Brasil es hoy un país en compás de espera. Las elecciones presidenciales están previstas para el 2 y el 30 de octubre, aunque no hay segunda vuelta cuando un candidato obtiene más de la mitad de los votos válidos en la primera. Los principales institutos de investigación señalan como tendencia más probable que, en el primer o en el último domingo del próximo mes, las urnas confirmen al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva como jefe del ejecutivo brasileño a partir del 1 de enero de 2023. Lula ha ido apareciendo con cierta estabilidad en el primer lugar de los sondeos desde que fue anunciado como candidato. En la semana previa a la primera vuelta electoral, su ventaja se ha ensanchado.
Una mirada retrospectiva a los gobiernos del expresidente ayuda a explicar el liderazgo de su candidatura hasta ahora. Lula cumplió dos mandatos presidenciales consecutivos durante ocho años, de 2003 a 2010, y eligió a su sucesora, dejando resultados positivos con una gestión bien valorada por la gran mayoría de la población.
Entre otras muchas medidas, el gobierno de Lula resolvió una deuda exterior centenaria, sacó a millones de brasileños de la miseria y de la pobreza y dejó a toda una generación de niños escolarizados y a jóvenes en las universidades. También fue responsable de una importante reforma de las pensiones, aprobada con mayor rapidez que las llevadas a cabo por otros gobiernos, reduciendo el déficit de las pensiones y demostrando el importante capital político con el que negoció ante un congreso multipartidista y fragmentado.
Se respiraba un ambiente pacíficamente construido entre los sectores del gobierno y de la sociedad, sostenido gracias a una convivencia sin grandes conflictos con las élites económicas y políticas. Es cierto que este escenario también fue impulsado por la administración de su predecesor, Fernando Henrique Cardoso, quien promovió importantes reformas y cambios, creando un ambiente favorable para su sucesor.
Sin embargo, no es solo el recuerdo de su gobierno lo que impulsa la candidatura de Lula. El liderazgo del expresidente en la opinión pública también se debe a la alta desaprobación del actual mandatario, Jair Bolsonaro. Hace cuatro años, Bolsonaro vencía las elecciones al catalizar la indignación y las frustraciones de millones de brasileños por las graves crisis políticas, económicas e institucionales vividas durante los gobiernos de Dilma Rousseff y Michel Temer.
La victoria de Bolsonaro en 2018 sorprendió a muchos analistas. El presidente realizó una campaña en la que enalteció la dictadura militar y la tortura, con un discurso contrario a los movimientos sociales y a las diversas conquistas de los derechos civiles y sociales logradas en los últimos treinta años. También se definió como un outsider de la política, a pesar de sus casi treinta años en el parlamento brasileño.
El discurso contra la corrupción y antisistema de Bolsonaro podría rechazarse con un simple repaso a su vida. Después de pasar por ocho partidos, incluso por algunos de los más implicados en denuncias y condenas por corrupción, desde el año pasado integra su novena agrupación, el Partido Liberal (PL), cuya trayectoria no es diferente.
Por otro lado, el candidato de 2018 que convenció al electorado como si fuera la solución a todos los males brasileños, hoy ya no convence. Su alto nivel de rechazo también es inédito entre los presidentes que han buscado la reelección en Brasil, ya que supera el 50%. Al fin y al cabo, el balance de cuatro años de gobierno incluye casi 700 mil muertos por covid-19 y un presidente orgulloso de declararse el único no vacunado en el G20; el regreso de Brasil al mapa del hambre; el aumento del número de brasileños que viven en la pobreza, la miseria o la indigencia en las grandes ciudades, la vertiginosa tasa de informalidad, la mayor inflación en casi dos décadas, la aceleración de la deforestación del Amazonas y, por si fuera poco, el discurso presidencial más autoritario desde la redemocratización del país en 1985.
Por fin, la sociedad civil, partidos, líderes e instituciones sociales han aumentado la presión contra Bolsonaro. Aunque un poco tarde, una parte importante de la sociedad ha comenzado a responder recientemente a las amenazas casi diarias de golpe de estado que llegan desde Brasilia por parte del presidente, sus hijos y sus aliados ministeriales, con o sin uniforme.
En agosto, un gran evento reunió a diferentes grupos de decisión de la sociedad para leer una carta en defensa de la democracia y del Estado de derecho. El Tribunal Supremo Federal (STF, por sus siglas en portugués) ha intensificado su reacción a los discursos antidemocráticos del presidente, además de organizarse para frenar los intentos de subvertir el Estado de derecho. Estas son, por lo tanto, las principales fuerzas que pueden allanar el camino para que el expresidente Lula vuelva a subir la rampa del Palacio del Planalto. La mayoría de los brasileños quieren la democracia.
Bolsonaro siempre ha estado por detrás de Lula en las encuestas, incluso en la carrera electoral de 2018, cuando el expresidente fue detenido y no logró transferir todos sus votos a su candidato sustituto del Partido de los Trabajadores (PT), Fernando Haddad, ahora favorito en la elección estatal concurrente para el gobierno de São Paulo. Incluso con la autorización de gastos extraordinarios en los últimos meses de su mandato, contraria al discurso liberal de su gobierno, Bolsonaro se enfrenta a enormes dificultades para revertir esta situación. Esa ha sido la razón obvia de su creciente prédica contra las encuestas y las urnas que tantas veces lo eligieron.
La revista británica The Economist tiene razón al decir que, gane o pierda, Bolsonaro es una amenaza para la democracia. Si gana, puede redoblar sus ataques al Estado democrático de derecho. Si pierde, puede encender a sus partidarios armados alegando fraude electoral, con una estrategia similar a la que, en una democracia con instituciones más estables, hizo posible que Donald Trump conservara, si no el poder, al menos el dominio de la oposición.
El sistema de voto electrónico adoptado en Brasil desde 1996 nunca ha tenido evidencias de fraude, que eran recurrentes y manifiestas en las sucesivas versiones del anterior sistema basado en papel. La tecnología, desarrollada en el país y desde entonces sometida a continuas pruebas con la participación de todos los partidos y de diversas instituciones independientes, incrementó la participación de votantes analfabetos en la elección de los parlamentarios, debido a que en lugar de tener que escribir a mano los nombres y números de los candidatos, podían teclear cinco dígitos y confirmar después las fotos que aparecían en la pantalla de la urna. Las urnas electrónicas garantizaron, por fin, la alternancia en el poder entre partidos rivales, al menos hasta la elección de un notorio defensor de una dictadura en la que los presidentes militares no elegidos se turnaron durante dos décadas.
Las preocupaciones están bien fundadas y persisten. Por eso es importante que los resultados electorales sean defendidos por las mayorías más allá de las urnas, dentro y fuera de Brasil, en las calles y en las instituciones que puedan verse presionadas a aceptar un golpe de estado mal disimulado. Después de más de tres décadas de estabilidad democrática, los últimos años han demostrado que dicha estabilidad también tiene debilidades y que la democracia, aunque apoyada por la mayoría, sigue enfrentándose a poderosos saboteadores. También ha sido evidente que la dictadura conserva la simpatía, o al menos la falta de rechazo, de una parte considerable de la población. Lo bueno de esta historia es que hoy lo vemos con más claridad.
Corresponde a la sociedad brasileña estar atenta y exigir el respeto de sus derechos en este momento tan delicado. Más que una elección entre programas de gobierno para los próximos cuatro años, las elecciones de 2022 en Brasil serán decisivas para la posibilidad de elegir en el futuro. Una vez que hayamos apartado a los que no apoyan la democracia, tendremos muchos años por delante para abrir el debate sobre las agendas políticas.
Traducción del portugués de Ana María García Iglesias.
Científica política del Instituto de Estudios Avanzados IEA/USP, investigadora del DOXA, Laboratorio de Estudios Electorales, de Comunicación política y Opinión Pública del Instituto de Estudios Sociales y Políticos (IESP) de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, y del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre la Desigualdad (NIED) de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ).
