Hemos perfeccionado una riesgosa posición de espectadores, capaces de ver con relativa facilidad sucesos que afectan nuestros entornos y realidades, sin que ello signifique romper la ligereza en la condición de quien ojea con distancia impuesta. Lo hicimos sin preguntarnos si existe una ética del espectador. Si hay límites a la manera en que vemos y si nuestro papel, los papeles diversos en esta situación, implican una responsabilidad hacia el resto. Conjugo en plural por tratarse de un fenómeno social, y porque es agotadora la defensa de virtudes individuales en quienes no se asumen parte del contexto en el que vivimos todos.

En México, sin importar posiciones ideológicas, somos espectadores del más reciente escándalo que vincula al crimen de más altos vuelos con la política y la gobernanza. Fuimos espectadores de sus efectos, de Chiapas a Chihuahua, mucho antes de que lo recibiéramos ataviados de audiencia. Somos espectadores de las defensas a un proyecto político al que ponen por encima de la vida de la gente, en los territorios donde la metástasis de lo delincuencial con lo público pasó de lo plausible a la costumbre para convertirse en sistema. Vemos relativizaciones o esgrimas retóricas que no se detienen a pensar en la dificultad para recuperar la civilidad que acarrea su postura, digamos, política. Y no se detienen porque también juegan a ser espectadores, aunque de otro tipo.

Somos espectadores de las madres que salieron a las calles hace unos cuantos días, como lo hacen el resto del año, en reclamo para dar con el destino de sus hijos desaparecidos y hemos sido espectadores del proceso que lleva a su desaparición.

Somos espectadores del intento de recorte al calendario escolar y de las múltiples traducciones con las que algunos buscaron minimizar sus efectos sobre la educación. Éramos ya espectadores de un desinterés o incapacidad para entender el papel del sistema educativo en la construcción social y del Estado.

Le ética del espectador no es una idea ajena a los escenarios de conflicto. Gaza, Sudán, Siria, el trato a migrantes en Norteamérica o en Europa, están sujetos al debate ético. ¿Se puede ver sin reaccionar, sin exigir o reclamar? ¿Se puede mentir y manipular para dirigir la atención a lo que no la tiene? ¿Se puede ver con mayor repulsión una tragedia y no otra? ¿Qué tan válido o congruente es hablar de democracia y liberalismo o sus crisis mientras se atestigua o avalan condiciones que niegan sus principios? ¿Qué tan partícipe de una realidad es el espectador?

Estos son debates distantes de México. No se trata, aunque partan de ahí, de reflexiones ligadas exclusivamente al valor de la verdad, a los principios o valores, o a la filosofía en general, política y teórica. Al tratase de asuntos públicos, la ética del espectador es una discusión pragmática sobre las posibilidades de un país para resolverse.

La discusión sobre propaganda, leitmotiv de la época política inaugurada por el Brexit, en este país no alcanza la profundidad que tiene en Estados Unidos, Hungría, India, Pakistán, incluso España, pese a la vulgaridad de su amplísimo ejercicio nacional. La escenificación de un viaje en tren en México, con medio gabinete fingiendo ser pasajeros en tránsito a un destino imaginario, fue una anécdota tropical que se disolvió con los años y en otros lugares habría alcanzado para materia de parodia totalitaria. Hoy, poco es más previsible que el incesante empleo de ridículos eufemismos para cada desastre relacionado con la administración pública, accidentes ferroviarios o derrames petroleros con muertos o devastación ambiental de por medio. A la explosión en una estación de hidrocarburos se le llama emanación de vapor sin que nadie chiste más allá del meme.

Paradójicamente, ninguno de esos folclorismos es tan perjudicial para el ambiente político como la propaganda envuelta en la falsedad de una crítica que decide justificar las acciones del poder en lugar de dudar de ellas.

En este país, funcionarios de todo cargo son incluidos en las secciones editoriales en los diarios sin que eso extrañe o sin que lo publicado a su nombre implique la postura de su responsabilidad. ¿Sabemos que no es común que haya un número tan alto de funcionarios con columna de opinión? Cuando los funcionarios publican, es porque tienen que comunicar algo relacionado con su trabajo. Para eso tienen infinidad de canales más eficientes que textos en revistas y periódicos. Quienes llevamos media vida en ellos lo sabemos. Los suyos, casi por norma, son propaganda que devalúa la voz institucional del cargo, parte de una particular relación con la prensa que afecta un espacio de rendición de cuentas.

A pesar de que el gobierno federal acusa de manera constante a sus opositores de montar una supuesta coreografía respecto a cada incidente, son las voces oficiales las que deben preocupar más. Por principio y lógica básica, si una oposición políticamente intrascendente y mal organizada efectivamente replicase sus reacciones, ello importaría menos que la actitud equivalente entre quienes sí cuentan con la capacidad de dispersión de su mensaje por su cercanía al discurso oficial.

Alrededor del informe del Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas sobre la situación en México de la materia de su mandato, una sincronía de enojos respondió con argumentos excesivamente similares a los empleados semanas después para rechazar procesos judiciales estadounidenses contra políticos vinculados con organizaciones criminales. Una proverbial y coja idea de soberanía, aparente virtud del proyecto político en el poder, siempre impoluto en su naturaleza, según ellos mismos. Las contradicciones alrededor de la legalidad o no de procesos no vieron complicación en expulsiones previas y no extradiciones en el marco de acuerdos. Quizá sea muy difícil entender que todo tratado entre países implica una cesión de su soberanía.

En ambos casos, funcionarios y afines, tiende a reinar la ausencia de responsabilidad y una actitud que se asume espectadora, no partícipe.

La responsabilidad no es asunto político ni social en este país. Se confunde con la culpa, se disfraza con la relativización.

Las posiciones fundamentales –es decir, las que tratan temas serios– no están exentas del peso de la responsabilidad. La responsabilidad es un límite al impulso de la palabra. Una frase sin responsabilidad es cercana a la tontería de quien asume que puede pronunciarla sin trabas, ni siquiera las de los límites de la razón –aunque claramente hay un proceso racional en la fantasía o la mentira–, de la lógica, del sentido de las cosas, de la secuencia de los actos.

Si una opinión pública se pronuncia sin responsabilidad, lo hace sin compromiso. Puede entonces decir lo que sea y significará nada. Desaparece la idea de principio, en la que los hechos y palabras tienen consecuencias, así sea que, en la crisis de comportamientos políticos, cada vez con más frecuencia dejan de tenerlas.

Cuando un país se llena de espectadores, se modifica la arquitectura de una sociedad. Cuando esa arquitectura modificada se encuentra con la deformación de las estructuras del Estado, algo se pone en riesgo. En la ausencia absoluta de responsabilidades, hay riesgos más permanentes que otros. ~