Una lección de la presidencia de Donald Trump es que el sistema jurídico estadounidense no contaba con suficientes mecanismos para protegerse de un sujeto políticamente irresponsable, que se entrometió en la labor del FBI y presionó tanto a funcionarios electorales como a su mismo vicepresidente para revertir los resultados de las elecciones de 2020. Las autoridades de Estados Unidos han tenido que hacer circo maroma y teatro para lograr acusar a un expresidente que, en un sistema con controles modernos, hubiera sido procesado al siguiente día del asalto al Capitolio.
Su historia deja varias enseñanzas para México. Claramente, Andrés Manuel López Obrador ha desobedecido órdenes del Instituto Nacional Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de juzgados y tribunales federales. Además, López Obrador, entre otras cosas, debe responder por las violaciones a derechos humanos, a la Constitución y a las leyes, respecto a su manejo de la pandemia de la covid-19; el desabasto de medicinas y la mala atención a la salud; los ataques a la libertad de expresión, dirigidos a medios y periodistas; y el uso punitivo de las instituciones del Estado para atacar a sus adversarios ideológicos, que abarcan desde las presiones para sacar de la Corte a Eduardo Medina Mora, pasando por los amagues a contribuyentes realizados por Raquel Buenrostro durante su gestión en el SAT, hasta la persecución a científicos orquestada por María Elena Álvarez-Buylla, la directora del Conacyt.
El problema es que no existe un mecanismo efectivo y certero para castigar a un presidente mexicano en funciones. Los tribunales del país se han cansado de ordenarle al presidente López Obrador que no intervenga en asuntos electorales, que no ponga en circulación unos libros de texto gratuitos que no fueron puestos a consulta como marca la ley, y que deje de ofender a una aspirante opositora. Él simplemente no acata lo que le dicen los jueces.
La Constitución establece que el presidente puede ser juzgado por la comisión de delitos, pero el diseño del procedimiento es oscuro, complejo y engorroso, con la clara intención de que no se ponga en práctica. En teoría, la Corte puede separarlo de su cargo por desobedecer una sentencia de amparo, sin necesidad de agotar un procedimiento en el Congreso de la Unión, pero no existen precedentes y sin duda habría una crisis constitucional y política si el Máximo Tribunal del país intentara esa vía. De hecho, las sanciones que en el pasado pudo recibir el presidente López Obrador por parte de autoridades electorales se sustentaban en normas reglamentarias, de baja jerarquía normativa.
Estados Unidos no había necesitado los controles y autonomías que existen en España o Alemania porque su clase política suele ser responsable. La llegada de Trump a la Casa Blanca dejó en evidencia que era necesario que el ejecutivo no tuviera poderes jerárquicos sobre el procurador general, el director del FBI y una decena más de oficinas que podían ser utilizadas para atacar a los críticos y adversarios del presidente. Trump, valga decir, ejerció el poder como un político mexicano promedio.
Nuestra clase política es proverbialmente irresponsable, pero los constituyentes jamás han hecho un esfuerzo efectivo para controlar al Ejecutivo: este es un país de caudillos y lo más que pudo hacer el sistema autoritario fue instaurar un rey sexenal que coordinara el pacto corporativo. Con el advenimiento de la democracia se crearon algunas autonomías, a regañadientes y orientadas al gatopardismo.
La ausencia de rutas jurídicas, que no políticas, para la rendición de cuentas, solo ha empeorado ante la posición de un presidente que pretende concentrar todo el poder, no solo ejecutivo, sino capturar a la Corte y a los tribunales y asegurar el control que ya tiene sobre una buena parte del legislativo.
Pero López Obrador dejará el poder, y se ve muy difícil que en ese momento se pueda contar con un sistema nacional de responsabilidades que lo ponga en el banquillo de los acusados, sobre todo porque nuestro modelo constitucional no permite tribunales especiales ni leyes retroactivas. Existe una vía, bastante complicada, para establecer tribunales extraordinarios en caso de que haya una violación sistemática de la Constitución. Pero no parece factible que se instale un tribunal específico para juzgar los delitos del presidente.
Sin embargo, la oposición podría responder al intento de reforma judicial promovida por López Obrador con una propuesta de reforma al Ejecutivo, que implique controles, mecanismos de cumplimiento y sanción que lo despojen del carácter de rey de hecho que todavía ejerce, y lo sometan al imperio de la ley al que debe estar sujeto cualquier funcionario electo en una democracia. La oposición debería plantearse hacerla antes del fin de sexenio, ya que aún queda un año de una presidencia que, hasta el momento se antoja impune. Es hora de que exista un marco de control que someta a este presidente, y a los que le sigan, al orden legal. ~
