La caída de una pieza mayor en el tablero del crimen organizado disparó un relato que pone énfasis en la precisión quirúrgica y el triunfo del Estado mexicano. Con los incentivos correctos, parece que el Estado se asoma. No solo demostró que pudo golpear a Nemesio Oseguera en Jalisco, sino que puede operar –lento y famélico, pero puede– en las otras 19 entidades de la República donde los criminales decidieron aterrorizar a la población. Pero hay que hacer una precisión: en esos lugares, el ciudadano de a pie no buscaba (y no vio) la sombra de la Guardia Nacional o los tanques del Ejército, sino las luces de la patrulla municipal, los cuerpos de protección civil y la voz del alcalde en la radio local.

La teoría política clásica sostiene que el Estado justifica su existencia al monopolizar la fuerza para garantizar la seguridad mínima. En la práctica mexicana, eso es un simulacro. Tanto el Ejército como la Guardia Nacional, por diseño y mando, operan bajo la lógica del cuartel: son una fuerza de reserva para la gran batalla, pero resultan invisibles para la tragedia cotidiana. Cuando el terrorismo de baja intensidad –esa escenografía de oxxos en llamas y autos bloqueando carreteras– se desató como respuesta al operativo, no fueron los batallones de la Sedena quienes acudieron al llamado. No podrían haber sido ellos: no les toca y no están a mano. Fueron las fuerzas estatales y las policías municipales, esas que el gobierno federal ha dejado en el desamparo presupuestario, el desprestigio y la vulnerabilidad. Esas que son corruptas, miedosas, débiles y pobres.

Esos agentes, que patrullan con el miedo en la nuca y un equipo que en cualquier auditoría daría vergüenza, son quienes sostuvieron la estantería del orden público. Como pudieron, es verdad. Los que pudieron. Tomen en cuenta que en Guanajuato, por ejemplo, hubo ataques en 20 municipios, algunos muy pequeños, con fuerzas policiales de apenas diez elementos. No podían enfrentar a los criminales en un intercambio de fuego, pero sí evacuar, acordonar y contener. Pedir a la gente que se guardara. Si se dice que vimos la “capacidad operativa” del Estado, la frase es engañosa si no incluye a quienes responden en la calle y no solo desde un búnker climatizado. Sin resortes locales y con mando militar, el régimen se queda sin pies: tiene un arma poderosa, pero no tiene dónde apoyarse cuando el suelo tiembla, y se sabe que volverá a temblar. La mayoría de los expertos coinciden en que el escenario más probable tras este descabezamiento histórico es la violencia desatada por la fragmentación. Algo como lo que ocurre en Sinaloa. Quizá solo en Jalisco, adonde enviaron refuerzos militares, pero quizá también en Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, Chiapas o Veracruz, donde quienes tendrán que hacerse cargo serán, otra vez, las policías locales.

Además de la presencia policial local, observé otro fenómeno.  En el vacío de información oficial los medios y los periodistas, muchos de ellos marcados como “adversarios” desde el atril de la propaganda diaria, fungieron como un servicio civil de emergencia. Mientras los fakers incendiaban aeropuertos y universidades imaginarias en redes sociales, reporteros locales verificaban, desmentían y contextualizaban. Fueron ellos quienes contaron los autos incendiados hacia Tapalpa, las compras de pánico, los negocios cerrados y luego la normalización paulatina. Desde la calle.

Pero no quiero registrar el desdén hacia estos dos pilares (policía local y periodistas) en situaciones críticas. O no solo. Quiero, además, de advertir sobre su deterioro, señalar una oportunidad para el gobierno. Un régimen que ha hecho del acoso a la prensa y del desprecio a lo local una práctica constante tiene, paradójicamente, en esos mismos actores a sus mejores aliados para evitar el colapso social. La policía de proximidad y el reportero de a pie no son estorbos para su hegemonía; son soportes que impiden que el país se desmorone cuando el suelo tiembla. Si el poder insiste en debilitarlos, descubrirá demasiado tarde que no puede con todo. ~