El otro dĆa me topĆ© con un cartel que llamaba a participar en una manifestaciĆ³n ācontra la justicia patriarcalā. En la convocatoria aparecĆan los rostros de cinco individuos procesados por abusos sexuales bajo un rĆ³tulo grande: āVioladoresā. Sin āpresuntosā. Fue una concentraciĆ³n multitudinaria, en la que tambiĆ©n se vieron pancartas que pedĆan ājusticia feministaā. QuĆ© mal augurio cuando a la justicia se le ponen apellidos.
He pensado largamente antes de decidirme a publicar este artĆculo. A fin de cuentas no es sencillo deslindar los propĆ³sitos de la manifestaciĆ³n. Si fue para apoyar a la vĆctima, para criticar a los jueces, para denunciar las agresiones sexuales como fenĆ³meno general o para responder con ira a los acusados es difĆcil determinarlo. Probablemente todas esas razones se entremezclaron en una marcha de miles de personas.
Si el objetivo hubiera sido alzar la voz contra las conductas de acoso que todavĆa hoy padecen tantas mujeres en nuestro paĆs, me habrĆa parecido una protesta necesaria y encomiable. Pero todo ha tenido lugar en medio de la polĆ©mica por un proceso penal que es preciso tener en cuenta.
En las Ćŗltimas semanas se ha criticado la labor de los jueces y se ha dado a entender que no habrĆa justicia antes siquiera de que se dictara sentencia. El desconocimiento de las reglas procesales ha llevado al cuestionamiento de la imparcialidad de los tribunales. Se ha tergiversado la admisiĆ³n de las pruebas y se ha condenado la estrategia de la defensa. Se ha condenado, incluso, que la defensa pudiera tener una estrategia y casi que existiera una defensa.
TambiĆ©n ha habido medios de comunicaciĆ³n y columnistas que han tratado de menoscabar el testimonio de la vĆctima, completando asĆ el juicio paralelo, en una tradiciĆ³n ya clĆ”sica de las opiniones pĆŗblica y publicada en EspaƱa. Y aunque estas actitudes no son nuevas, nunca se habĆan visto hasta ahora mezcladas en una manifestaciĆ³n tan exitosa.
Este cuestionamiento del proceder de la justicia creo que puede enmarcarse en un proceso mĆ”s amplio que es la crisis de la mediaciĆ³n. El auge del populismo ha coincidido con el rechazo a los valores clĆ”sicos de la democracia representativa. No es casual que la democracia directa goce hoy en nuestro paĆs de mayor respaldo social que la articulaciĆ³n parlamentaria de la voluntad popular, segĆŗn una encuesta de Pew Research. El desprestigio de la democracia liberal ha venido de la mano de propuestas plebiscitarias que pretenden trasladar la toma de decisiones a los ciudadanos, sin mediar sus representantes.
Las protestas contra los jueces, ya sean los que procesan a las autoridades que han infringido la ley en CataluƱa o los que se encargan del caso de la violaciĆ³n mĆŗltiple durante los Sanfermines, sugieren que, desde algunos sectores sociales, se proclama una democratizaciĆ³n de la justicia, en la que el pueblo, sin el concurso de los jueces, pueda extraer conclusiones vĆ”lidas desde un conocimiento incompleto de los hechos y dictar sentencia.
El rechazo de la mediaciĆ³n tambiĆ©n guarda relaciĆ³n con la desconfianza hacia el establishment y el rechazo de los expertos, dos caracterĆsticas propias de nuestro tiempo. Los espaƱoles se cuentan entre los europeos que mĆ”s desconfĆan de su sistema de justicia y solo un 25% de los encuestados declara estar satisfecho con el modo en que funciona la democracia en nuestro paĆs.
La actualidad tambiĆ©n nos recuerda que en los fenĆ³menos sociales mĆ”s apasionados existe la tentaciĆ³n de imponer la ideologĆa a la frialdad y el rigor de los procedimientos legales. Hay una voluntad de tomar partido en la adopciĆ³n de decisiones, desconfiando de cuantos dictĆ”menes no han sido directamente consultados al pueblo, entendiendo como pueblo un sujeto polĆtico restringido y delimitado por ciertos atributos morales.
Por ello era tan mala idea la ley GallardĆ³n que establecĆa la cadena perpetua revisable para casos generadores de una gran āalarma socialā. Un criterio vago que evocaba a Charles Lynch, aquel juez de Virginia que, durante la guerra de la independencia de Estados Unidos, implantĆ³ un proceso sumarĆsimo en el que el mismo pueblo juzgaba, condenaba y ajusticiaba a los reos. No en vano a Ć©l debemos la acuƱaciĆ³n del tĆ©rmino ālinchamientoā.
La mediciĆ³n de la alarma social estĆ” necesariamente unida a la baremaciĆ³n de las pasiones. Y los sentimientos tienen mucho que decir de nuestras sociedades, caracterizadas por rasgos emotivos y narcisistas. Uno de los lemas de la manifestaciĆ³n que ha rodeado el juicio por violaciĆ³n mĆŗltiple es āYo sĆ te creoā. Es esclarecedor por cuanto nos pone sobre la pista de la realidad posfactual. Es la sustituciĆ³n de los hechos por el āyoā como elemento de legitimaciĆ³n. No tengo ningĆŗn motivo para desconfiar del relato de la vĆctima, pero no se trata de lo que yo crea. Yo, mi opiniĆ³n, mis sentimientos estĆ”n fuera de lugar y son irrelevantes para el caso. Las vĆctimas no pueden quedar al albur de la percepciĆ³n pĆŗblica, no pueden depender de que encontremos creĆble su testimonio.
La justicia no consiste en un alineamiento del veredicto de los tribunales con nuestras posturas individuales, sino en la aplicaciĆ³n imparcial de unas reglas desapasionadas. Cuestionar la labor de los tribunales antes siquiera de que dicten sentencia o poner apellidos ideolĆ³gicos a la justicia no contribuirĆ” a mejorarla. Nos enfrentamos al riesgo de que, si el resultado del juicio no es del agrado de ciertos sectores feministas, se ponga en entredicho la legitimidad de todo el sistema; mientras que, si la sentencia satisface las expectativas de los manifestantes, se argumente que ha sido la presiĆ³n popular la que ha permitido que se haga justicia. En ambos escenarios habrĆ” alguien que gane, pero seremos muchos mĆ”s los que perderemos.
Aurora Nacarino-Brabo (Madrid, 1987) ha trabajado como periodista, politĆ³loga y editora. Es diputada del Partido Popular desde julio de 2023.