Las imágenes del 30 de julio que mostraban a miles de migrantes marroquíes entrando en Ceuta, el enclave español en el norte de África, desataron un frenesí en las redes sociales entre la ultraderecha europea y estadounidense, y en no pocos perfiles relacionados con las derechas variopintas en Latinoamérica. La retórica alarmista y xenófoba también se hizo patente en la opinión pública al interior de la Unión Europea. En un pronunciamiento coordinado por Italia y Dinamarca, 22 líderes comunitarios parecían culpar de la crisis al reciente programa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, para regularizar el estatus migratorio de cerca de 600 mil migrantes indocumentados de un universo de casi 1.2 millones que lo solicitaron.
España es, en efecto, un caso atípico y aislado en el panorama migratorio europeo. Mientras Francia y Alemania han endurecido requisitos de residencia, Irlanda ha restringido el asilo y la reunificación familiar y la propia Giorgia Meloni ha llegado a desplegar buques de la marina para bloquear llegadas, Sánchez es el único jefe de gobierno de un país grande de la UE que defiende la migración no solo como imperativo humanitario sino como estrategia económica deliberada. El programa de regularización, que otorga permisos de residencia renovables a quienes acrediten al menos cinco meses de permanencia ininterrumpida, se suma a una política que el Banco de España considera indispensable: su informe de 2024 calcula que el país necesitará unas 25 millones de llegadas migratorias en las próximas tres décadas para sostener el crecimiento económico y el sistema de pensiones. Aunque hay análisis que sugieren que en términos del Estado de bienestar, no está claro que los impactos de la migración sean sostenibles en el largo plazo, los datos tienden a respaldar en este momento la apuesta de Sánchez y del gobierno en turno: la economía española ha crecido a un ritmo cercano al triple del promedio de toda la eurozona en 2025 y 2026, y estudios del centro de análisis español Funcas y del propio Banco de España atribuyen a la población migrante cerca de la mitad del crecimiento del PIB desde 2022, además de la mayoría de los nuevos empleos creados. Esa prosperidad relativa no ha inmunizado a Sánchez frente al ataque político; si acaso, lo ha convertido en el blanco preferido de una derecha europea que ve en el éxito español una refutación de su propio relato sobre la migración como amenaza existencial.
Si bien no tiene precedentes en su magnitud, no es la primera vez que se produce un incidente de este tipo en la frontera altamente militarizada que separa Marruecos de Ceuta. Considero que los sucesos de la semana pasada, una tragedia humanitaria en la que murieron, según la ONG Caminando Fronteras, al menos 141 personas (el gobierno español reconoce oficialmente 77 fallecidos), presentan todas las características de una diplomacia coercitiva. Parece incontestable que la incursión masiva a Ceuta fue un ataque híbrido organizado por Rabat. No se juntan de la noche a la mañana y espontáneamente 70,000 personas; hay evidencia no solo de que guardias fronterizos marroquíes ofrecieron poca resistencia a la incursión transfronteriza masiva de marroquíes a territorio español, sino que incluso los animaron a cruzar. Hay videos de camiones llevando a los supuestos migrantes a la zona aledaña a donde se dieron los cruces; inclusive, cámaras de seguridad perimetral españolas identificaron a oficiales de inteligencia marroquíes cruzando con los migrantes, seguramente para observar capacidad de reacción y respuesta de las autoridades migratorias, de seguridad pública (Guardia Civil y Policía Nacional) y de defensa españolas. Lo que es más, la inmensa mayoría de los marroquíes, hombres jóvenes sin acompañantes, no llevaban, como suele suceder en flujos normales de migrantes y refugiados, bultos y mochilas con algunas pertenencias. Parecía más un portazo en un evento público o concierto.
Asimismo, los eventos de los últimos días siguieron un patrón conocido. Durante la última década, el gobierno marroquí ha relajado periódicamente el control fronterizo en momentos de tensión diplomática con España, provocando cruces masivos como medio de presión. Es el uso de la migración como arma de presión y chantaje diplomático, tal y como lo hizo Andrés Manuel López Obrador con Joe Biden en 2023 camino a las elecciones presidenciales de Estados Unidos.
La versión oficial –compartida, por lo menos públicamente, por Rabat y Madrid– atribuye el detonante a una lectura errónea que se hizo en redes sociales y que se volvió viral de una sentencia del Tribunal Supremo español del 8 de julio que declaró ilegales las llamadas “devoluciones en caliente” de migrantes llegados por mar, difundida, según el propio Sánchez, por redes de tráfico de personas que hicieron correr el ‘radio pasillo’ de que España había “abierto sus fronteras”. Esa explicación, sin embargo, no resuelve la pregunta central: por qué guardias fronterizos marroquíes, entrenados durante años para contener oleadas de mucho menor tamaño, optaron esta vez por no hacerlo.
Hace cinco años, Europa reconoció esa dinámica de presión migratoria por parte de Rabat. Esta vez, gran parte del debate político se ha centrado en atacar al gobierno de centroizquierda español. Para Sánchez, fue un claro recordatorio de que el giro a la derecha en la Unión Europea lo ha convertido en una figura incómoda y aislada. Giorgia Meloni no es la única líder que ha aprovechado la crisis para presionar por una postura más firme en materia de migración. La ultraderecha xenófoba española olió sangre. Cuando el gobierno destinó 25 millones de euros a atender a los cerca de 1,342 menores registrados en Ceuta –varios cientos de ellos no acompañados y ya víctimas, según organizaciones humanitarias, de agresiones y explotación– el líder de Vox, Santiago Abascal, escribió que “ni un euro de los españoles” debía ir para “ilegales” e “invasores” (la misma retórica y términos que la derecha MAGA en Estados Unidos).
Esta vez la UE se confrontó a sí misma. La disputa entre Roma y Madrid escaló con rapidez de las declaraciones a las medidas concretas. Un día después de la incursión, Italia suspendió unilateralmente la aplicación del espacio Schengen con España e impuso controles de pasaporte a los viajeros procedentes del país ibérico, una medida que Meloni calificó de “extraordinaria” para “salvaguardar la seguridad nacional”. Madrid respondió el 8 de agosto con controles recíprocos a los viajeros italianos, tras dar a Roma un ultimátum de 48 horas para levantar sus restricciones y tratar a los españoles “como a cualquier otro ciudadano europeo”; Meloni contestó que Italia no acepta “ultimátums ni imposiciones” y mantuvo sus controles al menos hasta el 15 de agosto. Lo llamativo es que la disputa carece de lógica funcional: España e Italia no comparten frontera terrestre, por lo que ningún migrante llegado a Ceuta ingresa al espacio Schengen o puede razonablemente llegar a territorio italiano, además de que para ir de Ceuta a España continental hay toda una serie de filtros migratorios previos. Organizaciones de derechos humanos han calificado el episodio de “teatro político”, dirigido menos a resolver un problema real que a proyectar, tanto en Roma como en Madrid, una imagen de firmeza ante electorados cada vez más receptivos al discurso antiinmigración.
Y al igual que lo ocurrido en las campañas presidenciales estadounidenses de 2016, 2020 y sobre todo 2024, el aparato de comunicación ruso se sincronizó con líderes de la extrema derecha europea para generar una reacción unificada contra la inmigración y la UE. Cuentas en distintas plataformas de redes sociales vinculadas al Kremlin y sus medios estatales instrumentalizaron agresivamente la crisis migratoria en Ceuta para amplificar discursos de extrema derecha, avivar la xenofobia y desestabilizar la cohesión política europea. Según investigaciones del grupo de análisis de desinformación 411 y declaraciones oficiales de la Comisión Europea, canales alineados con el Estado ruso, perfiles vinculados al ejército y redes diplomáticas cambiaron drásticamente de estrategia de comunicación y desinformación el mismo 30 de julio para explotar la incursión, presentándola como un ataque a las fronteras europeas. Las redes de desinformación alegaron que Sánchez y las autoridades en Ceuta fueron cómplices activos en la gestación de la crisis, combinando la retórica antiinmigración habitual con teorías conspirativas islamófobas y antisemitas extremas. Para maximizar la discordia geográfica, el contenido se tradujo a siete idiomas y se difundió intensamente a través de una red de más de 1,500 publicaciones, incluyendo ediciones en español de medios como RT. A las pocas horas de la violación de la frontera, estas publicaciones coordinadas acumularon cientos de miles de visualizaciones en los principales segmentos demográficos europeos.
Hay también un eje Washington-Jerusalén-Rabat que no se puede soslayar. El hecho de que el gobierno de Sánchez fuera tomado por sorpresa sugiere cierta complacencia y falta de previsión respecto a las posibles consecuencias de su negativa a permitir el uso de Estados Unidos a sus bases militares en territorio español para operaciones en la guerra con Irán. En los meses previos al aumento de tropas en la frontera, destacados legisladores Republicanos ya habían instado a la administración Trump a tomar represalias, respaldando las reivindicaciones territoriales de Marruecos sobre Ceuta y Melilla, otro enclave español en el norte de África, acicateados por el hecho de que Marruecos ha normalizado relaciones diplomáticas con Israel y que Sánchez ha sido un abierto crítico de las reprobables políticas de Benjamín Netanyahu en Gaza y en Cisjordania. La crisis ofreció una oportunidad inmediata para amplificar ese frente: el representante permanente israelí ante la ONU acusó a España de administrar “enclaves coloniales” en Ceuta y Melilla, mientras el ministro de Seguridad Nacional, el inefable Itamar Ben Gvir, ironizó felicitando a Sánchez por su “profundo compromiso” con la “diversidad humana” e instándolo a abrir sus puertas a los residentes de Gaza. La combinación de este marcado deterioro en las relaciones entre Estados Unidos y España, y la creciente importancia de Marruecos como socio regional para la Casa Blanca, pudo haber envalentonado al régimen marroquí para volver a minar la frontera. La debilidad parlamentaria y política interna de Sánchez, acosado por casos de corrupción, quizá pudo también hacer pensar a Marruecos que este era buen momento para tantear y probar al gobierno español.
Además de las amenazas comerciales, diplomáticas y militares de Donald Trump a España, su administración también ha intervenido de forma más directa en la política interna española en los últimos meses, en abono a la causa de Vox. La ofensiva coordinada de Trump y el amplio universo de MAGA en torno a la crisis de Ceuta también plantea la posibilidad de nuevos intentos por parte de Washington para atacar políticamente a Sánchez, de cara a las elecciones generales españolas del próximo año. Dichos intentos encontrarían un socio dispuesto en Vox, que se ha mantenido al margen de gran parte de la derecha populista europea al mantenerse alineado sin reservas con Trump. Con esta amenaza latente, el presidente del gobierno español también debe gestionar las relaciones con Marruecos tras este último acto de coerción. En lugar de enfrentarse públicamente a Rabat, Sánchez ha priorizado el restablecimiento de la cooperación y la rápida contención de la crisis. La gran mayoría de los aproximadamente 70,000 inmigrantes fueron devueltos a Marruecos en las 24 horas subsecuentes a la incursión.
Sin embargo, este pragmatismo conlleva riesgos evidentes. El último gran enfrentamiento de España con Marruecos en 2022 terminó en una concesión histórica, cuando Sánchez abandonó décadas de neutralidad española sobre el territorio del Sahara Occidental para respaldar el plan de Marruecos de incorporar la antigua colonia española como región autónoma dentro del Estado marroquí, soberanía que de paso Trump ya apoyó públicamente. Los acontecimientos de la semana pasada sugieren que esta estrategia de conciliación española no ha logrado la estabilidad a largo plazo en las relaciones que Madrid buscaba.
Los motivos exactos de Marruecos para actuar ahora siguen siendo objeto de debate. La explicación más plausible reside en la visita de Sánchez a Argel diez días antes para sellar el acercamiento de España con su principal proveedor de gas, Argelia. El país norafricano también es el principal antagonista de Marruecos en torno al Sáhara Occidental y el mayor aliado de la República Árabe Saharaui, el estado proclamado por el Frente Polisario en 1976 en el territorio del Sahara Occidental, para el cual la ONU sigue considerando de iure a España como el país administrador. La crisis de Ceuta fue probablemente un recordatorio por parte del régimen marroquí a Madrid de que cualquier intento de Sánchez por reequilibrar las políticas españolas en el norte de África está sujeto a su influencia sobre los flujos migratorios. También es probable que refleje la ambición a largo plazo de Marruecos de afianzar sus reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla, en un momento en que, cortesía de la guerra de Trump contra Irán y los enfrentamientos militares en el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, el control sobre puntos de comercio y transporte neurálgicos y cuellos de botella marítimos, como el estrecho de Gibraltar, ha adquirido una renovada importancia geopolítica.
Mientras que gran parte de la clase política europea ha actuado con sumisión ante Trump, Sánchez ha sido crítico de las acciones del presidente estadounidense y de su administración, dispuesto a desafiar a Washington no solo en lo referente a Irán, sino también al insistir en la necesidad de crear capacidad de defensa europea propia, acusar a Estados Unidos de abandonar a Ucrania, rechazar el objetivo del aumento al 5% en el gasto en defensa, presionar a la UE para que ponga fin a su acuerdo de asociación con Israel y estrechar lazos con China y los países del mal llamado “sur global”. Esto no refleja tanto un supuesto “radicalismo” de Sánchez como su apuesta de que España tiene más que ganar adaptándose a la nueva geografía del poder económico mundial que aferrándose al antiguo orden atlántico. Ceuta, sin embargo, es un recordatorio potente de que tal apuesta está plagada de peligros. ~
