Recién abrían los puestos de votación el pasado 11 de marzo cuando Iván Márquez –de barba pulida, chaqueta habana y camisa azul cielo- sonrió a la cámara y depositó un papel en la urna de un colegio en el sur de Bogotá.
“Ya voté por la esperanza, ya voté por el futuro, ya voté por la Rosa Roja de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común”, escribió de inmediato en su cuenta de Twitter de 95 mil seguidores.
Ya voté por la esperanza, ya voté por el futuro, ya voté por la Rosa Roja ? de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.? #YoSoyDelComún #VotoPorLaRosa ? pic.twitter.com/tKcvJ1rJiF
— Iván Márquez (@IvanMarquezFARC) 11 de marzo de 2018
Su foto rápidamente le dio la vuelta a Colombia. A final de cuentas, Iván Márquez –en la vida real llamado Luciano Marín– es uno de los símbolos más importantes de la transición que llevó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de ser una cruenta guerrilla que tuvo en jaque al país a constituirse en un partido político dentro del sistema democrático.
Por más de dos décadas, Márquez fue su vocero político y lideró uno de sus bloques más fuertes militarmente. Luego, durante cinco años, fue el jefe de la delegación de las FARC que negoció en La Habana el final de la guerra con el gobierno colombiano, que se selló con la firma del Acuerdo de paz en noviembre de 2016 y que se confirmó con el desarme de 8 mil hombres el año pasado.
Ahora será uno de los diez congresistas que tendrán las nuevas FARC –con las mismas iniciales, pero un nombre distinto– en el nuevo Congreso. Irónicamente Márquez ya había sido congresista en los años 80, antes de empuñar las armas e “irse al monte”. En cambio, para sus antiguos compañeros de armas, será la primera vez en democracia. Gran parte de los 8 mil excombatientes no había siquiera votado jamás.
Las FARC prueban las urnas
Colombia continúa muy dividida en torno al Acuerdo de paz, aunque la foto de Márquez votando fue aplaudida hasta por figuras nacionales que no comparten su llegada al Congreso.
“Seguramente nunca nos vamos a poner de acuerdo sobre el proceso de paz, pero a mí me gusta esta foto”, escribió Hassan Nassar, un periodista radial que ha sido muy crítico de la entrada en política de las FARC.
El resultado de las FARC en las urnas en su primera salida en democracia fue un desastre aparatoso. Solo obtuvieron 52,532 votos (0.34%) al Senado y 32,636 (0.21%) en la Cámara de Representantes (equivalente a la Cámara de Diputados), lejos del umbral mínimo del 3% para obtener un asiento en el Congreso y muy distantes de los demás partidos políticos. Sin embargo, tienen sus escaños asegurados debido a que el Acuerdo de paz garantiza su presencia en el Congreso por dos periodos, a cambio de que cumplan el requisito de hacerse contar en las urnas. Esta fórmula les permite aumentar el número de congresistas de su partido (si hubiesen obtenido una mayor votación), al tiempo que robustece su transición a la legalidad.
Su debut electoral no fue nada fácil. En varias ciudades, sus manifestaciones fueron saboteadas y sus candidatos recibidos con huevos, insultos y rechiflas, en actos que ellos condenaron y que algunos opositores celebraron, recordando las veces en que las FARC quemaron puestos de votación y asesinaron políticos electos en el pasado.
Su candidato presidencial Rodrigo Londoño –más conocido por sus nombres de guerra Timoleón Jiménez o Timochenko– debió renunciar a su aspiración hace dos semanas, tras ser sometido de urgencia a una cirugía de corazón. En todo caso, nunca superó el 1% de intención de voto y su imagen desfavorable se mantuvo en torno al 84%.
La impopularidad del nuevo partido de las FARC obedece al rechazo histórico que generan en la sociedad colombiana, pero también a varias decisiones arrogantes y poco conciliadoras que han tomado tras dejar las armas.
Mantuvieron el nombre de su organización, un hecho que muchas de sus víctimas consideran una bofetada. No han continuado con los actos solemnes –que emanan del Acuerdo de paz- en que públicamente han reconocido su responsabilidad y han pedido perdón a las víctimas de las cruentas masacres que perpetraron en Bojayá –donde asesinaron a 119 pobladores dentro de una iglesia- o el Club El Nogal en Bogotá donde murieron 36 personas. Además, eligieron llevar al Congreso a antiguos comandantes de la guerrilla, en vez de escoger a ciudadanos sin problemas con la ley que fueran ideológicamente afines.
Esto es significativo –más allá del mensaje simbólico– porque muchos de ellos deberán presentarse pronto ante la Jurisdicción Especial de Paz, el sistema de justicia transicional creado por el Acuerdo de paz. Si son responsables de crímenes graves como homicidio, secuestro o violencia sexual, lo más probable es que deban abandonar sus curules y pagar su pena.
Un Congreso de víctimas
Aunque por primera vez en años la paz no es un tema protagónico en las elecciones en Colombia, las FARC llegarán a un Congreso que refleja las agudas divisiones de sus ciudadanos frente al Acuerdo de paz y que, además, muestra la complejidad de la transición colombiana.
En un país con 8,6 millones de víctimas directas del conflicto armado oficialmente reconocidas (o una sexta parte de la población), ese Congreso es un microcosmos de cómo afectó a Colombia la conflagración de medio siglo. De hecho, la clase política colombiana ha sido uno de los sectores más victimizados.
El expresidente Álvaro Uribe –que lidera el sector más grande de la oposición al Acuerdo y que repetirá curul en el Senado con la mayor votación individual en la historia del país– es víctima directa de las FARC. Parte de su marcada animadversión se remota a 1983, cuando esta guerrilla asesinó a su padre ganadero durante un intento de secuestro en la finca familiar.
No es el único. Óscar Tulio Lizcano, un exsenador que estuvo ocho años secuestrado por las FARC y que defiende el Acuerdo, regresará al Congreso. Jaime Felipe Lozada, que ha sido un crítico moderado del proceso de paz, vivió el secuestro de su madre y el asesinato de su padre –ambos excongresistas– por parte de las FARC. Harry González –también partidario del Acuerdo– era un niño cuando esa guerrilla asesinó a su padre gobernador. Y Edward Rodríguez, que sacó la mayor votación en la Cámara baja y cuyo hermano militar murió en un ataque guerrillero hace veinte años, hizo campaña acusando a las FARC de ser asesinos. Todos ellos pertenecen a distintos partidos políticos.
El Congreso también será escenario de encuentros inéditos. Pablo Catatumbo –otro histórico líder de las FARC y uno de sus nuevos senadores– tendrá que trabajar mano a mano con John Jairo Hoyos, un congresista debutante cuyo padre fue secuestrado por orden suya y luego asesinado en uno de los episodios más tristemente célebres de la guerra en Colombia.
En diciembre de 2016, un mes tras la firma del Acuerdo, Catatumbo pidió perdón públicamente a Hoyos y las familias de los otros diez diputados asesinados en uno de los cuatro actos de reconocimiento de responsabilidad que hasta ahora han hecho las FARC. Hoyos, por su parte, hizo campaña con el recuerdo de su padre y el eslogan ‘La fuerza de la paz’.
Esa lista, sin embargo, va mucho más allá de las FARC.
Iván Cepeda –uno de los líderes más prominentes de la izquierda y acérrimo opositor de Uribe– es hijo de un exsenador asesinado por paramilitares de extrema derecha. Otro senador, Rodrigo Lara, es hijo del Ministro de Justicia del mismo nombre asesinado por orden de Pablo Escobar, por impulsar la extradición de los narcos a Estados Unidos. La congresista debutante María José Pizarro es hija de Carlos Pizarro, quien lideró el desarme de otra guerrilla –el M-19– y fue asesinado en un avión cuando era candidato presidencial. Y así sucesivamente.
Por eso, la llegada de las FARC al Congreso –y la foto de Iván Márquez votando– marcan un hito fundamental en el intento de Colombia por ponerle un tapón a la violencia y evitar que el conflicto armado se vuelva a reciclar, como tantas veces en el pasado.
Como dijo el prestigioso jurista Rodrigo Uprimny, “el significado profundo del proceso de paz es precisamente que nos guste esta foto, a pesar de que discrepemos de muchas cosas. Que podamos tramitar nuestras diferencias políticas sin violencia”.
es un periodista colombiano especializado en temas ambientales y de paz.
