Foto: ACNUR/ Markel Redondo

Para estar #ConLosRefugiados hay que empezar por reconocerles sus derechos

En el Día Mundial de los Refugiados, el gobierno de México se sumó al discurso solidario para con ellos. Estas buenas intenciones contrastan con la atención que se le presta a las solicitudes de refugio en este país.
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Ayer fue el Día Mundial de los Refugiados y la Secretaría de Gobernación, como cada año, se sumó al discurso solidario para con ellos:

 

Mientras que Osorio Chong, como prueba de que México efectivamente está #ConLosRefugiados,compartió la historia de Milana, una rusa que tuvo una experiencia “muy bonita” con la Comisión Nacional de Refugiados (Comar):

Pero la experiencia de Milana es casi extraordinaria, porque, si bien es cierto que el número de solicitantes de refugio se ha incrementado considerablemente en los últimos años, 8,788 solicitudes en 2016, frente a las 400,000[1] personas que, de acuerdo con Peña Nieto, cruzan irregularmente la frontera sur de nuestro país, es un número francamente pobre. 

De acuerdo con la Ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político, “todo extranjero que se encuentre en territorio nacional tiene derecho a solicitar, por sí, por su representante legal o por interpósita persona el reconocimiento de la condición de refugiado”. En el artículo 13 de esta misma Ley se enlistan los supuestos bajo los cuales se reconocerá la condición de refugiado: fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, o que ha huido de su país de origen porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos.

De acuerdo con el reglamento de la Ley sobre refugiados, en caso que los extranjeros no sepan de la existencia, o el funcionamiento, del proceso para solicitar la condición de refugiado, la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados tiene la obligación no solo de proporcionarles información sobre su derecho a solicitar que se les reconozca esta condición, sino que también debe “detectar a los extranjeros que, derivado de las manifestaciones vertidas ante la autoridad migratoria o bien por su condición personal se pueda presumir que son posibles solicitantes de la condición de refugiado, informándoles su derecho a solicitar el reconocimiento de dicha condición”  (Artículos 15 y 16 del reglamento).

Pero, sorprendentemente, o no, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) reporta que de las personas originarias de Guatemala, Honduras y El Salvador (el Triángulo Norte de Centroamérica, TNCA) que entran a nuestro país de manera irregular, menos del 1 % solicita asilo o refugio básicamente por falta de información. Esto es: nunca se les informa que tienen este derecho. Médicos Sin Fronteras ha documentado que en la práctica las autoridades migratorias en México no brindan información sobre la posibilidad de solicitar refugio, ya que trata a la mayor parte de los originarios del TNCA como migrantes económicos, y se entiende que los migrantes económicos, a diferencia de los refugiados (que huyen por las razones que mencionamos arriba), se mueven de sus países por “conveniencia personal” buscando mejorar su nivel de vida. 

Pese a que hemos sido reconocidos a nivel internacional por nuestras buenas intenciones institucionales para proteger a los refugiados (en la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984 propusimos que se ampliara la definición de “refugiado” a toda persona que huya de la “violencia generalizada”), la realidad sigue siendo apabullante. El año pasado Peña Nieto, Barack Obama y el entonces secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, presidieron la Cumbre de Líderes sobre Refugiados. Ese mismo año, México concedió asilo a menos de 4,000 personas del TNCA, al tiempo que expulsó a 141,990 provenientes de esa región. Si Milana hubiera sido centroamericana, ayer habría tenido poco que celebrar.

[1] La ACNUR estima que son 500,000 personas anuales.

 

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Es politóloga, periodista y editora. Todas las opiniones son a título personal.


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