La destrucción de la eficacia del juicio de amparo no solo hará inútil al principal medio de defensa ciudadana contra las arbitrariedades gubernamentales desde hace 178 años, sino que acabará por expandir la economía del crimen, con brokers e intermediarios entre los que no tengan cuentas o permisos y los que puedan gestionar sus recursos. De hecho, es posible que se expanda la economía subterránea, como en los casos que a continuación señalamos, a manera de ejemplo.

Sistemas de economía en efectivo e intermediación financiera informal

Cuando la defensa judicial se vuelve inútil, la gente busca su propia forma de justicia económica. En México y América Latina, el sistema financiero formal sigue siendo un privilegio de minorías: más de la mitad de los adultos no tiene acceso bancario pleno, y alrededor del 54 % de los trabajadores vive en la informalidad. El efectivo domina el ecosistema transaccional, y su peso no ha disminuido ni con los incentivos digitales ni con la presión fiscal.

Esa brecha genera intermediarios. En el mercado mexicano existen las llamadas cuentas mulas: personas que, por una comisión, prestan su cuenta bancaria para recibir o mover dinero de terceros. El fenómeno es idéntico al de las redes hawala en Asia y Medio Oriente, donde los flujos financieros se transfieren por confianza y anonimato, sin intervención bancaria.

Cada restricción formal –una cuenta bloqueada, una suspensión administrativa, un congelamiento de la UIF– multiplica el valor de estos intermediarios. Es un mercado negro de puenteadores financieros que administran el riesgo legal ajeno, cobran por acceso al sistema y operan donde el Estado destruyó la certidumbre jurídica.

Antes de la reforma a la Ley de Amparo, un particular que sufriera el congelamiento arbitrario de su cuenta por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera podía promover un amparo para recuperar sus recursos y detener el abuso. Ese juicio permitía al juez suspender el acto y evitar que el dinero quedara inmovilizado durante todo el proceso.

Con la reforma, esa suspensión ya no será factible: el ciudadano seguirá con sus fondos bloqueados por meses o años, y la defensa perderá sentido práctico. De hecho, la ausencia de suspensión en el tema de licencias, permisos, concesiones y clausuras, también incentiva que los negocios operen en la informalidad total, ante la ausencia de garantías para operar en regla.

El mal diseño institucional del sistema tributario y de justicia en México crea poderosos incentivos para la informalidad: si el gobierno cobra impuestos de manera arbitraria y gravosa, puede congelar cuentas sin motivos justificados y los servicios públicos son de mala calidad, ¿qué sentido tiene para un gobernado dejar la trazabilidad de sus recursos e ingresos? A las motivaciones delincuenciales de la economía en efectivo se suma la conveniencia, para el ciudadano común, de no soportar cargas e intervenciones gubernamentales.

Así empieza la nueva economía del crimen: no con armas, sino con transferencias disfrazadas de servicio.

Colombia: invasiones, “tierreros” y usucapión

Colombia ofrece un caso visible del mismo patrón: cuando el Estado abandona el remedio, prospera el intermediario. Allá, la usucapión o prescripción adquisitiva –llamada declaración de pertenencia– permite legalizar una posesión continua y pacífica de un bien. En principio, es una figura de seguridad jurídica; en la práctica, se volvió el punto final de una cadena criminal: la de los tierreros.

Los tierreros son brokers de suelo: invaden predios, los parcelan, los venden y luego inician litigios para consolidar la prescripción a nombre de sus clientes. Existen redes documentadas en Bogotá (Usme, Ciudad Bolívar) y en la Costa Caribe, con modus operandi idéntico al de una inmobiliaria paralela. Los compradores pagan por adelantado una promesa de legalización futura; los tierreros cobran la comisión y usan abogados que explotan vacíos procesales o corrupción judicial.

El incentivo es claro: mientras los verdaderos propietarios no tengan protección judicial eficaz, la usucapión se vuelve un instrumento de despojo rentable. En México, la usucapión o prescripción adquisitiva generó ciertas prácticas criminales, a través del uso de paracaidistas, pero nunca con la extensión y complejidad del caso colombiano, principalmente porque el crimen organizado no puso atención especial en esos, limitándose a apoderarse por la fuerza de los inmuebles que requerían para sus operaciones. Sin embargo, este escenario puede cambiar con las reformas que debilitan los medios de defensa.

En los sistemas latinos, el propietario puede promover la acción reivindicatoria para que le sea restituida la posesión de su inmueble invadido. Pero la situación es más complicada cuando se simula una venta con la colusión de autoridades, ya que en México sigue un sistema de escasas formalidades, en las que la escritura pública y la inscripción en el Registro Público de la Propiedad solo tiene efectos contra terceros.  En contraste, en Alemania se requiere la inscripción en el registro público para que el inmueble cambie de propietario.

Hasta antes de la reforma de Sheinbaum, el propietario afectado podría acudir al amparo cuando las autoridades toleraran o convalidaran una invasión, y el juez podía ordenar la restitución inmediata del bien mientras se resolvía el fondo. Sin esa suspensión, el predio quedaría ocupado durante años, y el despojo se consolidaría de hecho, igual que en el caso colombiano. Aunque existen las denuncias penales contra autoridades corruptas, su efecto es incierto y no es próximo en el tiempo.

Además del tráfico de inmuebles, la ausencia de un amparo real en México podría producir un espejo local: una usucapión económica, donde los derechos bancarios, fiscales o patrimoniales sean ocupados por intermediarios con protección política o criminal.

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La inutilización del amparo producirá, entonces, tres consecuencias predecibles:

1. Brokers financieros y administrativos. Aparecerán intermediarios especializados en “desbloquear” cuentas, permisos o sanciones, cobrando comisiones del 10 % al 30 % por gestionar relaciones o sobornos, porcentajes que ya utiliza el crimen en otros negocios ilícitos.

2. Expansión de la economía subterránea. El efectivo volverá a ser refugio, con un crecimiento paralelo de los servicios off the record que permitan mover dinero o recursos sin exposición legal.

3. Captura política de la ilegalidad. Los nuevos intermediarios requerirán protección, y esa protección será política: una alianza entre poder y crimen disfrazada de gestoría.

Los síntomas ya están a la vista: el sistema financiero informal y los mercados de intermediación son precursores del fenómeno que se consolidará cuando el amparo deje de tener efecto.

La lección es sencilla: cuando el Estado anula los remedios legales, la ilegalidad ocupa su lugar. Si el amparo deja de ser defensa de los gobernados, la situación resultante se convierte en negocio de los criminales. ~