El día de ayer, el escenario político electoral de nuestro país sufrió un cambio para mal. La rijosidad y el encono entre autoridades y actores políticos que ha caracterizado los últimos procesos electorales ha quedado atrás, adentrando la disputa en los lóbregos terrenos de lo penal y judicial, como consecuencia de las declaraciones del ex candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio.
Hasta el mitin de ayer, la candidatura de Salgado había seguido cauces legales e institucionales. El partido lo registró como su candidato a pesar de las acusaciones de violencia sexual que pesan sobre él. Más adelante, el INE decidió aplicar en su contra todo el rigor de la ley, al detectar que había faltado a sus obligaciones de fiscalización y le retiró su candidatura. Cuando Morena, inconforme con la decisión, acudió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este respondió con una actitud timorata ante su responsabilidad de hacer valer la ley, confirmando la existencia de violaciones a los ordenamientos por parte de Salgado, pero reencauzando el expediente al INE para que estableciera una nueva sanción, pues consideraba que se habían excedido en el castigo, no sin antes hacer una serie de recomendaciones para matizar la sanción, pese a que la ley marca que es la única aplicable al caso.
En ese punto, el proceso legal e institucional fue descarrilado por el político que se autodenomina el Toro, quien profirió amenazas contra el INE, y en concreto contra los siete miembros de su consejo general, encabezado por Lorenzo Córdova Vianello.
De cara a una multitud que vitoreaba sus dichos, congregada afuera de las oficinas centrales del INE, el político guerrerense pasó de las amenazas políticas a decir que el Instituto Nacional Electoral estaba muerto, así como su consejero presidente. Con un ataúd en el que se leía “Lorenzo cuenta tus días, rata demonio” como parte de la ambientación, Salgado amenazó con ir a confrontar a los siete consejeros si no se plegaban a su deseo de ser restituido en su candidatura. Continuó su diatriba preguntándole a sus seguidores, con tono amenazante, si no les gustaría saber dónde vivía Lorenzo Córdova.
Más allá de la falta de sensibilidad política que estas acciones muestran –al ser realizadas en un México sumergido en la violencia del narco, que amenaza de formas muy semejantes–, las acciones del político guerrerense desprecian la ley electoral y los ordenamientos legales penales.
Mientras Salgado, como candidato, se concretó a cometer faltas electorales, como mentir acerca de su precandidatura, faltar a sus obligaciones para la fiscalización de su precampaña y amenazar con impedir las elecciones si no se le devolvía la candidatura, solo habría violado la LGIPE y la Ley General de Partidos Políticos, ordenamientos que determinan que los candidatos y partidos deben guardar respeto a las autoridades electorales y mantenerse en el cauce que determina el marco normativo general.
Pero ahora, sin importar lo que ocurra en la sesión del Consejo General del INE que decidirá su futuro político inmediato, su proceder lo ha colocado en el terreno de lo penal, algo inédito en la historia electoral reciente de nuestro país.
En primer lugar, una revisión rápida del andamiaje normativo nos muestra que la arenga lanzada por el aspirante contraviene el artículo 6º constitucional, el cual limita la libertad de expresión cuando esta ataque los derechos de terceros, se perturbe el orden público o se provoque cualquier delito.
Por su parte, de acuerdo con el artículo 131 del Código Penal Federal, sus amenazas al INE lo pueden hacer acreedor a una condena por el delito de motín. Dicho artículo conlleva una posible pena de seis meses a siete años de prisión. Con respecto a las amenazas contra los siete consejeros, podemos referir el artículo 209 del código penal de la CDMX, que determina una pena de tres meses a un año de prisión a quien “amenace a otro con causarle un mal en su persona, bienes, honor o derechos, o en la persona, honor, bienes o derechos de alguien con quien esté ligado por algún vínculo”.
Pese a que durante el mitin mencionado se cometieron acciones que constituyen probables delitos tanto a nivel federal como local, la respuesta de la autoridad ha sido de silencio, con excepción de un tuit de la secretaria de Gobernación.
Pero la trascendencia de este hecho supera con mucho la tipificación de un crimen o la violación de las normas electorales. Con sus acciones, Salgado Macedonio deja claro que solo sus deseos y ambiciones importan, y que su único objetivo es que se cumplan, sin importar el daño a la democracia.
Combatir a la autoridad electoral de formas casi gangsteriles abre la puerta a una escalada de violencia, ya sea por parte de actores que desean doblar la ley por métodos no legales, como de parte de personas convencidas de forma casi religiosa de una causa política.
Hacer política con base en amenazas, buscando volver a la ley irrelevante, o sujetarla a los apetitos y caprichos políticos de cada candidato, da al traste con un proceso electoral ya de por sí polarizado, caracterizado por una estrategia de tierra quemada. Si todo esto da como resultado la destrucción de nuestra democracia electoral, se dará entrada a opciones inaceptables.
