Los escándalos por corrupción y el clima de violencia han marcado al sexenio de Enrique Peña Nieto y, como consecuencia inevitable, al proceso electoral.
A raíz de las acusaciones de Ricardo Anaya sobre el supuesto involucramiento de José Antonio Meade en el caso Odebrecht, la coalición Por México al Frente denunció ante la PGR a los funcionarios de gobierno que estuvieron involucrados en la construcción de la planta Etileno XXI, cuyos contratos beneficiaron a Breskam-Idesa, filial de Odebrecht, y que provocaron una pérdida de más de mil 900 millones de pesos a Pemex, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación. La denuncia pide investigar al expresidente Calderón, al presidente Peña, a José Antonio Meade, Luis Videgaray, José Antonio González Anaya, Emilio Lozoya, Carlos Murrieta Cummings y a los calderonistas Bruno Ferrari, Juan José Suárez Coppel y Jordy Herrera.
El PRI defendió a su candidato y la consideró “una acción desesperada” del Frente para desviar la atención de las acusaciones por corrupción en contra Ricardo Anaya. Eduardo Sánchez, vocero de Presidencia, dijo en conferencia de prensa que dicha denuncia pretende obtener votos o captar la atención de los electores, pero que “el gobierno de la República es respetuoso de las tácticas y estrategias que cada candidato asuma para su campaña”.
Por otro lado, una investigación del programa En Punto de Noticieros Televisa reveló que Layda Sansores, senadora con licencia del PT y candidata a la alcaldía de Álvaro Obregón por la coalición Juntos Haremos Historia, facturó a nombre del Senado gastos por 700 mil pesos que no están relacionados con su función legislativa. Entre los objetos facturados hay maquillaje, ropa, alimentos, electrodomésticos, bolsas y juguetes.
La senadora con licencia respondió que los gastos, realizados entre 2016 y 2017, no fueron para ella, sino para las cenas de fin de año de sus trabajadores y donaciones que hizo a caravanas de migrantes y maestros. En un video respondió que las facturas presentadas las pagó con su sueldo y no pidió reembolso al Senado.
De acuerdo con el Catálogo de Servicios Administrativos y de Recursos Financieros, los senadores reciben recursos aparte de su dieta o salario mensual de 223 mil 495.5 pesos, pero estos deben estar destinados a ciertos rubros, como papelería, renta de inmuebles, viáticos y boletos de avión, y por eso se tienen que facturar. Según un reportaje de Milenio, Sansores también cargó al Senado 383 mil pesos en pago a 51 personas que llegaron de Campeche a la Ciudad de México en junio del 2016 para participar en marchas a favor de Andrés Manuel López Obrador.
El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia manifestó su apoyo a la senadora con licencia y consideró que los ataques dirigidos en contra de ella, de José María Rioboó y Javier Jiménez Espriú forman parte de la guerra sucia en su contra.
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La violencia de esta contienda electoral sigue al alza. 300 actores políticos han sufrido ataques y 120 han sido asesinados, como revela el Quinto Informe de Violencia Política, coordinado por Etellekt Consultores. Aún así, se estima que esta cifra aumente antes del 1° de julio.
Según Gerardo Rodríguez, estos números no reflejan la magnitud de la violencia hacia los aspirantes a cargos públicos, pues estos han sufrido secuestros, robos, amenazas e intimidación a familiares y amigos que no han sido registrados por los medios ni por las autoridades.
Los estados que han registrado mayor violencia electoral son Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Estado de México, Chihuahua, Jalisco, Hidalgo, Michoacán, San Luis Potosí y Guanajuato, territorios en disputa entre distintos grupos del crimen organizado, además de bandas dedicadas al robo de combustible. Para Rubén Salazar, director de Etellekt, la impunidad y la debilidad de las instituciones, principalmente a nivel municipal, son los principales incitadores para que se cometan los asesinatos contra políticos: “La violencia se ha convertido en el verdadero instrumento de imposición y de selección de candidaturas”.
Diversos organismos internacionales se han pronunciado ante los altos índices de violencia que desde septiembre de 2017 se han registrado. Durante su visita a nuestro país como observador electoral hace unas semanas, el exsecretario general de la ONU Kofi Annan declaró que “la violencia criminal plantea una amenaza a las instituciones democráticas y a la democracia misma”. En un comunicado, la delegación de la Unión Europea en México y las embajadas de Noruega y Suiza se mostraron preocupadas por el incremento de la violencia en este proceso electoral y realizaron un llamado a las autoridades para que identifiquen y juzguen a los responsables.
Al inicio del proceso electoral, el gobierno federal y el INE presentaron el protocolo de protección personal a los candidatos a la Presidencia de la República, pero no desarrollaron una estrategia de protección para los demás candidatos. Solamente han realizado pronunciamientos condenando las agresiones sin lograr avances en las investigaciones ni ponerle fin a los ataques.
Además del impacto social, la violencia afecta la consolidación de la democracia. Tan solo en Guerrero, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPCG) había registrado hasta el 1 de junio 440 renuncias a las candidaturas a diputados y ayuntamientos. Aunque las razones no se dieron a conocer, la sospecha es que el principal motivo para muchas de estas es el miedo a los grupos criminales que controlan la zona. Los consejeros del IEPCG y del INE se han sumado al rechazo a la violencia, pero no han adelantado qué acciones tomarán sobre las candidaturas abandonadas.
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Hoy a las 19:30 se llevará a cabo el tercer y último debate entre los siete candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Los candidatos darán a conocer sus propuestas sobre Gobierno, Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se podrá seguir a través del canal de Youtube del Instituto Electoral de la Ciudad de México y de los canales de televisión pública.
