La notificación formal por parte de Estados Unidos, a la cual se sumó Canadá, de que iniciará un panel de solución de controversias contra distintas políticas energéticas impulsadas por el actual gobierno por sus supuestas violaciones al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no llega como una sorpresa. Durante los últimos dieciocho meses, distintos altos funcionarios del gobierno de Biden y miembros del Congreso estadounidense han expresado sus preocupaciones por las políticas del sector energético de México, las cuales suponen un riesgo para más de 10 mil millones de dólares de inversiones estadounidenses.
Entre los temas específicos en disputa está la Ley de la Industria Eléctrica que, según Estados Unidos, privilegia injustamente la producción de electricidad de la Comisión Federal de Electricidad sobre la generada por empresas privadas y desfavorece las fuentes renovables como la eólica y la solar. De igual forma, la Ley de Hidrocarburos será un punto de conflicto, ya que centralizó las operaciones de crudo y combustibles en Pemex, perjudicando las inversiones e intereses de las empresas estadounidenses. Según Estados Unidos, ambas leyes han facilitado la suspensión de permisos existentes, han causado retrasos y rechazos de permisos nuevos, y obstruyen la lucha contra el cambio climático. En pocas palabras, las políticas energéticas de México violan el T-MEC.
Este tratado, que cumplió dos años en julio, prohíbe que los países adopten políticas que discriminen contra los otros miembros y les exige que reduzcan el uso de empresas estatales. Según el comunicado publicado por la Oficina de la representante comercial de Estados Unidos (USTR), Katherine Tai, México está violando uno o varios de los capítulos del T-MEC, entre ellos el capítulo 2 (Trato nacional y acceso a mercados), el cual prohíbe imponer ciertas restricciones que limitarían los negocios de los proveedores de servicios de las Partes, el capítulo 14 (Inversión), el 22, que regula la actividad de las empresas propiedad del Estado para prevenir distorsiones en los flujos de comercio e inversión entre los tres países, y el capítulo 24, que reconoce el medio ambiente como un elemento integral del desarrollo sostenible y restringe el establecimiento de leyes ambientales u otras medidas que constituyan una restricción encubierta al comercio o la inversión entre las partes.
De acuerdo con las reglas delineadas en el capítulo 31 sobre Solución de controversias, la solicitud de Estados Unidos le permite a México hasta 30 días para aceptar programar consultas. Si después de 75 días no se llega a un acuerdo, lo cual es probable que suceda, Estados Unidos podría solicitar un panel formal conformado por cinco integrantes para escuchar la argumentación de las partes y determinar si México ha cumplido con sus obligaciones en conformidad con el acuerdo.
Si el panel decide que México ha violado sus obligaciones del Tratado, Estados Unidos y Canadá podrían suspender varios beneficios para su vecino al sur. El artículo 31.19 señala que una parte reclamante deberá primero tratar de suspender los beneficios en el mismo sector que el afectado, en este caso, imponer represalias a los intereses mexicanos en el sector energético de Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, este mismo artículo determina que si una parte reclamante considera que no es posible o efectivo suspender beneficios en el mismo sector en el cual fue afectado, tiene la opción de suspender beneficios en otros sectores. Es precisamente en este último punto que México podría sufrir consecuencias graves. No solo existe la posibilidad de que Estados Unidos y Canadá impongan aranceles a las exportaciones mexicanas, sino que podrían optar por castigar a sectores estratégicos que representan ingresos importantes para México.
Según datos del USTR, en 2019 el intercambio de productos y servicios entre México y Estados Unidos registró un total de 614.5 mil millones de dólares. Las importaciones de México alcanzaron 358 mil millones de dólares, un incremento de 4% en comparación con 2018 y 102.6% más que en 2009. Los vehículos (101 mil millones de dólares), la maquinaria (66 mil millones de dólares), los instrumentos médicos (16 mil millones de dólares), y los combustibles minerales (13 mil millones de dólares) fueron las importaciones más importantes, seguidas por productos agrícolas (21.3 mil millones de dólares). Es improbable que Estados Unidos imponga aranceles a las primeras cuatro categorías porque dañaría a sectores claves de su economía, pero sí podría castigar las importaciones agrícolas mexicanas como represalia por las políticas energéticas del gobierno de López Obrador. Esta medida sería bien recibida por el sector agrícola estadounidense y tendría consecuencias tremendas para México.
La plataforma World’s Top Exports revela que en 2021, del 89.9% de los productos exportados desde México al mundo, 78.1% se destinaron a Estados Unidos y 2.6% a Canadá. Es decir, el 84% del valor de las exportaciones de México se dirigieron a la región de América del Norte, mientras que solo 5.9% se vendió a Asia y 5.2% a Europa. El mercado estadounidense, y hasta cierto punto el de Canadá, son vitales para el desarrollo de la economía mexicana.
Si la decisión del panel favorece a Estados Unidos y se traduce en aranceles a distintas exportaciones mexicanas, la lógica sería que México adopte acciones correctivas para reducir el impacto de ellas, pero también para mandar una señal de que existe buena voluntad por parte del gobierno mexicano de cumplir con el marco legal y regulatorio del T-MEC. Justamente para eso se crearon mecanismos de esta naturaleza, para que cuando surgieran diferencias entre las partes o violaciones al acuerdo, se encontrarán soluciones.
No es el primer panel que se ha iniciado desde la entrada en vigor del T-MEC en julio de 2020. El primero fue activado por Estados Unidos contra Canadá, sobre lácteos. Posteriormente, Canadá inició un panel contra Estados Unidos por discriminar contra sus productos solares, y la tercera vez fue cuando México y Canadá iniciaron un panel contra Washington por la interpretación y aplicación de las reglas de origen en el sector automotriz. La gran diferencia con la disputa de Estados Unidos y Canadá contra las políticas energéticas de México es que esta atenta contra uno de los pilares ideológicos del presidente López Obrador: la autosuficiencia energética de México.
El peligro que existe es que AMLO no vaya a revertir sus distintas reformas energéticas aun si enfrenta represalias de Estados Unidos. Las reacciones del mandatario mexicano hasta el momento indican que está dispuesto a sacrificar el bienestar y el futuro económico del país en aras de su proyecto ideológico. Justificará la posible pérdida de miles de empleos mexicanos, el aumento en los precios de productos y el deterioro de la relación con su principal socio comercial culpando al imperialismo y a los neoliberales.
El presidente López Obrador ha defendido la soberanía de México citando el capítulo 8 del T-MEC, el cual reconoce el derecho de México de reformar su Constitución, su legislación interna, y el dominio directo de todos los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional. Sin embargo, esto no quiere decir que México puede hacer lo que quiera en materia energética. Hay varios problemas con el argumento de AMLO. Primero, el capítulo 8 jamás hace referencia al sector eléctrico; Estados Unidos ha enfocado gran parte de sus quejas en esta materia. Segundo, es posible que al presidente mexicano se le olvide que, en el Preámbulo del Tratado, México se comprometió a “establecer prioridades legislativas y regulatorias… de conformidad con los derechos y obligaciones dispuestos en este Tratado”. Por supuesto que México puede cambiar su Constitución y sus leyes, con tal de que no violen el T-MEC.
La narrativa antiyanqui de AMLO le podrá funcionar con sus bases electorales, siempre y cuando las consecuencias económicas no las sientan demasiado en los bolsillos. El proceso para resolver controversias bajo el T-MEC es tardado; la disputa comercial podrá extenderse hasta mediados o finales de 2023, lo que tendría consecuencias en las elecciones presidenciales de 2024.
El gobierno de México identificó a Jalisco, Veracruz, Oaxaca, Chihuahua y Sinaloa como los cinco estados que concentran la mayor producción agrícola del país. Una encuesta realizada por Poligrama reveló que entre los 10 estados donde AMLO cuenta con mayor aprobación están Veracruz (73.3%), Oaxaca (81%) y Sinaloa (78.3%), tres de los cinco estados reconocidos por su producción agrícola. Es decir, si el gobierno de Biden decide imponer aranceles a distintas exportaciones agrícolas mexicanas, la alta aprobación de que hoy goza AMLO en esas entidades agrícolas podría disminuir, afectando las aspiraciones del futuro candidato presidencial de Morena en 2024.
Desafortunadamente, este panorama podría crear tensiones o debilitar áreas vitales de la relación entre México y Estados Unidos, como la cooperación en materia de seguridad, la migración, y otros temas comerciales. Si México no responde con seriedad a las decisiones del panel, podría complicar la primera revisión que se hará del T-MEC en 2026. La cláusula Sunset indica que los términos del Tratado se mantendrán vigentes durante un período de 16 años, aunque se someterá a una revisión cada seis. Si Estados Unidos y Canadá perciben que México viola sistemáticamente varias disposiciones y capítulos del Tratado, y no adopta medidas correctivas si se determina que ha incumplido con sus obligaciones, se podría poner en riesgo el futuro de la integración de América del Norte.
es directora del Instituto México del Wilson Center. Ha laborado en el gobierno federal de México, fue asesora de políticas públicas para América Latina en un despacho de abogados internacional en Washington DC y fungió como corresponsal de la Casa Blanca para NTN24. Cuenta con una maestría en Estudios Latinoamericanos y Gobierno de la Universidad de Georgetown.
