El economista José Ignacio Conde-Ruiz, autor de La juventud atracada (Península, 2023), y la periodista Estefanía Molina, autora de Los hijos de los boomers (Destino, 2026) charlaron en la Universidad Villanueva de Madrid sobre el reto demográfico, la brecha generacional y la falta de oportunidades de los jóvenes. La conversación estuvo moderada por Juan Francisco Saenz Pastor, profesor de derecho en la Universidad Villanueva.

Moderador: ¿Vivimos realmente en un país para jóvenes?

Estefanía Molina: Yo creo que no. No es un país para jóvenes porque existe un mal que atraviesa no solo este país, sino toda Europa: un conflicto latente que llamamos la brecha generacional. Esta brecha tiene muchas aristas y lecturas. Los baby boomers a menudo se sienten atacados y piensan que les decimos que ellos lo tuvieron fácil y nosotros difícil. Consideran que los jóvenes son una “generación de cristal” que no quiere esforzarse, y suelen manifestar que a su edad ellos se esforzaron mucho.

Sin embargo, no es un país para jóvenes si atendemos a variables objetivas. El crecimiento económico actual está ralentizado en comparación con otros momentos de la historia, como los años 80. Esto se refleja en la productividad, en los salarios y en el acceso a la vivienda. En los 80, no solo había un contexto de mejores salarios en relación al esfuerzo y los estudios, sino que el acceso a la vivienda era proporcionalmente más barato.

Otro elemento que deja a los jóvenes atrás es el incentivo de los votos. En democracias envejecidas como la nuestra, con una elevada esperanza de vida, la política legisla para ganar los votos de las generaciones mayoritarias, como los 12 millones de personas de la generación boomer. Sus necesidades son la prioridad política absoluta. En lugar de entender que el futuro de una nación se sostiene sobre cambios estructurales para los que vienen, hoy parece que invertimos en el “inmovilizado” del pasado a costa del porvenir. A los boomers se les vendió que tendrían una buena pensión y condiciones de vida dignas, y nosotros somos ahora el activo para que ellos realicen ese sueño, aunque nosotros no lo tendremos.

José Ignacio Conde-Ruiz: Como economista, mi visión es que el mundo ha cambiado y no nos hemos dado cuenta. Estoy barajando titular mi próximo libro Es la demografía, idiota, porque la demografía lo cambia todo y ha provocado que los jóvenes se queden sin aliados. Decidí escribir mi libro en 2023 porque, como experto en pensiones, notaba que tanto la generación de Estefanía como mis amigos con hijos universitarios sentían que “nosotros lo tuvimos más difícil”.

Al hacer una retrospectiva, algunos dicen que ahora estamos mejor porque la medicina ha avanzado, tenemos tecnología y viajes baratos. Pero eso es una mejoría general que no se está repartiendo por igual, lo que genera injusticia. Los jóvenes, y especialmente las mujeres, han avanzado en ciertas dimensiones, pero el problema es estructural.

Cuando yo era joven, había una pirámide demográfica real: las generaciones jóvenes eran mucho más numerosas que las mayores. Esto implicaba un dividendo demográfico positivo, donde el crecimiento per cápita era fácil de conseguir simplemente reemplazando a los que se jubilaban por muchos más que entraban. Ahora la economía no crece igual y, si la renta per cápita no aumenta, no hay una mejoría generalizada.

En cuanto a la política, ocurre lo contrario: antes los jóvenes éramos el 35% del electorado; ahora apenas llegan al 20%, mientras que los mayores son el 35%. Los políticos quieren ganar elecciones y satisfacen al colectivo más grande, que además vota en bloque exigiendo que no se toquen las pensiones ni los impuestos a la riqueza. Los jóvenes son un grupo pequeño y heterogéneo (estudiantes, padres, trabajadores) al que es difícil llegar incluso por redes sociales. Financiar el sistema antes era fácil por la abundancia de cotizantes; ahora hay escasez y conflicto porque no hay recursos para todos. En resumen, los jóvenes de hoy están peor que en los 80 o 90 porque ni la economía ni la política les favorecen.

Moderador: ¿Qué puede hacer el Estado para intervenir y revertir esta situación de escasez?

Estefanía Molina: Es muy difícil porque partimos de la negación del discurso. Se niega la existencia de una brecha generacional, diciendo que es solo una cuestión socioeconómica de clase. Pero al no solucionar problemas estructurales como la vivienda o los salarios, la situación se deja en manos de las familias. Esto acentúa la brecha socioeconómica: hoy en España, la mayoría de quienes compran un piso necesitan ayuda de sus padres.

La desigualdad crece porque no se hacen reformas de calado, como mejorar la productividad vía educación o mejoras en el tejido empresarial. Para los políticos es más fácil subir el salario mínimo o implementar un ingreso vital que introducir cambios educativos o estructurales. En cuanto a la vivienda, se usan mantras como culpar a los fondos buitre, cuando estos solo representan el 10% u 11% del mercado en ciudades como Madrid o Barcelona; el resto son propietarios privados.

Muchas familias de clase media usan una segunda vivienda para complementar sus ingresos y ayudar a sus hijos, lo que evidencia el empobrecimiento de esa clase media. Las ideologías actuales impiden atender a los jóvenes al negar la brecha o desviar las causas del problema de la vivienda. El gasto en pensiones es creciente y deficitario, y uno de cada dos o tres euros ya se destina a ellas. Eliminar “fetiches” de gasto (Casa Real, Ministerio de Igualdad, Defensa) no cubriría ni el 15% del coste de las pensiones. La política se siente incómoda atacando las causas reales porque afectaría a su base de votantes.

José Ignacio Conde-Ruiz: Yo soy un poco más optimista. Para que los pocos jóvenes que entran produzcan lo mismo que los muchos que salen, necesitamos aumentar la productividad. Esto requiere mejorar la educación, la I+D y luchar contra la pobreza infantil. Si das perspectivas de futuro y acceso a la vivienda, el esfuerzo del joven se traduce en productividad.

Aunque los economistas no solemos acertar en predicciones, somos buenos identificando qué situaciones no son un equilibrio. Hacia donde vamos no es un equilibrio: si los jóvenes no tienen futuro, nadie lo tendrá. Los jóvenes actuales son globales y digitales; si no encuentran oportunidades aquí, “votan con los pies” y se van, porque el coste de emigrar es menor que antes.

Propongo medidas tangibles: si una persona de 90 años puede votar, ¿por qué no puede hacerlo un joven de 16 que ya puede trabajar? Necesitamos que los jóvenes opinen sobre temas como el cambio climático o las pensiones, que son un contrato generacional de reparto. Actualmente dedicamos un 38,4% del salario a pagar las pensiones actuales confiando en que los que vienen nos las paguen a nosotros. Pero si ahora hay tres personas pagando por cada pensionista y en el futuro habrá una y media, el sistema no está equilibrado.

La última reforma de pensiones en España es la única en un país industrializado que ha aumentado el gasto, lo cual es inaudito. Es necesario que en el Pacto de Toledo estén representados los jóvenes y que cada ley incluya un análisis de impacto intergeneracional. Si los jóvenes no tienen futuro aquí, la demografía generará un conflicto inevitable.

Estefanía Molina: El sistema se ha quebrado porque se han roto sus premisas: crecimiento constante, esperanza de vida limitada y renovación demográfica. La política vende la inmigración como solución a corto plazo para pagar las pensiones, pero estamos atrayendo perfiles para trabajos de poco valor añadido (hostelería, campo) porque no podemos emplear con calidad a nuestros propios titulados. Estamos creciendo “al peso”, por incremento de personas y no por productividad.

Este modelo de atraer medio millón de personas al año sin reflexionar sobre el tejido productivo va a colapsar. Además, el problema está camuflado por la “gran transferencia” de herencias: los jóvenes no protestan porque los padres les ayudan con sus pensiones o propiedades. Pero esa herencia no será limpia, pues muchos padres necesitarán esos recursos para sus propios cuidados.

José Ignacio Conde-Ruiz: Sin inmigración sería el game over para España. Incluso con 10 millones de inmigrantes, seguiremos teniendo el problema de un cotizante y medio por pensionista. El sistema fue diseñado para gente que moría a los 75 años, no a los 90. La inmigración es una bendición, pero no exime de hacer reformas. Necesitamos inmigrantes en todas las escalas, también cuidadores que permiten que otros trabajen y sean productivos.

España tiene una tasa de fecundidad muy baja; las mujeres tienen menos hijos de los que desearían por falta de apoyo y precariedad. Aunque hoy aumentara la natalidad, sus efectos productivos tardarían 25 años en verse. Necesitamos gestionar este bache demográfico ahora.

Estefanía Molina: Estoy de acuerdo, pero critico que se pongan parches sin prever consecuencias. Si somos más personas, necesitamos más infraestructuras y vivienda, pero parece que solo hay voluntad de acoger lo que beneficia el discurso político del crecimiento.

José Ignacio Conde-Ruiz: El problema no es la inmigración en sí, sino no preparar los servicios para ese aumento. El mundo ha cambiado: ya no crecen los países, sino las ciudades debido a las teorías de aglomeración que generan productividad. Esto obliga a la gente a desplazarse a grandes urbes, provocando escasez de vivienda. Si hay cuatro sillas y seis personas, por mucho que regules el precio, dos se quedan fuera; y esos suelen ser los jóvenes.

En mi época se gastaba más del 1% del PIB en vivienda (VPO en propiedad); ahora apenas el 0,2% o 0,3% y se dedica a rehabilitaciones (como cambiar ventanas) para los que ya tienen casa, no para los jóvenes. Antes, ningún político podía ignorar a los jóvenes porque éramos mayoría electoral.

Moderador: ¿Cómo podemos revertir esto como ciudadanos?

Estefanía Molina: Me siento pesimista y “ceniza”. La gente prefiere confirmar su visión del mundo antes que atender a los datos. España gasta 34 euros por persona al año en vivienda, frente a los 161 de la media europea o los 300 de Francia. Se niega la realidad de que no hay viviendas vacías suficientes donde se necesitan; en Barcelona se creía que había 100.000 y resultaron ser unas 10.000, muchas en mal estado. Los marcos mentales están por encima de los datos y, si alguien dice algo distinto a la ideología imperante, se le acusa de tener intereses oscuros o de pertenecer a lobbies. Cuando crezcan los discursos extremos y antisistema entre jóvenes que viven en el malestar, quizás la política reaccione.

José Ignacio Conde-Ruiz: Yo insisto en el problema de la deuda pública. En la pandemia tuvimos un déficit del 9%, pero lo preocupante es el déficit estructural, que está en el 3,5% o 4% del PIB (unos 50.000 millones de euros). Eso son facturas de hoy que enviamos a las generaciones futuras. Propongo dos reglas fiscales: 1) Déficit estructural cero (obligatorio por Constitución). 2) Por cada euro adicional para los mayores, debe invertirse otro euro en políticas para jóvenes que aumenten la productividad.

Me decepcionó que Europa aceptara una reforma de pensiones que va contra los jóvenes a cambio de los fondos Next Generation, que teóricamente eran para ellos. Se ha pervertido el lenguaje llamando “Mecanismo de Equidad Intergeneracional” a una subida de cotizaciones que recae sobre los jóvenes, eliminando el factor de sostenibilidad de la reforma anterior. Si no se arregla la vivienda, la economía se parará porque las empresas ya no vienen a Madrid. Se requiere movilizar al menos el 1% del PIB a largo plazo, pero los políticos evitan invertir en algo cuya cinta de inauguración cortará un rival.

Estefanía Molina: Además de la vivienda, las infraestructuras como Cercanías en Cataluña están destrozadas (10.000 incidencias frente a 1.000 en Madrid), lo que obliga a la gente a vivir en las capitales para llegar a tiempo al trabajo. Dinero hay, pero se usa mal. A nivel europeo, hay un exceso de regulación que lastra la competitividad frente a China o Estados Unidos; es casi más fácil emprender en IA en Afganistán que en España. Estamos en una “gerontocracia” que legisla para el confort de los baby boomers.

José Ignacio Conde-Ruiz: La tecnología está eliminando el empleo industrial de clase media, pero el modelo de servicios y turismo de España está aguantando mejor porque un robot no puede sustituir la interacción social de un camarero. Sin embargo, estamos perdiendo la fuerza de innovación de los jóvenes. Schumpeter decía que el pico creativo ocurre entre los 20 y 30 años; si los jóvenes no pueden emanciparse, perdemos esas “locuras” que generan productividad. El emprendimiento debe ser liderado por jóvenes, quizás apoyado por la experiencia de los mayores.

Mi generación (50-65 años) debe votar por los jóvenes. Somos mayoría y tenemos la capacidad de cambiar las cosas si dejamos de mirarnos el ombligo. Debemos exigir que se priorice la emancipación o la lucha contra la pobreza infantil por encima de subir nuestras propias pensiones. Los jóvenes han movilizado temas como la salud mental o la igualdad, pero electoralmente son irrelevantes por número; por eso nosotros debemos votar por su futuro.

Estefanía Molina: El sistema ya está reventando porque los jóvenes no sienten una adhesión emocional a la democracia; esta se legitima con resultados tangibles que no ven. Existe un discurso de conformismo que dice que “la clase media nunca existió” para justificar que el sistema ya no puede proporcionarla. Los millennials vimos el fracaso de la regeneración del 15M; ahora los jóvenes protestan por una habitación en un piso compartido, no por ser propietarios.

José Ignacio Conde-Ruiz: Fiscalmente, España tiene un sistema con demasiadas devoluciones. No tiene sentido tener tantos productos con IVA reducido; es mejor recaudar con un IVA general y compensar digitalmente a las rentas bajas con ingresos directos. También hay que eliminar la “trampa del subsidio”: si alguien con un subsidio de 500 euros acepta un trabajo de 700, no hay que quitarle todo el subsidio, sino dejar que los complemente para que siempre tenga incentivo a trabajar.

Sobre las pensiones: no toquemos a los ya jubilados, sería injusto. Pero el aumento del gasto por vivir más tiempo debe adaptarse. Propongo el factor de sostenibilidad: si la esperanza de vida aumenta, la pensión mensual debe adaptarse o bien trabajar más tiempo, compatibilizando pensión y trabajo para no perder horas trabajadas en la economía. La última reforma fue ridícula al ampliar el periodo de cómputo de 25 a 29 años pero permitiendo quitar los dos peores años, lo que al final aumenta el gasto.

Seremos el segundo país más envejecido del mundo tras Corea del Sur. Propongo crear cuentas individuales de capitalización obligatorias (con un 5% de retención del sueldo) que el trabajador pueda rechazar voluntariamente mediante un código QR; se ha demostrado que la mayoría de la gente mantendría el ahorro por inercia. Esto permitiría complementar la futura pensión de reparto, que inevitablemente será menor al haber menos cotizantes por cada jubilado.