Siete semanas después de haber sido exhibido en un par de videos, recibiendo paquetes de dinero en efectivo de manos de David León Romero, entonces hombre de Manuel Velasco en el gobierno de Chiapas, Pío López Obrador fue visto nuevamente en público, rodeado de empresarios, en un restaurante de la Ciudad de México. Se especulaba si para entonces el hermano del presidente de la República ya se habría presentado a declarar ante las autoridades por presunto tráfico de influencias y uso de recursos públicos en campañas de Morena, ambos delitos electorales que en Palacio Nacional fueron explicados como “aportaciones para fortalecer el movimiento”.
Pero Pío hizo más y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por la divulgación de los videos de las entregas de dinero, ya que –según él– fueron obtenidas mediante intervenciones de comunicaciones privadas, por lo que pidió se castigue con 12 años de cárcel a quien resulte responsable, aunque señala que fueron el medio digital Latinus y el periodista Carlos Loret de Mola quienes dieron a conocer las videograbaciones.
La acción legal de López Obrador luce llena de inconsistencias. Lo suyo con el personero de Manuel Velasco no fue la intercepción de una comunicación privada, sino un posible acto de corrupción, videograbado por uno de los dos implicados durante un encuentro en un lugar público. Sostiene que sus conversaciones tenían carácter de reservadas y por tanto deberían estar protegidas por el sistema de justicia que reconoce el respeto al derecho humano a la intimidad, pero pasa por alto criterios jurídicos emitidos por diversos tribunales en casos en que la libertad de expresión y del derecho a la información entran en conflicto con los llamados derechos de la personalidad, entre ellos, el derecho a la intimidad y el derecho al honor.
El hermano del presidente lleva más de 30 años en la política. Además de ser coordinador en Chiapas de la campaña presidencial de Andrés Manuel en 2006, ha sido su operador político permanente en el sureste, ha competido por cargos de elección popular y actualmente ocupa una posición como consejero nacional de Morena. Es decir, se trata de un personaje implicado en asuntos de relevancia pública y, si admite que esta es una democracia, entonces debe reconocer también que tiene un umbral distinto de protección, que lo expone a un mayor escrutinio de la sociedad y a soportar un mayor nivel de injerencia en sus actividades como parte del libre debate público.
Con base en el mismo razonamiento usado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver una demanda de Martha Sahagún contra el semanario Proceso por supuestas intromisiones en su vida privada, puede considerarse que, aunque Pío López Obrador no desempeña un cargo gubernamental, ser hermano del presidente y participar en actividades políticas le confiere una “proyección o notoriedad”, de la que se beneficia al recibir un trato distinto.
En esas circunstancias, “debe resistir mayor nivel de injerencia en su intimidad que las personas privadas o particulares, al existir un interés legítimo por parte de la sociedad de recibir y de los medios de comunicación de difundir información sobre ese personaje público”. Aunque hoy se asuma como agraviado, fue él quien decidió someterse voluntariamente a los riesgos que su actividad política implica, incluida la opinión y crítica de terceros, incluso aquella que le pueda resultar molesta, incomoda e hiriente.
Por otro lado, Carlos Loret y Latinus pueden ampararse en el secreto profesional del periodista, es decir, el derecho que tienen los comunicadores a negarse a revelar la identidad de sus fuentes, lo cual es condición necesaria para que el flujo de información que permite iniciar reportajes o profundizar líneas de investigación no se vea obstaculizado, en beneficio del interés general.
Si bien Andrés Manuel López Obrador manifestó su desacuerdo con la denuncia penal de su hermano, este –como escribió el propio Loret– no es más que otro ejemplo de la permanente agresión del actual régimen contra quienes han exhibido y denunciado sus tropiezos, y en general contra el ejercicio de la libertad de expresión.
El presidente, que insulta a diario a sus críticos en su conferencia de prensa matutina, asegura que no se va a tocar al periodista “ni con el pétalo de una rosa”, pera, acto seguido, incluirlo en una perorata sobre la “prensa vendida y alquilada” al servicio de grupos de intereses creados que están ahora inconformes con la política de purificación que su gobierno está llevando a cabo.
Ya lo dijo alguien antes: la penumbra es la mejor tierra para que florezca la corrupción y fallezca la discusión y el debate público. Lo que está en juego en esta embestida del poder contra el periodismo independiente es el derecho de los ciudadanos a saber.
Periodista. Autor de Los voceros del fin del mundo (Libros de la Araucaria).
