Ningún país democrático debería en estos momentos vender armas a Arabia Saudí, y seguramente tampoco a otros países como Rusia o Israel. El mero hecho de no saber si las van a utilizar indiscriminadamente contra civiles es motivo suficiente. Cualquier gobierno debería evitar verse involucrado, aunque sea indirectamente, en atentados contra los derechos humanos. Cuando se toma la decisión de seguir o no negociando la venta de armas con estos países, no se debe realizar ninguna ecuación de coste beneficio entre cosas no equiparables, como pueden ser las vidas de los yemeníes y los puestos de trabajo de los gaditanos. Este tipo de razonamientos equivalen a decir que las vidas de los yemeníes, los sirios o los palestinos nos importan menos que los sueldos y los trabajos de los andaluces.
Por mucho que podamos lamentar la situación de desempleo masiva en Cádiz, en estos momentos la inmensa mayoría de gaditanos tiene muchas más posibilidades de tener vidas dignas y autónomas que los ciudadanos de cualquiera de estos países. El hecho de que las corbetas se vayan a construir igual, pero en otro país, no debería hacernos cambiar de opinión. Ese tipo de razonamientos puramente utilitaristas permiten justificar cualquier relación económica y diplomática con los regímenes totalitarios, y no deberían ser atendidos en sociedades democráticas a menos que concurran casos de extrema necesidad.
Entre nuestros políticos, en la discusión sobre la imposición de un embargo a la venta de armas a Arabia Saudí ha primado la situación de los trabajadores gaditanos. Así, en la Comisión de Defensa del Congreso, según El País, la portavoz gaditana del Partido Popular ha acusado a los grupos políticos que defendían el embargo de “jugar con el pan de la gente de manera irresponsable”. El voto en contra del embargo de armas de esta formación resulta coherente con la política exterior que siguió el gobierno de Mariano Rajoy con el tema de la venta de armas y los refugiados. Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, también gaditano, ha dicho que respetar los derechos humanos es importante, pero que también deben “respetarse los contratos firmados por seguridad jurídica”. Este argumento los ha llevado a la abstención.
El PSOE, que no ha parado de dar vueltas sobre este asunto, ha votado en contra del embargo y ha mostrado su cara más cínica. El gobierno que pretendía devolver la dignidad a la política española, y cuyo presidente llamó indecente a Mariano Rajoy en un debate por los casos de corrupción, ha seguido vendiendo armas a Arabia Saudí y ha votado en consecuencia. Recordemos que la Ministra de Defensa Margarita Robles llegó a anunciar la suspensión de la venta de 400 bombas a Arabia Saudí por temor a que fueran utilizadas en la guerra de Yemen contra la población civil. Pedro Sánchez la desautorizó por “la defensa de los intereses de España y el trabajo de sectores estratégicos situados muchos de ellos en zonas muy afectadas por el drama del desempleo”. Haciendo eco de la llamada a la responsabilidad de la portavoz del Partido Popular, Pedro Sánchez considera que la brutalidad de Arabia Saudí no debe hacer que no “actuemos con responsabilidad”. En el argot de Pedro Sánchez, la responsabilidad equivale a priorizar la diplomacia económica española por encima de los derechos humanos.
La posición del PSOE la resumió Adriana Lastra: “Se le puede pedir al Gobierno que defienda los derechos humanos en todo el mundo, pero sobre todo debemos pedirle que defienda el interés general de España, que no es otro que el de los trabajadores”. Susana Díaz ha sido una de las grandes abanderadas de esta postura “responsable”, junto a los dirigentes anticapitalistas de Unidos Podemos en Andalucía. Así, el alcalde de Cádiz le dijo a Jordi Évole que el contrato de las corbetas con Arabia Saudí era necesario porque significaba trabajo, y que “nos encantaría tener otra carga de trabajo, pero son otros lo que deberían encargarse de buscar otros pedidos”. Esto va en la línea de lo que parece defender Podemos ahora mismo: una inversión pública parecida que sustituya a las corbetas saudíes. En resumen, todo lo que sea necesario para que los trabajadores de Navantia no se vean afectados.
Mientras los debates tenían lugar, en Cádiz ha habido numerosas manifestaciones por la posible pérdida del dinero saudí. Como han publicado diversos medios, las condiciones de trabajo en Navantia son buenas teniendo en cuenta la situación del mercado de trabajo andaluz. Los trabajadores se han mostrado indignados por la posibilidad de que se rompiera el contrato que garantiza sus puestos de trabajo. Según declaraciones de sus representantes, ellos no mezclan la política con el trabajo. Para ellos, “es difícil hablar de Derechos Humanos cuando se tiene el estómago vacío”.
Se calcula que se podrían perder hasta 6.000 puestos de trabajo si el embargo de armas tiene lugar, y eso haría que muchas familias quedaran en situación crítica. Es indudable que la situación de Cádiz no es la deseable en un país desarrollado, y que las decisiones respecto al empleo y las ayudas sociales en Andalucía son de una gran importancia. Sin embargo, la situación en Cádiz no es tan crítica como para justificar cualquier tipo de negocio. La incapacidad de los representantes de los trabajadores gaditanos de analizar las consecuencias de sus actos resulta desoladora.
¿Por qué los trabajadores de Navantia merecen tanta protección y atención? ¿Por qué las demandas de los trabajadores de Navantia merecen más ser atendidas que las de otros sectores de Cádiz que también quedaron mermados tras la crisis económica? ¿Es que los trabajadores de Navantia no son también responsables morales de construir bombas para Arabia Saudí? ¿De verdad la situación en Andalucía es tan crítica como para que nuestros políticos acepten construir armas que puede que sean utilizadas para matar civiles? ¿Por qué todas las fuerzas políticas andaluzas actúan como si no hubiera elección posible al acuerdo con Arabia Saudí? ¿Alguien puede defender moralmente la postura de los sindicatos de los trabajadores en este asunto? ¿Es acaso la situación en Andalucía equiparable a la de Yemen?
La respuesta que demos a estas preguntas es importante para determinar el tipo de sociedad que queremos ser. Si la situación de los trabajadores gaditanos es tan crítica que pende de este negocio con Arabia Saudí, los partidos políticos españoles deberían tomar medidas urgentes en forma de políticas activas de empleo, políticas asistenciales para los casos de extrema necesidad y reorientación de la industria de Cádiz. En ese caso, algunos trabajadores de los astilleros tendrían quizás que aceptar que hay que moverse de la provincia y hacer otro tipo de trabajos que no estén a la altura de sus expectativas laborales y vitales. Esta situación puede ser dramática para sus vidas, y por lo tanto merecen ser tratados con empatía.
Sin embargo, en las circunstancias actuales un trabajador andaluz potencialmente en paro no puede ir nunca delante de un yemení potencialmente bombardeado. Si nuestra empatía es limitada, en estos momentos nuestro deber moral es poner a los españoles casi siempre en un segundo lugar. Un partido político decente, ya fuera liberal, conservador o de izquierdas, trataría las vidas de civiles yemeníes con mayor consideración que los puestos de trabajo de los andaluces. Utilizando la retórica del Partido Popular y del PSOE, lo irresponsable es dejar que una bomba española acabe con la vida de civiles por salvaguardar unos puestos de trabajo.
Javier Padilla (Málaga, 1992) es autor de "A finales de enero. La historia de amor más trágica de la Transición" (Tusquets, 2019), que obtuvo el XXXI Premio Comillas de Historia, Biografía y Memorias.
