“La capital del Estado es la villa de Madrid”, reza el artículo 5 de nuestra Constitución de 1978. Una capitalidad que, con algunos interregnos, se remontaría a 1561, cuando el rey Felipe II fijó en esta ciudad la corte. La consecuencia normativa de que la Constitución haya afirmado la condición de Madrid como “capital del Estado” es que, a priori, en ella deberán localizarse las instituciones más relevantes del país. Aun así, en mi opinión, siempre que se respete un núcleo institucional con sede en la capital (diría que la Jefatura del Estado, el Gobierno y el Congreso de los Diputados), resulta legítimo y coherente con un sentido federal deslocalizar otras instituciones. Algo que llevaría, además, a dar una mayor presencia al Estado en todo el territorio nacional, que bastante necesitado está. Precisamente estas razones, entre otras, nos llevaron hace unos años a proponer el traslado del Tribunal Constitucional a Cádiz (aquí).

Adicionalmente, esta capitalidad ha tenido, a mi entender, un efecto que en cierto modo condiciona cómo “pensamos” nuestro país institucionalmente: la concentración en la villa y corte de Madrid de la élite jurídica patria. Sabemos que en España las autonomías no han logrado que se instaure una auténtica cultura federal, sino que, en el mejor de los casos, se ha consolidado nuestro tradicional provincianismo –ahora con nuestras taifas autonómicas y sus élites locales–, y luego, si uno quiere atender a cuestiones de Estado, entonces le toca acudir a la capital del Reino. Es cierto que los avances de las comunicaciones y el teletrabajo, con muchas dificultades, a algunos (nos) permiten hacer el pendolare. Pero la verdad es que, para hacer carrera de Estado, hay que radicarse en Madrid. Y, en concreto, en lo que vengo llamando el “Madrid de los Austrias” y sus ramificaciones. Con epicentro en la plaza de la Villa, se extendería hacia la plaza de la Marina Española, llegaría hasta la Carrera de San Jerónimo y, pasando por la calle Marqués de Cubas, permitiría alcanzar el antiguo Convento de las Salesas Reales; con enclaves en el lejano Doménico Scarlatti o en Castellana.

El Madrid de los Austrias

Es en ese entorno donde se afinca una nobleza de toga que constituye un importante segmento de nuestra élite jurídica; en este caso, la jurídico-institucional, que integraría tanto las altas magistraturas judiciales de nuestro país como importantes puestos auxiliares en los principales órganos constitucionales (pienso, en especial, en sus prestigiosos cuerpos de letrados).

Este hecho en sí mismo no lo considero negativo. Personalmente, tengo una fuerte influencia orteguiana que me mueve a reconocer la importancia que tienen en una sociedad las élites o minorías selectas. Más aún en estos tiempos donde campa no ya la mediocridad, sino directamente la chabacanería corrupta. Por ello, no me es difícil predicar cuán necesario es que existan personas que brillen por su excelencia y compromiso, sirviendo de referentes a la sociedad en los distintos ámbitos. Y, en lo que se refiere a ese espacio jurídico, en nuestro país hemos disfrutado de una élite sobresaliente.

Ahora bien, al mismo tiempo, en una sociedad abierta como aspira a ser la española en pleno siglo XXI deberíamos abordar esta cuestión de la élite (en nuestro caso, la jurídico-institucional) teniendo presentes dos importantes cautelas: por un lado, cómo se puede pasar a formar parte de esa élite –¿se impone el mérito, podríamos preguntarnos?–; y, por otro lado, si, siguiendo a Ortega, nos creemos que parte de la redención nacional viene desde las provincias, ¿hasta qué punto esa élite es permeable y abierta al talento provincial –que no provinciano–?

Mi impresión (es pura observación) es que este circuito donde se concentra la élite jurídico-institucional (la de los despachos privados tendría su propia lógica, que me queda más lejos) no resulta tan cerrado o hermético como pudiera aparentar. La élite nacional está abierta a captar talento exterior y, de hecho, encontramos notables ejemplos de jóvenes que llegaron a la capital no ya desde capitales de provincia, sino de pueblos remotos, y que han podido hacer importantes carreras en la corte. Eso sí, como adelanté, habría un peaje: la desnaturalización de la tierra de origen (aunque se guarde en el corazón) para radicarse en la villa madrileña. Una realidad que, al final, da un sesgo: la institucionalidad de nuestro país, como dije, se “piensa” y se “trabaja” por quienes habitan y se desenvuelven en un perímetro físico (y en ocasiones mental) muy reducido y poco representativo de la pluralidad y de la complejidad de España, por mucho que quienes vienen de fuera cuiden sus vínculos (al final esporádicos) con la tierra de origen.

Padrinazgo y cooptación

Asimismo, el sistema de acceso para integrar esa nobleza de toga en buena medida es meritocrático. Si bien, aunque en muchos casos existan oposiciones (que sería la fórmula que mejor preserva el acceso por puro mérito) o concursos, intuyo que los mismos se han visto matizados por el juego de la fórmula de la cooptación. Un mecanismo que operaba en ocasiones como filtro inicial (no se prepara a cualquiera en ciertas oposiciones) o como exigencia (en muchos casos no explícita) de contar con recomendaciones o avales. Para otros puestos donde la designación es realizada por órganos políticos, normalmente a las más altas magistraturas, también existía un velo que circunscribía en cierto modo la selección política entre candidatos de esa élite togada. A la fórmula específica de la provisión del puesto subyacería así esa salvaguarda corporativa por la cual quienes ya están dentro de la institución o forman parte de esa élite van dejando entrar savia nueva merced a un sistema de patrocinio que presupone relaciones personales. Lo cual no es necesariamente malo, porque patrocinio no es vasallaje, menos aún cuando se tiene la vocación de promocionar a los mejores. En las reales academias la cooptación ha sido siempre la forma de acceso y en la propia universidad ese sacrosanto vínculo maestro-discípulo bebe también de esa naturaleza. 

Sin embargo, por mucho que no hagamos una valoración netamente negativa de cómo se ha venido conformando la élite jurídica de nuestro país (todo lo contrario), en la actualidad concurren algunos factores que deberían hacernos replantear cómo ha venido funcionando este sistema atendiendo a las dos cautelas antes mencionadas.

El peaje de venir de furea

En primer lugar, si nos preocupa atraer talento de fuera de ese perímetro del Madrid de los Austrias, hay que afrontar en especial dos cuestiones. Por un lado, que todos los candidatos lleguen a conocer las plazas que se provean y que tengan igualdad de oportunidades en el acceso con independencia de su proveniencia. Cuando hay oposiciones, como se decía, todo ello se garantiza. Pero no todos los puestos se cubren por esta vía. Es verdad que en la mayoría de los casos ya se hacen convocatorias públicas (algo que no siempre se hacía –por ejemplo, no se publicaban, y ahora sí, los letrados eventuales del Tribunal Constitucional–), pero sería bueno reducir los supuestos donde son los propios miembros del órgano los que discrecionalmente eligen, lo que favorece a los candidatos con padrinos en la corte madrileña, para apostar por comisiones de selección independientes, al poder ser integradas con miembros que vengan de toda España.

De igual forma, se pueden articular mecanismos que den visibilidad y permitan la promoción de juristas que ejercen “en provincias”, como se intentó con la en cierto modo malograda reforma de 2007 del sistema de elección de magistrados constitucionales por el Senado que previo dar participación a los parlamentos autonómicos. Las reales academias también podrían buscar fórmulas de colaboración con sus equivalentes territoriales, cuando existan, y deberían llamar a sus filas a juristas que vivan fuera de ese perímetro madrileño.

Por otro lado, el problema actual más acuciante que limita que personas valiosas abandonen su terruño para irse a Madrid es puramente material: el coste de la vida en la capital. Sobre todo cuando se trata de trabajos eventuales, para un periodo más o menos determinado. Para corregirlo habría que prever ayudas económicas a la movilidad y otros incentivos y facilidades al igual que ocurre en las instituciones europeas. Además de que, según se dijo, sea deseable una cierta desconcentración de la propia capital. 

El Estado clientelar de partidos

En segundo lugar, en cuanto a la preocupación por preservar el mérito en la selección de esa élite, hay una razón actual que puede desbaratar un modelo que, según dijimos, había venido funcionando razonablemente bien a lo largo de los años: la politización que busca consolidar un “Estado clientelar de partidos” (Jiménez Asensio). Es común hablar de la politización en la selección de las altas magistraturas (magistrados del Tribunal Constitucional, etc.), pero, como pude describir en otro lugar (aquí), hemos de ser conscientes de que esta agua tóxica está infectando la “médula” de nuestra institucionalidad, extendiéndose a todos los niveles. De manera que, en un contexto donde cada vez es mayor la politización y la polarización, ya no basta con tener méritos y buenos padrinos, sino que se va a exigir lealtad a la facción y una clara identificación con la misma.

En el ámbito de la cúpula judicial y fiscal tenemos ejemplos sangrantes. Como expuso con crudeza el expresidente del CGPJ Vicente Guilarte en su propuesta para la modificación del sistema de nombramientos de cargos discrecionales: “en la designación de los cargos judiciales hay dos criterios preferentes que se superponen al ulteriormente constituido por el mérito y capacidad del aspirante”: la “proximidad afectiva con el candidato” y “la adscripción ideológica o asociativa del optante” que, “si bien es criterio que nunca trasciende al exterior, sino que exclusivamente se manifiesta en las conversaciones internas previas. Solo a partir de tales condicionantes se entra a valorar el mérito del concursante”. Y los datos están ahí para acreditarlo: si un magistrado no pertenece a alguna de las asociaciones vinculadas a uno de los principales partidos, tiene unas posibilidades ínfimas (o nulas) de ser promocionado a un puesto de la cúpula judicial. Una realidad aún más viva en relación con los nombramientos que realiza el fiscal general del Estado. Por ejemplo, durante el mandato de Dolores Delgado como fiscal general, once de los trece ascensos a la primera categoría de la carrera fiscal recayeron en miembros de su asociación. Recientemente, el Tribunal Supremo anuló el ascenso de un fiscal, con menos méritos que otro candidato, donde se había puesto negro sobre blanco que uno de los criterios para justificar el nombramiento fue la afinidad (rectius, cercanía personal y política) al propio fiscal general.

Igualmente, el Tribunal Constitucional lleva años sin convocar plazas de letrado por oposición y ahora estos puestos se provisionan como letrados eventuales, de adscripción temporal, con una convocatoria pública que es resuelta discrecionalmente por los magistrados, sin distinguir si son plazas para colaborar en la oficina de un concreto magistrado -donde la confianza tiene sentido- o para prestar servicios generales al Tribunal. Y podríamos encontrar ejemplos similares en otras altas instituciones. Del mismo modo, es la discrecionalidad la que se impone como sistema de selección para cualquier puesto de responsabilidad en la administración (los niveles 29 y 30).

Y allí donde la designación es directamente política, desde magistrados constitucionales al fiscal general del Estado pasando por vocales del CGPJ, el panorama es aún más desolador. Ese velo que en su día pudo operar para delimitar un nicho de personas valiosas entre las que los políticos elegían ha desaparecido y hoy prima la elección de quienes hacen carreras bajo el manto protector de los partidos, con acreditada fidelidad a los mismos. Ahí están los datos que venimos publicando en Hay Derecho sobre la cada vez mayor preponderancia en estas altas instituciones de personas con estrechos vínculos políticos.

Por estas razones debemos insistir, una vez más, en la necesidad de incorporar sistemas de concurso u oposiciones que reduzcan esos espacios de discrecionalidad que cada vez es más común que sean aprovechados para elegir a perfiles serviles, afines a la facción correspondiente, poniendo en peligro la vitalidad y la robustez de nuestras instituciones que depende en buena medida de la solidez de las personas que en ellas se desempeñan. De ahí que, si no queremos que se imponga la vulgaridad y el servilismo, debamos cuidar esa élite jurídica que hoy se concentra en el Madrid de los Austrias descrito para que sea más abierta y permeable, para extenderla territorialmente y, sobre todo, para que se promocionen a juristas valiosos, con espíritu crítico, independientes y con vocación de servicio a las instituciones.