El pasado 23 de octubre, la diputada María Chávez Pérez, integrante de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa para eliminar dos párrafos de los artículos 94 y 116 de Constitución, los cuales consagran, respectivamente, la prohibición de disminuir la remuneración de los juzgadores federales y estatales durante el tiempo de su encargo. Para justificar esta propuesta, la diputada sostuvo que “la Cuarta Transformación tiene implícita la austeridad republicana” y subrayó que los miembros del Poder Judicial no pueden tener “privilegios salariales por encima de los demás servidores públicos”.
El objetivo inmediato de esta reforma es facilitar que los salarios judiciales se adapten a los reajustes presupuestales anunciados por el presidente electo, pero su principal resultado sería concederle al Congreso la facultad de alterar discrecionalmente la remuneración de los jueces cada año. Esta propuesta se suma a dos iniciativas ya presentadas por Morena en la Cámara de Senadores, las cuales buscan someter a los juzgadores federales a exámenes de control de confianza y prohibir que los jueces de distrito y los magistrados de circuito permanezcan más de seis años en el mismo lugar de adscripción. La premisa subyacente a todas estas iniciativas es que la autonomía del Poder Judicial ha facilitado excesos y actos de corrupción, y que por lo tanto el Poder Legislativo debe dar una “sacudida” a los primeros encargados de proteger al Estado de Derecho.
Es indudable que la administración de justicia en México tiene muchos problemas y que los poderes judiciales no gozan de la simpatía de buena parte de la población. Para el ciudadano ordinario, la “justicia” es sinónimo de impunidad de políticos y delincuentes, de arbitrariedades contra personas indefensas y de altos salarios a cambio de escasos resultados. Aunque este lugar común tiene mucho de cierto, la indignación que provocan estas realidades impide muchas veces advertir la complejidad de sus causas y la necesidad de estrategias bien diseñadas para enfrentarlas. Hay problemas de la justicia mexicana que en realidad no se originan en los poderes judiciales, sino en las procuradurías y en los cuerpos de seguridad a cargo de los gobiernos federal y estatales; hay figuras legales –aprobadas por los representantes populares– que han facilitado la institucionalización de abusos de las autoridades y dificultado la investigación de conductas criminales; y también hay instituciones, como la defensoría de oficio, que podrían contribuir mucho al combate de la desigualdad y que sin embargo reciben muy poca atención porque no son rentables políticamente.
Esta combinación de escándalo cotidiano y desconocimiento generalizado del funcionamiento de la administración de justicia resulta muy peligrosa porque puede ser utilizada para proponer reformas que, lejos de resolver algún problema, terminarían destruyendo avances logrados en décadas recientes y podrían llevarnos de vuelta a un régimen autoritario. La iniciativa de reformas en materia de salarios judiciales es un ejemplo muy claro: no solo se propone reducirlos de manera inicial y general –conforme a la austeridad republicana–, sino que abre la puerta para reducciones futuras que funcionen como castigos ante posibles sentencias o criterios que molesten al poder en turno. En otras palabras, no se trata de una medida coyuntural sino de un cambio sustantivo a las reglas del sistema judicial.
Los preceptos constitucionales que pretende suprimir la diputada María Chávez tienen su origen en el artículo 120 de la Constitución de 1857, según el cual los integrantes de la Suprema Corte de Justicia recibirían una compensación irrenunciable por sus servicios a cargo del tesoro federal, misma que no podría ser aumentada o disminuida durante el período de ejercicio del cargo. Esta disposición fue preservada por el artículo 127 de la Constitución de 1917 y replicada por la reforma judicial de 1928, que introdujo la redacción actual de este principio en el artículo 94 constitucional: “la remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito, no podrá ser disminuida durante su encargo” (la reforma de 1994 solo añadió a los Consejeros de la Judicatura Federal a este listado).
La principal finalidad de estas cláusulas ha sido la protección de la independencia judicial. Su justificación es muy sencilla: el papel principal de los jueces consiste en resolver controversias y lo que la sociedad espera de ellos es que decidan con “justicia”, dando a cada quien lo suyo en el marco del derecho vigente. Para que los jueces puedan decidir con justicia, se necesita que sean imparciales, esto es, que no tengan un interés directo en el litigio, y también que sean independientes, es decir, que no puedan ser coaccionados por los otros poderes para que resuelvan en cierto sentido o interpreten las leyes al gusto del gobierno. Disminuir arbitrariamente el salario de los juzgadores es una manera obvia de coaccionarlos: para proteger su independencia resulta entonces indispensable proteger la estabilidad de sus remuneraciones.
La protección de los salarios judiciales ha sido una de las pocas garantías de independencia judicial que han sido respetadas en México desde el siglo XIX. Este principio no fue cuestionado ni siquiera por Lázaro Cárdenas, quien, como presidente electo, promovió en septiembre de 1934 una reforma constitucional para eliminar la inamovilidad de los ministros de la Suprema Corte y facilitar de esa manera una “interpretación revolucionaria de las leyes”. De hecho, la demanda histórica de la Corte y de los tribunales superiores ha sido reforzar aún más esta protección, asegurando constitucionalmente que los poderes judiciales reciban un porcentaje fijo del presupuesto de egresos. Esta idea ha sido apoyada por muchos juristas, entre ellos dos ex ministros de la Corte que hoy están vinculados al nuevo partido gobernante: Genaro Góngora Pimentel y la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Las razones en favor de esta protección reforzada siguen siendo las mismas de siempre. Imaginemos que la Corte y los tribunales federales comienzan a otorgar amparos contra una política muy importante para el Ejecutivo que tiene notables vicios de inconstitucionalidad (hipótesis que sucede con frecuencia). Si desaparece la prohibición de disminuir los salarios judiciales, ¿no sería muy fácil para el presidente extorsionar a los juzgadores federales, amenazándolos con una reducción drástica de su salario y una asfixia presupuestal mientras no modifiquen su criterio?
Nadie ha dicho que, en su realidad actual, la Corte y los poderes judiciales sean absolutamente independientes. Hay mucho por hacer para que este principio se realice plenamente en la práctica cotidiana de los tribunales. Sin embargo, el camino para lograr esta meta no consiste en destruir principios indispensables con el disfraz de la “austeridad republicana” y el combate a los privilegios. El genial escritor inglés G.K. Chesterton decía que “el error es una verdad que se ha vuelto loca”. Ninguna persona medianamente consciente de la realidad mexicana puede negar la corrupción y desigualdad imperantes en nuestro país, así como la notoria irresponsabilidad con que muchas veces se ha ejercido el gasto público. Estas realidades son una verdad irrefutable. El grave error de las propuestas de Morena en materia judicial consiste en utilizar esta verdad como un pretexto para eliminar gradualmente las protecciones constitucionales de la judicatura. Es necesario insistirlo hasta el cansancio: los juzgadores federales y estatales requieren garantías de independencia y estabilidad profesional para que cumplan la misión que la sociedad les ha encomendado. Salvo que el objetivo de estas iniciativas sea influir en la elección del próximo presidente de la Corte y enviar un mensaje de amenaza a los poderes judiciales, los legisladores harían un mayor servicio al país si analizaran con más cuidado las causas del estado actual de la administración de justicia e impulsaran las medidas más adecuadas para mejorarla.
Es profesor investigador de la División de Historia del CIDE y autor de la Historia mínima de la Suprema Corte de Justicia de México (2019).
