El dictamen inicial de causa de muerte fue un golpe en la cabeza. Tras meses de angustiosa búsqueda, por fin los padres encontraron a su hija. Su nombre era Ximena. La última vez que habían sabido de ella estaba embarazada, vivía con su novio y estudiaba enfermería. Poco después de felicitarla, el 10 de mayo del 2018, Erika Aranda y Juan David Sánchez, padres de Ximena, dejaron de saber de ella. Su novio les informó que había abandonado el domicilio común sin dar explicaciones. Al matrimonio Sánchez Aranda no le fue permitido interponer la denuncia correspondiente sino hasta el 16 de julio. Y el 10 de septiembre les notificaron que su hija había sido depositada en una fosa común. Dos meses después, y luego de reproches de las autoridades a Erika “por haber sido mala madre”, lograron dar sepultura a su hija. El 12 de diciembre los padres de Ximena recuperaron su cuerpo, que había sido enterrado en una fosa común en julio, luego de haber sido hallado dentro de una maleta en un terreno baldío en Zumpango, Estado de México, el 15 de mayo, el mismo día que fue asesinada. A la fecha, Erika y Juan David siguen clamando justicia por el feminicidio de Ximena.
El 21 de abril de este año, luego de 13 días de búsqueda, fue localizado sin vida el cuerpo de Debanhi Susana Escobar, de 18 años, en el municipio de Escobedo, Nuevo León. La fiscalía del Estado deslizó, incluso antes de la realización del dictamen pericial correspondiente, que la causa de la muerte había sido la caída accidental de Debanhi al interior de una cisterna en el Motel Nueva Castilla, lo que le ocasionó un golpe mortal en la cabeza.
Como lo documenta la fotografía subida a redes sociales por una familiar cercana durante las primeras horas de su desaparición, Debanhi fue vista por última vez de pie, sola, en una carretera en la madrugada, luego de que tuviera que bajarse de un auto cuyo chofer –que había acudido a buscarla, a solicitud de amigas de la joven al término de una fiesta– la acosó en su cuerpo.
El mismo día que se denunció la desaparición de Debanhi, fue hallado el cuerpo sin vida de María Fernanda Contreras, de 26 años, a quien su familia buscó por horas luego de que desapareciera el 3 de abril, conduciendo camino a casa en Apodaca, Nuevo León. Si bien su padre informó inmediatamente a las autoridades de la última ubicación de María Fernanda, estas no se apersonaron en el lugar sino hasta cinco días después, solo para encontrar el cuerpo sin vida de la joven. Mientras tanto, el 8 de abril, en algún punto entre Cuajinicuilapa, Guerrero, y San Juan Bautista Lo De Soto, Oaxaca, Frida Alondra, de 14 años y afromexicana, desaparecía. Fue hallada el martes 12 de abril, asesinada por disparos de arma de fuego, en un terreno en los alrededores de la segunda comunidad.
A estos nombres que son vidas interrumpidas podemos sumar miles más: Itzel Orduño, Monse Bendimes, Juana Ovando, Quimberly Aceves. A esta lista podemos sumar los nombres que madres y padres gritan mientras buscan a las más de 23,000 mujeres desaparecidas, la gran mayoría menores de 24 años, sobre la tierra, por debajo de ella. Estas familias han debido organizar su propia búsqueda, tomar su pala y excavar, buscando sin saber si se quiere encontrar un cuerpo que descanse en paz o mantener la esperanza de abrazar a la persona que vieron nacer.
De acuerdo con los informes de la Comisión Nacional de Búsqueda, 1 de cada 4 personas desaparecidas en México son mujeres. Las cifras oficiales muestran un incremento notable de desapariciones de niñas a partir de los 12 años, adolescentes y mujeres en los últimos tres años, tendencia que se agudizó en el contexto de la pandemia por covid-19. Por otro lado, de acuerdo a información proporcionada por el Titular del Ejecutivo el 12 de abril de este año, correspondiente al último trimestre de este año, los feminicidios han aumentado en 15%. Cada noche, las mexicanas se van a la cama con el dolor y la indignación por la noticia de una mujer más asesinada por ser mujer, en un país en donde se asesinan a 20 mujeres cada día. Se repiten los nombres de las víctimas, pero en la gran mayoría de los casos se desconoce el nombre de los secuestradores, de los asesinos, para repetirlos y evitar que accedan a la gracia inmerecida del olvido.
Hace casi 30 años se registró el primero de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua. Desde entonces, hemos pasado por el emblemático caso de Campo Algodonero ante la Corte Interamericana, la creación de una Ley General de Acceso de las mujeres a una vida sin violencia en 2007 y la tipificación del feminicidio en el Código Penal Federal en 2012. Se han generado mecanismos como la Alerta de Género (vigente en diversos municipios de Nuevo León desde 2016 y en Oaxaca desde el 2015, por citar ejemplos, sin grandes resultados). Se aprobó en 2017 la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, este último compuesto por la Comisión Nacional y las Comisiones Estatales de Búsqueda, las Fiscalías especializadas, los Consejos Ciudadanos, y los Grupos de Búsqueda.
Sin embargo, todo este sistema, así como las alertas de género o el protocolo ALBA, son inservibles sin autoridades profesionales y en constante capacitación y sin la asignación de los recursos públicos necesarios y suficientes para su funcionamiento. Solo en 2019, el presupuesto para la búsqueda de personas desaparecidas, muertes dolosas y secuestros se vio reducido en 86%. En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2022 menos de mil millones de pesos (el 0.015% del total) fueron destinados a atender el problema de la violencia de género en México, mientras que a la Refinería de Dos Bocas le fueron asignados 45 mil millones de pesos, y 62 mil 942 millones a la construcción del Tren Maya. La Ley de Austeridad impulsada por la presente administración también ha cobrado factura a las mujeres víctimas de feminicidio o en situación de violencia en el país. En aras de esta ley, dependencias como el Registro Nacional de Víctimas son hoy prácticamente inoperantes, situación a la que no escapan los Registros Estatales.
Por último, la falta de coordinación entre las fiscalías y los grupos de búsqueda, o entre estos y las policías locales –puesta en evidencia en el caso de Debanhi–, aunada a la práctica obsoleta de dejar pasar de 48 a 72 horas antes de considerar a una persona como desaparecida –como sucedió en el caso de María Fernanda Contreras–, explican en mucho el incremento de los números relacionados a las desapariciones y feminicidios que suceden a diario. De acuerdo con el reporte “Información sobre la violencia contra las mujeres”, al término del primer bimestre de 2022 el Estado de México se sitúa en el número uno de los Estados con mayor número de feminicidios cometidos (22), seguido de Veracruz (15) y Nuevo León (14). En los meses de enero y febrero, 155 feminicidios fueron cometidos a lo largo del territorio Nacional. En lo que va del año, 748 mujeres se encuentran desaparecidas: el 46% de estas desapariciones han ocurrido en el Estado de México, la Ciudad de México y Morelos, según datos proporcionados al Senado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y en la inmensa mayoría de los casos, son los familiares quienes tienen que impulsar la búsqueda de las víctimas y de justicia por su cuenta, incluso, en contra de las propias instituciones que debieran protegerlas y respaldarlas.
La ineficacia en la operación fomenta y propicia la impunidad, que a su vez contribuye a un deterioro cada vez más rápido y expansivo del tejido social. Detrás de la desaparición y muerte violenta de niñas, adolescentes y mujeres en México, están la violencia machista y los grupos del crimen organizado que crecen por medio de la trata de personas con fines de explotación sexual, mendicidad de menores y pornografía sexual. México ocupa actualmente el tercer lugar a nivel global en estos delitos, solo después de Tailandia y Camboya, de acuerdo al reporte de la Coordinación para América Latina de la Organización Internacional A21. Como componente final de la fórmula para la impunidad que aprovechan los grupos criminales que secuestran a niñas y adolescentes, el 27% de los códigos penales de las entidades federativas establecen los doce años de edad como la mínima para el otorgamiento del consentimiento sexual. Por tal razón, hay grupos de la sociedad civil que pugnan por que el Estado legisle para homogeneizar los Códigos Penales, estableciendo los 15 años como la edad mínima para el consentimiento sexual.
A propósito de la investigación en curso por la desaparición de Debanhi, el secretario de Seguridad de Nuevo León, Aldo Fasci, explicó que la tardanza en encontrar a Debanhi se debió a “una falla humana masiva”. Se trata de una afirmación tan desafortunada como errónea. En realidad, la desaparición, violencia, explotación y feminicidios de las que han sido víctimas centenas de miles de niñas, adolescentes y mujeres en México es el resultado de una serie de fallas sistémicas y sistemáticas, sociales e institucionales.
es licenciada en derecho con especialidad en derecho fiscal por la UDLAP. Activista en favor de la cultura de la legalidad.
