Me temo que aún no, y eso que esta semana los partidos de oposición hicieron uso en la Cámara de Diputados de la medida de emergencia que ganaron en la elección de 2021: el veto a las reformas constitucionales de la fuerza política gobernante. No dejaron pasar la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador que daba prioridad al Estado en la producción de energía.
Esa medida última (otra, la óptima, es obligar al poder a negociar con voces discordantes) se festeja con júbilo en el PRI, el PAN, el PRD y MC, que cantan su capacidad de poner muros al lopezobradorismo.
No se les puede negar algo de razón. Evitaron que se impusiera una norma que a todas luces (qué buen lugar común para esta oración) se veía inadecuada no solo para el futuro energético del país, sino también para el presente político, pues implicaba una mayor concentración de poder en manos del gobierno en turno. Bien ahí.
Sin embargo, y temo ser aguafiestas, el alcance de este dique está por verse. Sospecho que la tendencia visible no es hacia la consolidación de las instituciones democráticas, sino al afilamiento de los métodos populistas del actual presidente.
Me hizo pensar en ello la lectura del libro Spin dictators: The changing face of tyranny in the 21st century (2022), en el que Serguei Guriev y Daniel Treisman exploran el refinamiento de los dictadores modernos: mucho menos represores, menos violentos, más pragmáticos y más celebrados en tazas y camisetas que temidos en cárceles y funerales. En sus países hay prensa tolerada, oposición con espacios reales y hasta elecciones.
Los autores se preguntan si eso es un avance hacia la democratización de los países en los que aún mandan hombres fuertes (Putin encabeza la lista) o si es un refinamiento que horada las instituciones democráticas y, más temprano que tarde, termina nuevamente en el abuso tiránico. La respuesta es casuística, considerando la apertura a la que están dispuestos los hombres fuertes y el fortalecimiento civil que esa apertura genera. En algunos países, la flexibilización puede llegar a ser incontrolable (el sistema político priista es un buen ejemplo de ello), pero en muchos sirve para fortalecer los mecanismos de control por fuera de la constitución y de las instituciones (también el sistema político priista, pero de los años 40, es un buen ejemplo de ello).
El libro me hizo pensar en dos grandes momentos de reforma constitucional de este sexenio en México: la aprobación de la Guardia Nacional y la no aprobación de la reforma eléctrica.
En la norma, la Guardia Nacional quedó bajo mando civil y sus actividades quedaron reguladas para que el ejército no estuviera ilegalmente en las calles combatiendo el narco. Parecía un avance institucional, y nadie puede afirmar hoy que el Ejército mexicano sea represor o que coloque autoridades políticas. Sin embargo, el mando y la estructuración militares de la seguridad federal están presentes, y el Ejército es responsable de decenas de tareas de administración pública. El Estado mexicano, de manera sutil y a través de canales novedosos, ha derivado sus tareas a los soldados. Es un refinamiento de la militarización.
También la reforma eléctrica me hizo pensar en esto, pero por otras razones. Aparentemente, los contrapesos funcionaron y el poder los respetó. Y sí, funcionaron y fueron respetados para detener la reforma eléctrica, pero no están sirviendo para detener el populismo que encerraba esa visión energética. Para empezar, el gobierno mexicano, de facto, está usando a la Comisión Federal de Electricidad como un agente preponderante. Tiene cancelados u obstaculizados permisos, certificados verdes y contratos que la legislación actual permite. Sanciona los precios a conveniencia (con exenciones, por ejemplo) y en los hechos tiene cerrado el mercado energético, sin tomar las medidas adecuadas, por cierto, para reclasificar tarifas de distribución que fortalezcan las finanzas de la CFE.
Además de esta preponderancia de facto en el mercado energético mexicano, los mecanismos populistas no institucionales (todos los mecanismos populistas lo son), siguen una tendencia al fortalecimiento tras la decisión legislativa. No dudo que haya sido genuino el interés del presidente por estatizar de nueva cuenta la energía eléctrica, pero ante la imposibilidad de ello, aprovechará de lo perdido lo que aparezca. Y lo que aparece es una oportunidad de fortalecer lo que yo llamo el maná populista: el descontento. El corazón del discurso de identificación con el pueblo es el descontento irracional.
Los elementos que así me hacen pensar son tres. Primero, la no consideración de ninguno de los elementos aportados en el parlamento abierto por expertos y voces discordantes. El gobierno no estaba dispuesto a hacer avanzar su agenda. Segundo: el envío de la iniciativa al Pleno de la Cámara de Diputados sabiendo que no se tenían los votos suficientes, y el inmediato uso político del resultado. El gobierno conocía el desenlace. Tercero: el presidente habló de traición aun antes de la votación y su partido arrancó campaña con ese discurso un instante después, con miras a las elecciones estatales de 2022 e incluso con miras al 2024. El gobierno capitaliza el resultado.
El discurso de traición se inserta, además, en un contexto de obesidad e ineficiencia de la CFE, que empezará a hacer agua muy pronto sin que la alternativa privada y/o renovable pueda empujarse. El responsable de esto es, principalmente, el director de la compañía, Manuel Bartlett, pero el enojo alimentará a Morena. Una vez más, el presidente encontró maná populista: dirigirá el descontento hacia los partidos que, sí, pudieron bloquear la reforma eléctrica, pero aún no encuentran la forma de bloquear la dinámica populista.
Regreso al libro de Guriev y Treisman con la pregunta obligada: ¿el contrapeso legislativo y la aceptación de su mandato son señales de fortalecimiento democrático o son indicios de refinamiento y fortalecimiento del populismo? Temo que lo segundo se imponga.
es politóloga y analista.
