Donald Trump ordenó la captura de Nicolás Maduro y las fuerzas especiales estadounidenses ejecutaron la operación con sorprendente eficacia, llevándose al dictador venezolano a suelo norteamericano tras neutralizar las defensas del país caribeño y dejando unos cuantos cadáveres por el camino –muchos de ellos pertenecientes a una guardia de corps de origen cubano– para perplejidad del mundo entero. Desde entonces, la esfera pública ha sido un hervidero: no hablamos de otra cosa. Nos preguntamos si es legítimo –legal sabemos que no es– derrocar por la fuerza a un dictador; discutimos sobre derecho internacional y soberanía nacional. Y especulamos sobre el destino de la propia Venezuela, donde el cambio de régimen está lejos de garantizarse; las comparecencias de Trump no ayudan demasiado a hacerse una idea cabal de la situación. El magnate ha avalado a Delcy Rodríguez como presidenta encargada de ejecutar las órdenes de la administración norteamericana con vistas a transitar hacia no se sabe bien dónde y ha afirmado que el derrocamiento de Maduro –sobre quien pesan cargos por narcotráfico– debe servir ante todo a los intereses de unos Estados Unidos dispuestos a gobernar a la vieja usanza su patio trasero: Trump lanzó veladas amenazas a Colombia y México, piensa que Cuba puede caer ahora que ha perdido a un aliado y ha reiterado que desea anexionarse Groenlandia. Ni que decir tiene que la sorprendente captura de Maduro ha sacudido al populoso exilio venezolano y se discute con especial ahínco en nuestro país, donde el apoyo de parte de la izquierda al denominado “socialismo del siglo XXI” concebido en su momento por Hugo Chávez viene de lejos y ha llenado los bolsillos del más pintado. Para aclarar el significado y las implicaciones de tan singular acontecimiento, formulo a continuación diez tesis o argumentos de carácter –inevitablemente– provisional.

1. El parque humano experimenta en la actualidad una regresión hacia el primitivismo político que contrasta con la sofisticación creciente de su aparato tecnológico. Todos los países democráticos que se han deslizado hacia formas degeneradas de la democracia liberal presentan una constante: el poder se ha hecho más personalista y el hombre fuerte de turno concentra una capacidad de decisión que se aleja cada vez más del principio del gobierno limitado y no digamos del colegiado. Es el caso de la Hungría de Orban, de la Turquía de Erdogan, de la España de Sánchez; siendo mérito peculiar de este último que ha logrado sus fines sin obtener ni una sola mayoría absoluta. Y es el caso, obviamente, de los Estados Unidos de Donald Trump, donde se ha rescatado la doctrina del “ejecutivo unitario” para defender la concentración del poder en manos del presidente electo. Ninguno de estos países ha dejado por completo de ser una democracia, si bien ninguno de ellos puede considerarse ya una democracia plena. Más allá de matices constitucionales, lo que llama la atención en todos ellos es la influencia que sobre el destino de una sociedad puede tener la persona a la que se ha encomendado el gobierno: millones de personas sufren así las decisiones audaces que adoptan sujetos empeñados en dejar huella, pese a que no gozan sobre el papel de un poder omnímodo y están formalmente constreñidos por las leyes, además de ser examinados por el tribunal de la opinión pública y vigilados por los mercados. Mientras soñamos con la Inteligencia Artificial General y los vehículos sin conductor transportan a millones de personas, la dirección de un puñado de sociedades democráticas se somete con inquietante facilidad a la voluntad de un solo hombre: abundan los putos amos que hacen y deshacen sin que nadie sea capaz de detenerlos.

2. Pese a su aparente simplismo, la teoría del «gran hombre» como motor de la Historia gana credibilidad a ojos vista, manifestándose como una farsa hegeliana en la que el Espíritu Absoluto se repliega ante la vuelta de lo reprimido. Fue Thomas Carlyle quien formuló de manera explícita la teoría del gran hombre; lo hizo en ese siglo XIX caracterizado por el progreso tecnológico, las revoluciones liberales y el colonialismo europeo. A su juicio, son los individuos excepcionales de naturaleza heroica los que dan forma a la historia e influyen sobre los acontecimientos; su tesis contrasta con la que atribuye ese papel a los movimientos colectivos, las fuerzas sociales o las propias ideas. Si hay cambio, dice Carlyle, es gracias a individuos como Julio César, Napoleón o Lincoln. Podemos añadir a Lenin o Mussolini: todos ellos son distintos al resto y lo demuestran por medio de la acción. Y aunque la filosofía de la historia de Hegel –que tanto influyó sobre Marx– se expresa en términos abstractos como el proceso racional mediante el que el Espíritu Absoluto (la razón humana) se despliega con un movimiento dialéctico (de la tesis a la antítesis y de ahí a la síntesis), el susodicho Espíritu Absoluto también necesita de facilitadores mundanos; igual que la revolución proletaria era inevitable y sin embargo precisaba de la vanguardia comunista para llegar a buen puerto. Esos facilitadores hegelianos son los “individuos históricos” o “grandes hombres” que realizan las necesidades de la Razón incluso si actúan con arreglo a pasiones e intereses particulares: motores con frecuencia inconscientes de la historia universal, hacen posible un progreso social que se acelera en tiempos de desdicha; recordemos que Sánchez Ferlosio le estremecía aquella declaración de Hegel según la cual “las épocas de felicidad son páginas en blanco en el libro de la Historia”. Pues bien: si Donald Trump es un individuo histórico, sus acciones no parecen realizar los fines de la libertad humana; su desnuda afirmación de los intereses nacionales estadounidenses remite más bien a un estadio pre-ilustrado donde solo cuenta la fuerza bruta de la cada cual dispone. Queda abierta la pregunta acerca de si su egoísmo puede conducir de manera imprevista a resultados positivos: entendiendo por tales a la manera del utilitarismo una situación que sea mejor que la precedente para una mayoría de venezolanos. Y es que Trump podría ser simultáneamente un hombre providencial para los venezolanos y un agente regresivo para los demás; es pronto para decirlo.

3. Aunque el Derecho Internacional es una ficción necesaria, el Derecho Internacional no puede convertirse en el último refugio de los tiranos; que nunca haya existido un orden mundial basado en el cumplimiento coercitivo de las reglas no suprime la utilidad de un orden mundial basado en su cumplimiento voluntario. Buena parte de la discusión que ha seguido al derrocamiento de Maduro se ha centrado en la utilidad del Derecho Internacional y en la vigencia de un orden mundial basado en reglas: hablamos de la Doctrina Monroe y de las esferas de influencia como si se tratara de un pasado remoto que vuelve para sustituir a un orden liberal que se conforma durante la Guerra Fría y se consolida con el fin del comunismo. Establecemos así una oposición voluntarista entre dos idealizaciones simplistas: de un lado, el imperio del más fuerte en ausencia de cualquier norma; del otro, el completo sometimiento al Derecho de todos los actores internacionales. Pero ni la fuerza ha dejado nunca de contar en la escena mundial, donde apenas hay ejemplos de renuncia voluntaria a los intereses propios, ni las relaciones internacionales se han desarrollado jamás en el vacío jurídico: del derecho de gentes a la doctrina de la guerra justa, pasando por las convenciones relativas al tratamiento de los prisioneros de guerra o los tratados que desde antiguo han sellado victorias y derrotas, las reglas siempre han orientado la acción de Estados e individuos y proporcionan estándares morales con arreglo a los cuales juzgar las desviaciones en las que incurren unos y otros. Nunca ha existido, ciertamente, un Estado global capaz de exigir el cumplimiento de esas reglas; su violación ha quedado con frecuencia sin castigo y la inutilidad de la ONU en este terreno ha quedado ya demostrada: cada día que pasa se le pone más cara de Sociedad de Naciones. De ahí que no pueda trazarse un paralelismo convincente con el orden jurídico nacional, donde la policía se presenta en tu casa y un juez puede enviarte a la cárcel. Deducir de ahí que estaríamos mejor si no existiera el Derecho Internacional, pues no habría ya lugar para la hipocresía, es ir demasiado lejos: incluso cuando están lejos de cumplirse, las normas proporcionan un ideal regulativo hacia el que orientarnos. Tendría poco sentido, sin embargo, invocar el “orden liberal basado en reglas” de tal manera que se acabe defendiendo el derecho de una dictadura a seguir siéndolo: ni tanto, ni tan poco.

4. Mantienen plena vigencia los términos en los que Immanuel Kant planteó el problema de la paz perpetua –que es también el problema de la guerra interminable– allá por 1795. Recordemos que Kant parte de la constatación –más hobbesiana que rousseauniana– de que la paz no es el estado natural entre los seres humanos, pues estos propenden más bien a un estado latente de guerra que se traduce en una sensación de amenaza constante; el estado de paz debe ser instaurado mediante un esfuerzo consciente. Ya que la ausencia de guerra es un imperativo racional: la conclusión lógica que se deduce cuando nos planteamos la disyuntiva entre paz y guerra. Para superar el estado de naturaleza que rige entre unos Estados que mantienen entre sí relaciones recíprocas, es necesario crear un “Estado de pueblos” que abarque a todas las naciones y conduzca gradualmente a una forma avanzada de cosmopolitismo. Mientras tanto, el derecho de gentes constituye un sucedáneo temporal carente de eficacia, pues nadie está en condiciones de garantizar su cumplimiento. Atención: el filósofo admite la licitud de la guerra preventiva en caso de peligro o amenaza al equilibrio existente; lo que bajo ningún concepto puede aceptarse moralmente es una guerra de exterminio o dominación. Y aunque Kant duda que pueda llegar a alcanzarse la paz perpetua mediante la realización del Estado universal, defiende la necesidad de que nos aproximemos a ella a través de la asociación voluntaria de los Estados empeñados en alcanzarla. Kant confía en el “plan oculto de la Naturaleza” y espera que la armonía termine por imponerse incluso contra la voluntad de los hombres, en la medida en que sus violentos antagonismos pueden despertar en ellos el deseo de una concordia jurídicamente organizada. Ahora bien: “la constitución civil en cada Estado debe ser republicana”, o sea basada en el gobierno representativo y la separación de poderes, para que la paz perpetua sea posible. Es decir: solo entre unas democracias que se mantengan fieles a sí mismas puede alcanzarse la concordia. Kant razona del siguiente modo: “Si, como no puede ser de otra manera en esta constitución [republicana], se requiere el consentimiento de los ciudadanos para decidir si debe haber guerra o no, nada es más natural que estos se pensaran muy mucho comenzar un juego tan maligno, puesto que ellos tendrían que decidir todos los sufrimientos de la guerra que les caerían sobre sí mismos”. Pero ¿habría combatido Estados Unidos a la Alemania nazi si la decisión se hubiera sometido a referéndum popular? ¿Se mostrarían de acuerdo los ciudadanos de las democracias occidentales con la aplicación del artículo 5 del Tratado de la OTAN si Trump manda tropas a Groenlandia? Parece que la paz no solo requiere “constituciones republicanas”, sino asimismo de repúblicas que estén a la altura de sus ideales. Y aun quedará por responder la pregunta sobre qué debe hacerse con aquellos Estados que no son democracias, incluidos aquellos –como Venezuela– que empiezan por serlo y se convierten en dictaduras.

5. En la trayectoria de la soberanía conviven una creciente democratización interna y la afirmación de una inviolabilidad exterior cuyo origen se remonta a la Paz de Westfalia de 1648, de donde se sigue que invocar la soberanía como freno a cualquier injerencia exterior entra en contradicción con la apelación a principios morales de vocación universalista. Para la mayor parte de los comentaristas, incluidos no pocos liberales, los Estados Unidos han violado ilegítimamente la soberanía de Venezuela y sentado con ello un precedente ominoso para la estabilidad internacional. Michael Ignatieff ha escrito en un artículo publicado en esta revista que “un mundo en el que se derrumba la norma de la soberanía es un mundo que conviene a los depredadores”, lo que puede resultar chocante si pensamos en aquellos Estados “soberanos” donde se vulneran los derechos humanos y se priva a los súbditos de la posibilidad de convertirse en ciudadanos. Pero Ignatieff se está refiriendo a “los depredadores que promueven las esferas de influencia” y prometen un mundo estable en el que no tienen cabida “las reclamaciones morales universalistas como los derechos humanos que justifiquen la intromisión en los asuntos de los depredadores”. En esa liga ominosa jugarían Putin o el propio Trump, que como se ha dicho justifica la detención de Maduro como un paso adelante para la realización de los intereses norteamericanos. Pero no estaríamos diciendo lo mismo si Trump hubiera hablado el lenguaje de la democracia y los derechos humanos, ciertamente incompatible con su personaje; ni siquiera si hubiera eliminado a la cúpula chavista y propusiera celebrar elecciones democráticas mañana mismo. ¿O sí? El asunto es peliagudo. Si bien la soberanía se describe en la obra pionera de Jean Bodin como “el poder absoluto y perpetuo de una república” tal como es detentado por el monarca, quien pese a su cualidad “absolutista” se encuentra sujeto a “las leyes de Dios y de la naturaleza y a ciertas leyes humanas comunes a todos los pueblos”, pronto empezará a ser soberanía compartida con el Parlamento –Revolución Gloriosa de 1688 en Inglaterra– y terminará por asociarse al nuevo entendimiento del poder político como consentido por el pueblo. Hablamos ya de una soberanía transferida de abajo a arriba (incluso en Hobbes) que el monarca (primero) y los gobiernos representativos (más tarde) ejercen de manera condicional. Es el contrato social: una cosa es poseer la soberanía y otra distinta ejercitarla con arreglo a unos presupuestos que, andando el tiempo, serán liberal-democráticos; en esa misma línea y como es sabido, Sieyés distinguirá entre poder constituyente y poder constituido. En el Estado constitucional, por su parte, la soberanía se ejerce cuando se hace la constitución y después permanece latente, dejando paso a los poderes estatales que ejercen sus respectivas competencias: como ha explicado Manuel Toscano, no hay soberano en el Estado Constitucional. Hacia el exterior, en cambio, la soberanía sigue entendiéndose como el control inviolable del propio territorio y su correspondiente orden jurídico, pese a que organizaciones supranacionales como la UE o los propios tratados internacionales afectan a ese orden interior. Dieter Grimm extrae de ahí una conclusión optimista: “La función más importante de la soberanía hoy reside en la protección de la autodeterminación democrática de una sociedad políticamente unida en relación con el orden que mejor le convenga” (la cursiva es mía). Pero ¿qué pasa si un Estado no es democrático o ha dejado de serlo? Para Kant, la injerencia de potencias extranjeras es siempre “una violación de los derechos de un pueblo que solo está luchando con una enfermedad interna y que no depende de ningún otro Estado, es decir, esa injerencia sería por sí misma un escándalo y haría insegura la autonomía de todos los Estados”. Y eso andamos diciendo estos días. Pero ¿es siempre el caso?

6. La enfermedad interna que padecen las sociedades sometidas a un gobierno dictatorial no siempre puede ser curada por ellas mismas dentro de un plazo razonable, lo que suscita incómodas preguntas acerca de la posible bondad de una injerencia exterior. Mucho hemos discurrido estos años acerca de cómo mueren las democracias; sobre cómo mueren las dictaduras, en cambio, se ha hablado poco. Sí lo hemos hecho en España, donde las bondades de la transición a la democracia han sido cuestionadas por los revisionistas del extremismo político; incluso nuestros socialdemócratas han aprobado leyes de memoria en las que se difuminan las fronteras entre franquismo y democracia y se cuestiona la oposición moral entre distintas “violencias”. En cualquier caso, nunca ha dejado de sonar entre nosotros el lamento por la actitud de los aliados al final de la II Guerra Mundial: ¡ojalá hubieran liberado a España de Franco igual que liberaron a Alemania de Hitler y a Italia de Mussolini! La risa, claro, va por barrios: quienes así razonan lamentan el derrocamiento de Maduro y no quisieran ver a los cubanos decidiendo libremente su destino. Afecciones ideológicas al margen, el problema que plantea el final de las dictaduras –que es por definición el comienzo de la democracia– no se deja resolver fácilmente. Ya se ha visto que la premisa kantiana es que nadie puede intervenir: quien así actúa está “violando los derechos” del pueblo que lucha contra la dictadura. Kant es coherente con su propia doctrina: aunque simpatizó con la Revolución Francesa, abjuraba del uso de la violencia y estaba convencido de que la persuasión terminaría doblegando al soberano absolutista, siempre y cuando este permitiese que los filósofos dejasen oír su voz a través de la palabra escrita. Bien sabemos que eso no siempre es posible, pues el funcionamiento las dictaduras no siempre encaja con nuestros modelos teóricos: sacamos a colación a Étienne de La Boétie y su famosa servidumbre voluntaria, aludimos al conformismo de las masas, recalcamos la capacidad del poder para adoctrinar ideológicamente a una población sometida “orwellianamente” al relato oficial. Y mucho de eso hay, sin duda. Pero la desnuda coerción juega un papel determinante; a una dictadura puede bastarle con torturar a los activistas mientras garantiza el beneficio personal de su élite militar y política. ¿Quién puede culpar al súbdito de a pie que rehúsa convertirse en un mártir? Ni siquiera hace falta que la dictadura genere prosperidad material: ahí tenemos a Cuba y Corea del Norte para demostrarlo. Así las cosas, si una potencia exterior facilitase la transición a la democracia sin pedir nada a cambio, ¿habríamos de rechazarlo solo porque ello implica una vulneración de la soberanía? Si celebrásemos un referéndum global en el que se preguntase por la bondad de semejante injerencia, que por supuesto tiene carácter ideal debido a las dificultades que comporta cualquier injerencia de esta clase, ¿qué resultado obtendríamos? Kant sostiene que la simpatía con que la mayoría de los europeos contempló el estallido de la Revolución Francesa era demostración suficiente del progreso moral de la humanidad. Traigamos el razonamiento a nuestro presente: si una mayoría de los habitantes del planeta vieran con simpatía el derrocamiento de Maduro, aunque ello sea compatible con un sentimiento de antipatía hacia Donald Trump, ¿hemos de hablar de una involución moral de la humanidad o de todo lo contrario?

7. Aunque la soberanía estatal puede ser válidamente invocada como freno a la injerencia exterior por razones de orden pragmático, hay algo contradictorio en hacerlo allí donde gobierna un tirano que ha vaciado la soberanía popular –o nacional– de sus contenidos democráticos: la historia demuestra que la prohibición de injerencia no es, ni puede ser, absoluta e incondicionada. El argumento según el cual la soberanía estatal es inviolable tiene una base pragmática: el desorden internacional sería inevitable si se reconociese algo así como una obligación –o posibilidad– de injerencia por razones democráticas. Porque sería imposible constatar en la práctica el cumplimiento de las condiciones que habrían de satisfacerse para que semejante intervención gozase de legitimidad, entre ellas la ausencia de intereses particulares o motivaciones espurias por parte de quienes anunciasen su intención de llevarla a cabo. Imaginemos, no obstante, que todos los países del mundo se hubieran convertido en democracias impecables, salvo uno solo de ellos: uno donde un tirano sometiese a su población a una dominación cruenta. ¿Seguiríamos invocando el principio general de no injerencia? Cuesta imaginarlo. Y ello prueba justamente que el orden westfaliano sirve ante todo a fines pragmáticos: como evitación del desorden. De ahí no se sigue que la norma histórica haya sido la no intervención; es solo que la mayor parte de las injerencias han obedecido a la defensa del interés particular de quien la perpetraba. En el caso de los Estados Unidos, hablamos de un país de dimensiones continentales que ha sabido ocultar su vocación imperial –del Oeste americano a Filipinas– mediante una retórica en la que jugaban un papel central la libertad y la democracia. Sucede que eso no le ha impedido cumplir una función histórica positiva en el marco truculento de las dos guerras mundiales y la larga Guerra Fría: ha habido peores gendarmes. Digamos entonces que proclamar un hipotético principio de injerencia legítima sería contraproducente, pero que no hemos de tener miedo a hacer excepciones allí donde concurran las debidas circunstancias: recordemos que se bombardeó Yugoslavia sin mandato de la OTAN o que nadie movió un dedo para detener el atroz genocidio de Ruanda. ¿Y acaso no hubiera sido buena idea detener a Hitler antes de que invadiese media Europa, incluso si con ello se violaba el Derecho Internacional? En esta materia, hay que atender al caso concreto: la rigidez de los principios contrasta con la elasticidad de las circunstancias.

8. La era del intervencionismo liberal propiamente dicho fue breve y terminó hace tiempo, porque las condiciones históricas bajo las cuales se formularon sus principios desaparecieron a comienzos de este siglo. Todos leímos, hace años, a David Held: cuando cayó el Muro de Berlín soñamos con un “gobierno cosmopolita” que reuniese a las democracias de todo el mundo bajo una estructura cooperativa que tarde o temprano merecería el nombre de “democracia cosmopolita”. Rusia se convertiría en una democracia funcional y China no podría resistir la presión popular; la Historia se había terminado e iríamos convergiendo bajo el marco liberal-democrático. Es durante ese ilusorio paréntesis histórico donde se ubica la práctica del intervencionismo liberal en sentido fuerte: una política exterior de los países democráticos que perseguía intervenir militarmente en otros Estados soberanos con el fin de promover valores liberales. Su premisa era la creencia en la inevitabilidad de la democratización universal: también aquí podía darse un empujoncito a la historia para que llegase antes. Ya he mencionado el bombardeo de Yugoslavia en 1999; antes tuvo lugar la intervención en Bosnia, esta sí con mandato de la ONU, entre 1992 y 1995. Súmense la Operación Defender la Democracia, que una coalición liderada por Estados Unidos llevó a cabo en Haití entre 1994 y 1995, así como la mucho más problemática batalla de Mogadiscio de octubre de 1993, donde 19 soldados norteamericanos perdieron la vida. Luego ya vino el atentado contra las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001 y el intervencionismo liberal se fue al traste: Afganistán fue invadido con intenciones punitivas que nada tenían ya que ver con la promoción de los valores liberales y la invasión de Iraq se llevó a cabo bajo presupuestos mendaces. Tanto en este último caso como en los de Libia y Siria, ciertamente, las potencias occidentales se las apañaron para eliminar a tiranos sanguinarios; si el precio a pagar mereció la pena, no es fácil saberlo. Sea como fuere, hemos dejado de creer que la democracia liberal sea el destino manifiesto de la humanidad y el intervencionismo liberal ha perdido con ello su razón de ser; lo que quedan son operaciones regionales que tratan de evitar el desorden, especialmente cuando el desorden puede terminar afectando a los países occidentales. Y ahí tenemos a Rusia, que ha pasado de proyecto democrático a proyecto imperialista: el dinero que las democracias se gastan en contener su avance en Ucrania tiene un carácter eminentemente defensivo. No es algo que deba sorprendernos a estas alturas: ¿acaso podrían unas democracias que en algunos casos se han vuelto iliberales sostener una forma liberal de intervencionismo?

9. La intervención de Trump en Venezuela constituye así una forma de intervencionismo iliberal asentado sobre la supremacía militar y económica de los Estados Unidos, sin que de ahí se siga necesariamente que el resultado neto de este sorprendente episodio haya de ser negativo para los venezolanos. No faltan quienes invocan a Carl Schmitt como el pensador hacia el que volver nuestra mirada a la hora de entender las motivaciones de los Estados Unidos de Donald Trump; Juan Luis Manfredi lo ha hecho en una lúcida tribuna publicada en El Mundo. Recordemos que para Schmitt la soberanía reemerge en tiempos de excepción: «Soberano es quien decide sobre el estado de excepción». Pero Schmitt también dice que la soberanía es el «poder supremo y originario de mandar», lamentando que el Derecho que es propio del Estado liberal suprima esa concepción de la soberanía. Parece que eso es lo que ha hecho Trump: mandar. No es la primera vez que los Estados Unidos hacen algo parecido; Josu de Miguel ha recordado el precedente que supone –uno entre muchos– el secuestro del General Noriega en el Panamá de 1989. Nos encontramos ante una forma iliberal de intervencionismo: no se persigue el fomento de los valores democráticos, sino la realización de los intereses de una nación con tendencias imperialistas o de un imperio –dicho sea en sentido lato– de base nacional. Y se interviene dentro de la “esfera de influencia” de la potencia norteamericana, si bien la definición de los contornos de esta última queda al albur de un dirigente imprevisible que parece abrazar con fervor la idea de la república imperial que tanto se discutió –espejo lejano de Roma– en los años 50 y 60. Bajo ese mismo principio, por cierto, Stalin se apropió en Yalta de media Europa ante un Roosevelt moribundo y un Churchill despistado: el “orden liberal basado en reglas” invocado estos días con nostalgia nació severamente amputado. Y fue durante la Guerra Fría que los norteamericanos asumieron las lecciones impartidas por las dos guerras mundiales en que tomaron parte, asegurándose una supremacía militar –a fuer de  económica y tecnológica– que hoy permite a su presidente hacer y deshacer a su antojo. Mientras los Estados Unidos proporcionaban un paraguas defensivo a sus aliados de la OTAN, los europeos financiábamos nuestro Estado de Bienestar y con ello perdíamos cualquier autonomía estratégica: el éxito de la UE tiene su contrapartida en una servidumbre que hoy se expresa en la inanidad de los comunicados oficiales ante las barrabasadas de Trump. En pocas palabras: a los europeos nos llega la factura a pagar por no pagar la factura. Para los venezolanos, en fin, la incertidumbre es completa: nadie sabe si la caída de Maduro puede o no conducir a la restauración de la democracia. Ahora mismo, la situación para los venezolanos solo es ligeramente mejor que la precedente: uno de los máximos responsables de su desdicha ha salido de escena y aguarda juicio en Nueva York. Admitamos que es poco o muy poco; hay que esperar mucho todavía para saber si vendrán alegrías mayores o si todos saldremos perdiendo y sin nada a lo que agarrarnos.

10. La promesa de reflotar la industria petrolera venezolana asesta un golpe suplementario a la transición energética global, relegando el cambio climático a la cola de las prioridades del hegemón norteamericano. Donald Trump ha justificado la intervención militar apelando a las reservas petrolíferas de Venezuela, que se calcula son las primeras del mundo, prometiendo inversiones millonarias que devolverán a la sociedad venezolana al camino de la prosperidad y cortando de paso el flujo de petróleo barato que llegaba hasta la vecina Cuba; de acuerdo con los cálculos de Trump y sus asesores, eso podría asestar un golpe de gracia al régimen comunista. Se trata de una ironía cruel: tras dos décadas de honda preocupación por el cambio climático y mientras la Unión Europea se las ve y se las desea para desarrollar una política climática que no merme su competitividad, los mismos Estados Unidos que bordean la autosuficiencia energética –gracias al fracking– quieren explotar en beneficio propio el crudo de los venezolanos, ignorando cualquier protesta climática y pasando por alto el hecho de que China sigue liderando –sin dejar de emitir CO2– el desarrollo de las nuevas tecnologías verdes. Drill, baby, drill: la Doctrina Monroe no es así la única psicofonía decimonónica que llega estos días hasta nosotros.