Juan Guaidó no es un monarca que se colocó una corona y se declaró jefe de un reino. El joven presidente de la Asamblea Nacional lo que ha hecho ayer 23 de enero –en medio de una manifestación sin precedentes– es cumplir con lo que pauta la Constitución. La carta fundamental (aprobada en referendo bajo el primer gobierno de Hugo Chávez) establece que, ante la ausencia absoluta de la cabeza del Poder Ejecutivo, que es lo que ha ocurrido en Venezuela, en virtud de que el segundo mandato de Nicolás Maduro emerge de unas elecciones amañadas, quien sigue en la línea sucesoral para acceder al mando es el número uno del parlamento. Ello está establecido taxativamente en el artículo 233 del texto fundamental de la República y es lo que ha acatado Guaidó. En ese artículo, también se prevé que deben celebrarse elecciones en los próximos 30 días. De modo que Guaidó simplemente se ha acogido a los preceptos constitucionales. Esto hay que gritarlo muy alto porque diera la impresión, por la forma en que algunos medios han divulgado la noticia y por los argumentos que ha esgrimido la dirigencia chavista, de que el diputado del partido Voluntad Popular hubiese ingerido una pócima propia de la democracia tumultuaria para “autoproclamarse” en un acto de masas y dar un golpe de Estado.
Es cierto que la manifestación celebrada ayer en Venezuela es la más concurrida de toda su historia. Y con una característica nada despreciable: se sumaron de una manera muy activa los estratos populares, cuyo descontento con el Gobierno ya se venía expresando desde 2015, cuando la oposición logró, con casi ocho millones de votos, la mayoría calificada de la Asamblea Nacional. Pero ese aval estadístico que representa la muchedumbre de ayer no es lo que sustenta el nuevo estatus de Guaidó. Lo que ampara al parlamentario de 35 años es la Constitución. Nadie puede sustituir a un presidente por otro porque logre aglutinar a un gentío en el asfalto. Eso configuraría un golpe de Estado matemático. El punto está en que este segundo mandato de Maduro surge de un pecado original: en los comicios del pasado 20 de mayo la oposición (la de verdad, no la que fabrica el régimen) estaba prácticamente inhabilitada para participar. Y al producirse ese pecado original, Maduro pasó a ser ilegítimo. Por ello, no lo reconoce la mayoría de la comunidad internacional, a excepción de China, Rusia, Cuba, Nicaragua, Uruguay, Bolivia, México y Turquía. Es precisamente esto lo que respalda la tesis de la vacante absoluta y la suerte de juramento que prestó en la marcha del 23 de enero el diputado Juan Guaidó, quien lo que dio fue un golpe de timón que tiene al país en vilo.
Venezuela vive horas de gran tensión. Tiene dos presidentes: uno que es hijo de la Carta Magna. Y otro de facto: apuntalado por la cúpula de las fuerzas armadas y guiado por los dictámenes que salen de La Habana. Es tal el desconcierto que en una cuenta de Twitter humorística, llamada El chiguire bipolar colgaron este tuit: “
Una consulta: Si me quiero burlar del presidente, ¿de cuál lo hago?
— El Chigüire Bipolar (@ChiguireBipolar) January 23, 2019
Bromas aparte, la estructura bicéfala del poder en Venezuela abre inusitados escenarios. Que Estados Unidos haya salido de inmediato a reconocer a Guaidó como el jefe de Estado interino no es un dato menor. Tampoco lo es que ipso facto Maduro haya decidido romper relaciones con los Estados Unidos y que haya dado un plazo de 72 horas para que su personal diplomático abandone el país. Maduro está montado en un ring y su rival es la primera potencia del mundo. Y esa potencia está acompañada por la mayoría de los países del continente (Canadá, Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Chile, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Honduras) y por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que respaldan a Guaidó y su movimiento a partir del 233 de la Constitución. Al margen de que la Unión Europea en su comunicado no avaló directamente que el diputado asumiera la cabeza del Ejecutivo, este conglomerado sí desconoce el segundo mandato de Maduro y clama por la celebración de elecciones libres y competitivas.
Y ésa es la gran pregunta: ¿Ha iniciado Venezuela la ruta hacia una transición? Hasta el momento, el ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López, ha manifestado su lealtad a Maduro. Esta mañana dirigió una alocución al país, acompañado de la cúpula militar, en la que dijo que la “autojuramentación” de Guaidó fue un “evento vergonzoso” y lo calificó como un “golpe de Estado”. Sin embargo, la procesión puede ir por dentro en el estamento castrense. La posición tan categórica de Estados Unidos es un punto neurálgico, que podría implicar medidas muy severas. El portal web Al Navío toca una arista clave al titular de esta manera lo que ocurre: “Maduro se aferra al poder y pone en riesgo los ingresos de Venezuela”. Esto implicaría que Estados Unidos podría suspender la compra de petróleo al gobierno chavista, lo que, en medio de una caída de la producción petrolera, que pasó de 3.5 millones de barriles diarios cuando Chávez llegó al poder, en 1998, a cerca de un millón en la actualidad, resultaría dramático: supondría un estrangulamiento financiero para el régimen, que de por sí encara un grave problema de gobernabilidad porque la inflación llegó a siete dígitos al cierre del 2018. Que los sectores más desposeídos se hayan alistado en la causa de la resistencia crea un problemón al interior de las Fuerzas Armadas: las acciones de calle podrían crecer como una bola de fuego y llevarse todo por delante. Ello podría generar lo que cabría calificar como la ruptura del equilibrio del ecosistema y, en consecuencia, un desmoronamiento del apoyo de los uniformados hacia Maduro y la cúpula que lo acompaña.
Mutatis mutandis, eso fue lo que ocurrió en Chile cuando Pinochet perdió el plebiscito de 1988. En una entrevista que le hicieron tiempo después de celebrada la consulta electoral a Fernando Matthei, quien para entonces era el comandante de la Fuerza Aérea, el general explicó que los militares decidieron quitarle el respaldo a Pinochet porque, si no lo hacían, se podrían producir desórdenes públicos que los militares no iban a ser capaces de controlar. La calle no se había desbordado. Pero la amenaza de disturbios estaba latente. En Venezuela debe estar ocurriendo algo semejante: ¿Qué pasará si la calle se desborda? ¿Qué pasará si Estados Unidos arrecia sus medidas contra Maduro y el volcán que ya es el país hace erupción? ¿Las fuerzas armadas sacarán sus fusiles para disparar contra la gente en lo que podría ser una orgía de sangre? El alto costo de la vida, la escasez de medicamentos, la falta de agua y de gas, el colapso del transporte público han afectado fuertemente a los pobres. Y son estos factores los que los han llevado a tomar una posición más activa en el ajedrez sociopolítico. La ecuación cambió completamente. El toque Lancôme que antes ostentaban las manifestaciones de calle (en Venezuela se llama “sifrinos” a quienes pertenecen a la clase media alta y a la alta) ahora ha dado paso a un rostro variopinto. Ese rostro está hidratado con un ungüento pluriclasista que pone en peligro a la coalición chavista y puede hacer tambalear al régimen.
El consultor político y presidente de la firma Datincorp (dedicada a hacer mediciones políticas), Jesús Seguía, en un breve análisis que hizo sobre los sucesos del 23 de enero, señala lo siguiente: “Si en las próximas 72 horas los estadounidenses no abandonan el país (porque el único que lo puede solicitar sería el presidente reconocido por Washington, es decir, Juan Guaidó), ¿se atreverá Nicolás Maduro a expulsarlos por la fuerza o a bloquearlos como hicieron los seguidores de Jomeini contra la embajada de USA en Teherán? Si no lo hacen, estarán demostrando entonces que ya perdieron el poder. Y si lo hacen, entonces Estados Unidos se verá obligado a enviar sus tropas a Venezuela, lo cual tampoco es una decisión fácil por las implicaciones que conlleva”. Seguías matiza: “Sin duda, los gobiernos de Trump y Maduro están frente a dilemas de alto calibre. ¿Ambos habrán pensado bien las decisiones que acaban de tomar? Más aún, ¿están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias?”. El consultor político remata: “Las próximas 72 horas serán las más largas de los últimos tiempos”.
Si bien Guaidó se ha encargado del Poder Ejecutivo basado en lo que establece la Constitución, la verdad es que el conflicto que sacude a Venezuela rebasa el ámbito jurídico. Es una disputa política. Esto hay que subrayarlo. En una acera está el chavismo-madurismo, que se niega a desalojar el poder, y en la otra está un país entero: hablar de mera oposición sería una incorrección aritmética. Esa gruesa franja pide algo elemental: que se celebren elecciones limpias (a los autoritarismos no les gustan los detergentes comiciales). Nadie aspira que se sustituya un usurpador por otro. Eso sí fue lo que ocurrió en Cuba cuando Fidel Castro le pasó la batuta a su hermano Raúl. El presidente de la Asamblea Nacional simplemente ha reivindicado lo que ordena la Constitución, cuyo artículo 333 señala que la carta no perderá su vigencia si por cualquier motivo fuere derogada y que, si eso ocurriera, cualquier ciudadano está en el deber de colaborar para que sea restablecida. ¿Qué mejor ciudadano que el jefe del parlamento, quien, además, si de representatividad se trata, es una figura mucho más plural que la del Presidente de la República porque la Asamblea Nacional representa a todas las organizaciones políticas del país? Por ella votaron tirios y troyanos: chavistas y no chavistas. Es el único cuerpo verdaderamente legítimo que hay hoy en Venezuela. Pero, insisto, el asunto va más allá de lo legal. Por eso las horas que vienen son a prueba de cardíacos.
(Caracas, 1963) Analista política. Periodista egresada de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
