Después de que marzo registrara el nivel más alto de homicidios en lo que va del sexenio, en abril se esperaba que la violencia disminuyera, pues, en teoría, las medidas de restricción derivadas de la pandemia reducirían las oportunidades para los delincuentes. No fue así.
Según los informes diarios que recibe el presidente de la república, en abril se registraron 2,492 víctimas de homicidio doloso. No obstante, estos reportes preliminares tienen un serio subregistro frente a las cifras oficiales. En este sentido, es probable que la cifra oficial oscile entre las 2,955 y las 3,020 víctimas, a las que habría que sumar las de feminicidios. Es decir, más de 100 asesinatos al día.
De ser así, abril sería uno de los meses más violentos del sexenio y se confirmaría un repunte de la violencia en los últimos tres meses. Lo grave es que, posiblemente, la mayor parte de esta violencia proviene del crimen organizado y no de delincuentes convencionales: si la mayoría de las personas ha reducido sustancialmente la movilidad, es poco probable que los homicidios sean causados por robos o riñas, aunque lo sabremos con precisión a finales de mayo, cuando el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública publique sus datos. En cambio, estarían aumentando los enfrentamientos y ejecuciones derivados de conflictos entre organizaciones criminales, de ahí que los homicidios se concentran en estados como Guanajuato, Michoacán y Chihuahua, entidades con notoria presencia del crimen organizado.
Aunque esos enfrentamientos no han causado mayor impacto en la agenda pública, sus víctimas se cuentan por decenas. El 26 de abril, en Aguililla, Michoacán, hasta 21 personas fueron ejecutadas en un enfrentamiento entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Viagras. En Ciudad Juárez, Chihuahua, un enfrentamiento entre los cárteles de Juárez y Sinaloa dejó 19 muertos a inicio de ese mes.
¿Por qué la violencia en México sigue en aumento mientras en otros países se reduce? Una hipótesis es que la pandemia llegó cuando los conflictos criminales estaban en efervescencia y no existía una estrategia federal para contenerlos. La crisis del covid-19 ha mostrado muchas de las carencias y los débiles hilos con los que estaban sostenidas las políticas de este gobierno. En seguridad, la pandemia ha profundizado la retirada del gobierno federal en el conflicto de las organizaciones criminales.
Desde el inicio de esta administración se ha apostado por un mayor despliegue de fuerzas a través de la Guardia Nacional, pero con poca incursión en contra del crimen organizado. El Estado ha renunciado a su capacidad de fungir como una especie de árbitro entre las principales organizaciones criminales y, en consecuencia, estas han visto una ventana abierta para incursionar en territorios enemigos e imponer su poder. Hoy que las fuerzas federales están concentradas en acciones de apoyo contra la pandemia, ese efecto se ha multiplicado y los conflictos territoriales se intensifican.
La lección que nos está dejando esta coyuntura es que, en ausencia del Estado, las organizaciones criminales no se autolimitan, aun en medio de semejante crisis. De seguir por esta ruta, cuando las víctimas del covid-19 cesen, las de la violencia criminal seguirán multiplicándose.
Politólogo por la UNAM. MPA en Seguridad y Resolución de Conflictos por la Universidad de Columbia.
