Empiezo con cinco premisas para reflexionar la propuesta del presidente en cuanto a designar a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por voto popular.
Primera. La Corte ha mostrado que es capaz de detener abusos del poder ejecutivo y excesos del legislativo que violentan las reglas del juego. En el reloj de los pesos y contrapesos, funciona.
Segunda. El método de selección de los ministros de la Suprema Corte no da peso excesivo a los partidos políticos, a los clanes judiciales, al presidente ni a los poderes fácticos, pues es un procedimiento escalonado, desfasado de la lógica electoral, con participación de un cuerpo colegiado cuyos equilibrios mutan periódicamente (el Senado)
Tercera. El presidente Andrés Manuel López Obrador busca destruir la resistencia que encuentran algunas decisiones de su gobierno. Esa resistencia no la ve en la Constitución, sino en los que protegen su inviolabilidad, es decir, los ministros de la Corte.
Cuarta. La Suprema Corte de Justicia no es un agente político de oposición. Es una pieza autónoma del sistema que también debe ser tomada en cuenta al gobernar. El gobierno no es solo el presidente.
Quinta. Elegir a los ministros a través del voto popular no es una estrategia ni para hacer más democrático al país ni para mejorar el desempeño de la Suprema Corte. Es el esfuerzo del presidente por sacudir el tablero y cambiar el equilibrio político a su favor.
Estas cinco premisas enmarcan el debate sobre el funcionamiento de la Corte y la tirante relación que tiene con el actual ejecutivo. La Corte funciona, pero no funciona al régimen, ese es el punto, y cualquier presidente intentaría hacer lo que propone Andrés Manuel López Obrador: quitarse ese moscardón de encima. A ningún poder (ejecutivo, legislativo o judicial) le gusta que los otros lo frenen, pero es esa resistencia la que protege al ciudadano de los abusos de un gobierno sin límites internos.
Dicho esto, propongo reflexionar con seriedad sobre los criterios que sí debemos poner sobre la mesa para tener un poder judicial útil a la democracia. El poder judicial, y su más alto tribunal, debe ser competente, legítimo e independiente. Si no tiene esas tres características o es inútil o le es útil a un tirano.
Con la competencia me refiero a que sus integrantes sean letrados. Que tengan una formación jurídica sólida (de preferencia sin plagios académicos), ideas propias y capacidad de sinapsis. Que cada uno de ellos se enorgullezca de ser un jurista conocedor de nuestras reglas y defensor de los principios jurídicos que nos otorgan dignidad. Si hay algo que revisar ahí, que se revise.
La legitimidad es necesaria para que sus decisiones sean aceptadas sin chistar. Esa legitimidad proviene de varias fuentes. De su independencia, de su competencia y de sus protocolos. Su competencia se ve en sus argumentos; sus protocolos son las reglas del juego interno, y de su independencia escribo a continuación.
“Del poder judicial (y peculiarmente de una corte suprema) no solo se espera que demuestre su independencia al oponerse al poder político, sino que lo haga por buenas razones, ajustadas a lo impartido por la norma y lo requerido por el interés general”, me recuerda epistolarmente Jean-Eric Shoettl, uno de los juristas más respetados actualmente en Francia. Fue secretario general del Consejo Constitucional y hoy es uno de esos sabios a los que hay que respetar.
Schoettl me lo dice porque este mes escribí sobre la democracia como arco y porque me detengo en la independencia del poder judicial como pieza de ese arco, poniendo énfasis en el rol de esta independencia para contener a otros poderes. Tiene toda la razón: no solo se trata de ese rol. El anhelo de jueces independientes no es un sueño de oposición y crítica al gobierno en turno. Es un sueño de justicia. Si los ministros no responden a un agente más poderoso, podrán ejercer justicia para el pobre y para el rico. Para el político y el taquero, para la feminista y para el sacerdote.
Esa independencia descansa en su autonomía interna, en el presupuesto y en la designación. Esta última es la única que quiere cambiar el presidente Andrés Manuel López Obrador, modificando un sistema de designación mixta en el que no prevalece nadie, para que ahora los ministros sean elegidos por voto popular. Eso significa que hagan campaña, tengan partido y piensen más en sus electores (o en sus donantes) a la hora de tomar decisiones.
En Estados Unidos esa fórmula se utiliza en tribunales estatales y presenta una paradójica desventaja frente a otros métodos: los jueces son mucho menos independientes. Responden a agentes económicos y políticos que los impulsan durante los procesos de elección, aunque tengan la contención de los jurados populares.
Me he extendido y podría hacerlo más, pero me contengo aquí y concluyo: el presidente no quiere una mejor Corte, quiere una Corte dócil con ministros preocupados por ser votados por el lopezobradorismo. ~
es politóloga y analista.
