El tema de las drogas, y el de qué hacer con ellas, no es nuevo en el país. Aun cuando el narcotráfico es una de sus externalidades que más preocupan a la opinión pública, las políticas de drogas abordan, o deberían abordar, muchos otros de sus aspectos. A pesar de que la administración del actual presidente prometió un cambio en el enfoque general hacia ellas, la realidad es que no solo nada ha cambiado, sino que por el contrario, lo que hemos presenciado hasta el momento ha sido una repetición de todas aquellas políticas que tan pocos resultados han ofrecido, y que tanto daño han causado.
Primero, el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Desde antes de comenzar formalmente su sexenio, el entonces presidente electo, Lic. Andrés Manuel López Obrador, organizó una serie de foros de consulta sobre temas diversos; entre ellos, el de las drogas.
De los foros y sus conclusiones nunca volvimos a saber. Pero sus entusiastas se deleitaron al constatar que, con su muy propio estilo personal de hacer las cosas, el ya presidente proponía algún cambio en la política hacia ellas. En su segundo PND (había rechazado públicamente una primera versión –escrita por el secretario de Hacienda– por ser muy “neoliberal”, según alegó entonces), y para sorpresa de todos, se incluyó un tema que no tenía el primero: el esbozo de una nueva política de drogas.
Reproduzco a continuación –no sin algo de pena ajena– el apartado en cuestión:
Reformular el combate a las drogas
En materia de estupefacientes, la estrategia prohibicionista es ya insostenible, no sólo por la violencia que ha generado sino por sus malos resultados en materia de salud pública: en la mayoría de los países en los que ha sido aplicada, esa estrategia no se ha traducido en una reducción del consumo. Peor aún, el modelo prohibicionista criminaliza de manera inevitable a los consumidores y reduce sus probabilidades de reinserción social y rehabilitación. La “guerra contra las drogas” ha escalado el problema de salud pública que representan las sustancias actualmente prohibidas hasta convertirlo en una crisis de seguridad pública. La alternativa es que el Estado renuncie a la pretensión de combatir las adicciones mediante la prohibición de las sustancias que las generan y se dedique a mantener bajo control las de quienes ya las padecen mediante un seguimiento clínico y el suministro de dosis con prescripción para, en un segundo paso, ofrecerles tratamientos de desintoxicación personalizados y bajo supervisión médica. La única posibilidad real de reducir los niveles de consumo de drogas residen [sic] en levantar la prohibición de las que actualmente son ilícitas y reorientar los recursos actualmente destinados a combatir su trasiego y aplicarlos en programas masivos, pero personalizados de reinserción y desintoxicación. Ello debe procurarse de manera negociada, tanto en la relación bilateral con Estados Unidos como en el ámbito multilateral, en el seno de la ONU.
Pareciera que, mal que bien, el gobierno consideraba en ese entonces que la “estrategia prohibicionista” no había sido especialmente eficaz para reducir el consumo, los riesgos y problemas de salud asociados al mismo, los mercados ilegales, la corrupción, las violaciones de derechos humanos, o la violencia como única respuesta institucional y política: tanto la ejercida sobre el usuario como la brutalidad de los cárteles más sanguinarios. Hasta aquí, nada nuevo bajo el sol, pero con una dirección razonablemente positiva.
Muy poco duró el aliento, o la esperanza: una vez hecho explícito un nuevo sentido social y de salud con respecto a las drogas, el Plan nos asesta propuestas de “desintoxicación” y de “reinserción social” como las políticas a desarrollar. Que el Plan finalice afirmando que cualquier cambio “debe procurarse de manera negociada tanto en la relación bilateral con Estados Unidos como en el ámbito multilateral, en el seno de la ONU” es solo la cereza del pastel del desparpajo y del cinismo; algo así como advertir que la interrupción voluntaria del embarazo, o el matrimonio entre personas del mismo sexo, solo podrán realizarse con el respaldo de Provida o de la Iglesia de la Luz del Mundo.
No extraña, en consecuencia, que desde 2019 hasta la fecha las políticas de drogas solo hayan reafirmado la desinformación, el prejuicio y el estigma tradicionales hacia ellas. Tampoco que no haya sido destinado ningún esfuerzo, recurso económico o institucional a la salud, o a la oferta de tratamiento, sino que incluso el gobierno canceló la encuesta quinquenal sobre el consumo nacional de drogas. Es resumen: no hay diagnóstico, no hay plan, no hay recursos económicos, y en consecuencia, tampoco se conoce resultado alguno.
El caso de la cannabis resulta igualmente revelador. Pocos meses antes de la publicación del PND se había completado la jurisprudencia de la Suprema Corte de la Nación relativa al uso personal y adulto del cannabis (sobre la que por cierto, tanto el gobierno como sus mayorías parlamentarias siguen siendo omisas en su obligación de reformar los artículos 235, 237 y 238 de la Ley General de Salud).
Estas sentencias sentaron un precedente inédito en la historia de la planta en el país. Por primera vez se reconoció que las disposiciones legales atentaban contra los derechos a la autonomía personal y al libre desarrollo de la personalidad, al menos en cuanto a sus usuarios.
Sin embargo, a pesar de docenas de iniciativas de reforma presentadas en los últimos años –muchas de ellas por legisladores del actual oficialismo tan destacados como la exministra, exsecretaria de Gobernación y actual senadora de la República Olga Sánchez Cordero, o el ahora presidente de Morena, Mario Delgado–, ni un solo cambio legal ha sucedido. En 2021, la Suprema Corte declaró la inconstitucionalidad de los artículos antes citados, y ni con mayoría en ambas cámaras la 4T ha logrado –o querido– siquiera descriminalizar la posesión simple de cannabis para consumo personal.
Los esfuerzos se han invertido, en cambio, en una serie de campañas mediáticas tan omnipresentes como grotescas, que se han dedicado primordialmente a reforzar el estigma sobre el uso de drogas y de sus usuarios, así como a proporcionar información sesgada, cuando no a mentir hasta el ridículo. Tales campañas han carecido de principios mínimos de efectividad: carecen de públicos objetivos concretos, obvian las tendencias verdaderas del consumo, y fallan en interesar, de algún modo, a quienes van dirigidas. Lo que hemos visto es la versión 4T del “Solo di no” de los años de Ronald Reagan.
En términos institucionales, especialmente vergonzoso ha sido el papel jugado por la Comisión Nacional contra las Adicciones, que silenciosamente ha renunciado a cumplir con su papel de conducir políticas de apoyo a los usuarios de drogas legales o ilegales. Su actual titular, el psiquiatra Gady Zabicky, que anteriormente se definía a sí mismo como un furibundo antiprohibicionista, se ha limitado a callar ante los evidentes desvaríos del presidente de la república sobre las drogas y ha nadado de muertito frente al grave problema de la gran cantidad de centros de tratamiento irregulares que existen en el país, que son la única opción de atención a las adicciones. No dijo una sola palabra sobre la Encuesta Nacional de Adicciones que no realizó, y solo se ha interesado más en redefinir el concepto de salud mental para incluir en éste al tema de las drogas. Lo que había sido una institución relativamente irrelevante, devino ahora en una ausente o casi inexistente.
La única novedad importante en el tema de las drogas en los últimos años ha sido la irrupción del fentanilo como un motivo de preocupación legítima en los Estados Unidos, que sin duda ha impactado en la agenda bilateral común. Lamentablemente, nuestro gobierno ha dejado pasar una de sus mayores oportunidades para diferenciarse en el tema de las drogas a nivel nacional e internacional, e incluso para robustecer nuestros intereses en la región de Norteamérica: en lugar de proponer un enfoque verdaderamente disruptivo para el tráfico ilegal, como sería, por ejemplo, la dispensación gratuita bajo registro, y con ello ofrecer verdaderos servicios de atención integral para sus usuarios, el gobierno simplemente abrazó el discurso americano de lucha entre el bien y el mal sin comprender que se trata de un camino en el que México tendrá siempre que someterse a los intereses de nuestros vecinos, aun a costa de la vida de miles de personas en ambos lados de la frontera.
En conclusión: a un año de que termine el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, es imposible saber si existe algún resultado concreto de su gobierno frente a las drogas. Lo que sí sabemos es que los mercados de ellas siguen tan boyantes como siempre, el menú de drogas disponibles se ha ampliado, los cárteles que trafican con ellas lo hacen tan fácilmente como siempre, y los servicios de salud y apoyo prometidos no han sido vistos en ningún lugar del país. Una farsa más de la 4T. ~
