no se echa abajo, tanto en la ley como en la práctica, se estaría creando un grave antecedente para nuestra vida republicana y democrática”. La Coparmex también manifestó su desaprobación a la ampliación del mandato y exhortó a los legisladores y al gobierno “a respetar la Carta Magna local” y “la voluntad de los bajacalifornianos, que votaron de manera libre e informada por un candidato por un periodo de dos años”. El PAN expulsará a siete diputados locales, la alcaldesa de Playas de Rosarito y el síndico por votar a favor de la ampliación del mandato y presentará una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN en cuanto se publique la reforma en el diario oficial.
Al interior de Morena también hay un choque de posturas. Por una parte, la presidenta del partido, Yeidckol Polevnsky opinó que la ampliación del mandato obedece a “una petición de la ciudadanía”. En su Twitter comentó: “es una locura hacer una elección cada dos años”. Mientras que Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados, propuso la disolución de poderes en Baja California y calificó a la reforma aprobada por el congreso bajacaliforniano como “gravísima” y “algo insólito”. Aunque la iniciativa cuenta con el apoyo de la senadora del PT, Alejandra del Carmen León Gastélum, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, rechazó que sea viable porque “los tres poderes funcionan”. Monreal señaló que el problema es que los legisladores tomaron una decisión inconstitucional, pero eso no amerita una disolución de poderes.
Mientras tanto, el presidente López Obrador ha permanecido en silencio. A los cuestionamientos de la prensa sobre el tema respondió: “nosotros no intervenimos. […] Nosotros no nos metemos en estos asuntos”.
A pesar de que uno de los argumentos de los defensores de la ampliación de mandato es acatar la voluntad del pueblo bajacaliforniano, una encuesta telefónica realizada a 400 adultos de la entidad reveló que el 54% de los entrevistados está en contra de que el periodo de gobierno de Bonilla se extienda tres años más. Al preguntarles si consideran que esta medida es antidemocrática, 57% respondió que sí. Mientras que 67% prefiere respetar la ley que el supuesto ahorro de recursos. Además, el 15 de julio, un grupo de ciudadanos de Mexicali clausuró la sede del Congreso como un acto de protesta. “No van a tener derecho a ingresar al Congreso por corruptos”, expresó Trinidad Valdovinos, una de las manifestantes. Los legisladores regresarán al recinto el 25 de julio a una sesión extraordinaria, pues ahora se encuentran en un receso.
Pese a que Baja California fue el primer estado en el que hubo transición en el poder, la calidad de la democracia en esa entidad tuvo una disminución el año pasado, de acuerdo con el Índice de Desarrollo Democrático realizado por la Fundación Konrad Adenauer y el INE. El índice evalúa la democracia en cuatro dimensiones: ciudadanía, sociedad, instituciones y economía. En las dos primeras su desarrollo ha sido medio, mientras que en las últimas ha sido bajo. Los motivos son la desconfianza de los ciudadanos en las autoridades y la corrupción gubernamental. Para el consejero electoral Ciro Murayama, Baja California hace treinta años era un “faro en la democratización de México” y hoy es un “contraejemplo de abuso contra el respeto al sufragio y a la legalidad”.
La carrera política de Bonilla está marcada por la controversia. El también empresario ya había ocupado otro cargo de elección popular del año 2000 al 2011, pero en el Distrito de Aguas de Otay, en el condado de San Diego, California. En 2012, fue electo diputado federal al mismo tiempo que contendía una vez más por el cargo de director de Aguas de Otay. En 2018 ganó una curul como senador por Baja California. A los tres meses solicitó una licencia para asumir el cargo de “superdelegado” del gobierno federal, mismo que dejó para contender por la gubernatura. Días después de la elección, Jaime Martínez Veloz, su contendiente por el PRD, impugnó ante el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California la victoria de Bonilla porque violaba disposiciones constitucionales y electorales, al ser ciudadano estadounidense y no contar con residencia efectiva de al menos quince años en la entidad. Hasta el momento, el Tribunal local no se ha pronunciado al respecto.
Las decisiones tomadas por el congreso local son impugnables. El principio de irretroactividad estipulado en el artículo 14 de la Constitución federal impide a los congresos estatales destruir situaciones jurídicas consolidadas. Mientras que el artículo 105 prohíbe modificaciones a las leyes electorales noventa días antes del inicio de los comicios en que vayan a aplicarse. El proceso de renovación de la gubernatura inició el 9 de septiembre de 2018, la modificación llega un año más tarde de lo establecido en la ley. Los inconformes tendrán hasta el 1 de noviembre, fecha en que iniciará su mandato Bonilla, para presentar acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN y para impugnar ante el Tribunal Electoral.
Esta manipulación de la ley encuentra precedentes en un intento de ampliación de mandato que se dio en 1992. Gonzalo Martínez Corbalá, gobernador interino de San Luis Potosí, intentó convertirse en candidato del PRI a la gubernatura del estado al concluir su interinato de 18 meses. En aquel entonces, la oposición frenó los planes del gobernador, quien rechazó la candidatura unas horas antes de rendir protesta como candidato formal. Como recuerda Enrique Krauze, “infringir el principio constitucional e histórico de la ‘no reelección’ es absolutamente inadmisible en cualquier lugar y tiempo”.
No es una buena señal para la democracia que un gobierno que aún no ha sido formalmente instalado influya en la toma de decisiones y desee modificar el marco legal para favorecer sus propios intereses. Pasar por alto los ordenamientos judiciales daña a las instituciones y vulnera al régimen democrático. De acuerdo con Luis Carlos Ugalde: “Si se permite que un Congreso modifique las reglas del juego de forma ex post y con una clara dedicatoria para beneficiar a alguien, se rompen los fundamentos del Estado de derecho: la imparcialidad, la certeza y la objetividad”.
Con investigación de Karla Sánchez.
