La presidenta de México debe haber disfrutado la cabeza con la que Ríodoce tituló su nota principal del 24 de agosto en Sinaloa: “Rocha regresa, lo aplasta Sheinbaum y pide otra licencia”. Allá se entendió de inmediato, sin eufemismos ni lenguaje de Palacio. Nada de que es una decisión personal. Fuera de Sinaloa, esta intervención no fue leída en clave Rocha, sino en clave Sheinbaum: Sheinbaum todas las puede. La presidenta manda. 

Estamos habituados a medir el poder personal presidencial dentro del marco de su partido, sobre sus gobernadores, sobre sus legisladores y frente a sus predecesores. Usando esa lente, Claudia Sheinbaum tiene mucho poder. Bastante más que al inicio de su gobierno. Ese poder le permite articular respaldos en Morena, alinear figuras estatales y construir unanimidad alrededor de una decisión como sacar a Rubén Rocha Moya del escenario y tener voz y voto en el interinato.

Ese poder es real, aunque su alcance es bastante más reducido de lo que parece. Sheinbaum logra presionar a Rocha, pero no deshacerse de él; logra un acuerdo tibio en Sinaloa con un interinato salomónico (rochista no tan rochista); deja claro que quiere que la interina termine el mandato, pero no logra quitarle a Rocha la licencia temporal y con ello, una carta política intacta: el gobernador puede regresar y desafiar a la Presidencia si considera que el costo vale la pena. Esa amenaza pende sobre la interina sin que Rocha haga un gesto. 

Además, el movimiento ocurre bajo otra presión muy concreta: Washington presiona por cabezas, expedientes y resultados con una lista de sinaloenses que quiere que le entreguen. Sheinbaum actúa dentro de un margen delimitado por la necesidad de evitar un choque con Estados Unidos.

Mover a Rocha –hace meses y ahora– está muy lejos de significar que se gobierna Sinaloa. Sheinbaum no tiene ese gobierno; no sé quién lo tiene. Sobran sospechas, investigaciones periodísticas y episodios documentados que muestran la convivencia entre poderes políticos y criminales: el secuestro de un líder del narcotráfico, el asesinato de un exrector, la farsa montada por autoridades ministeriales alrededor de ese crimen, la violencia prolongada, la administración cotidiana de esa violencia, la asfixia de la autoridad civil y el deterioro económico. Frente a todo eso, la respuesta del Estado ha sido fragmentada, opaca, lentísima, muchas veces cómplice y siempre envuelta en discursos políticos populistas. 

En cambio, el regreso de Rocha obtuvo una respuesta inmediata y contundente, sin envolverse en ninguna bandera partidista, ideológica o nacional. Ahí sí aparecieron las llamadas, los mensajes, los alineamientos internos y la capacidad presidencial para cerrar filas en torno suyo. Sheinbaum usó sus cartas para apretar –yo no diría aplastar– al gobernador.

Aplastarlo sería otra cosa. Sería investigarlo con diligencia, impedir que una licencia temporal siga funcionando como salvavidas político e implicaría cerrar el margen de maniobra de sus aliados, como Enrique Inzunza. Lo que alcanza a hacer la Presidencia es construirles un vacío dentro de Morena y colocar a una gobernadora interina suficientemente distante para tranquilizar a Palacio, pero suficientemente cercana para no romper al grupo local. 

El poder que mostró Sheinbaum no es inocuo ni menor. No menosprecio ni su fuerza ni su utilidad. Ningún presidente quiere provocar una guerra local adicional; apaciguar al factótum regional puede servir para contenerla. Evitar una crisis con Washington es, además, un deber de Estado y no solo un incentivo político. Sheinbaum saca el extinguidor y sabe usarlo, qué bueno, pero el incendio que apaga está dentro de una cruenta batalla en curso, mucho más grande. 

No hay evidencia de que el Estado esté recuperando Sinaloa, de que las redes criminales estén perdiendo capacidad política o de que Morena esté dispuesta a llevar a los suyos ante la justicia (nacional, no pidamos más).

Claudia Sheinbaum es fuerte en una dimensión reducida. Puede subordinar a un gobernador incómodo en aras de un fin prioritario como el equilibrio bilateral y puede mover piezas dentro de Morena. Lo que no puede es ni con los grupos locales (criminales o no) ni con la crisis de Sinaloa. 

La presidenta tiene fuerza, pero el Estado, bastante menos. El enorme poder presidencial no está alcanzando para gobernar.