La pequeña ciudad de Numancia desafió las ínfulas imperiales de Roma y así le fue. En el Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. (CIDE) desafiamos el autoritarismo de la directora de Conacyt, Maria Elena Álvarez-Buylla, y así nos va.
Del histórico asedio que mantuvo Escipión Emiliano, el destructor de Cartago, sobre la población numantina queda la leyenda, las obras de Miguel de Cervantes y las lecciones para la posteridad. A estas últimas me refiero al comparar el CIDE con la ciudad celtíbera, pero bien podría hacerlo con otras organizaciones y colectivos, pues hay similitudes entre los oficios políticos romanos y los del régimen encabezado por el presidente López Obrador.
Las comparaciones históricas son problemáticas y los recuentos de daños fácilmente terminan en paños de lágrimas. Este texto no pretende ser un desahogo ni un análisis comparado, sino que busca dar testimonio. Las referencias históricas se ocupan estrictamente para comentar las desventuras que ocurren en mi institución educativa, y de ninguna manera pretenden banalizar el heroísmo numantino ni exagerar la movilización cideíta. En todo caso, este documento es una tragedia.
La invasión de Roma a Hispania avanzó en batallas puntuales que le permitieron ir capturando pueblos de uno en uno, cuenta Schulten en su Historia de Numancia, de 2004. Cuando llegó el turno de Numancia, ya habían destruido Cauca y ocupado Llerda y Tarraco. De manera similar, cuando Álvarez-Buylla impuso ilegalmente a Romero Telleache en la dirección del CIDE, ya había arrasado con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico y capturado los centros de Investigación en Óptica (CIO) y de Investigación Científica de Yucatán (CICY) .
En lo que toca al CIDE, el asedio empezó con la desaparición de dos fideicomisos integrados por recursos autogenerados de proyectos externos y publicaciones realizadas por el personal académico del Centro. De estos fondos dependían gastos operativos y becas de manutención para estudiantes de bajos recursos. El estrés administrativo que esto generó en la institución fue utilizado por Conacyt para presionar la renuncia del director Sergio López Ayllón con la finalidad de colocar a un incondicional en su lugar.
De manera similar a cómo el Senado romano tuvo que adulterar la ley de cónsules para poder enviar a Escipión a conquistar Numancia, Álvarez-Buylla violó la normativa del CIDE para imponer a Romero en la dirección. Aquí inicia el sitio metafórico, con las primeras agresiones directas: las destituciones arbitrarias de Alejandro Madrazo de su cargo como director del campus Región Centro y de Catherine Andrews de la Secretaría Académica, así como con la suspensión de las comisiones evaluadoras y el uso de un escolta armado al interior del plantel en respuesta de Romero a la inconformidad estudiantil.
Desde el 29 de noviembre de 2021, fecha en la que la comunidad estudiantil tomamos las instalaciones de los dos campus del CIDE, han transcurrido seis meses y los problemas, lejos de resolverse, están empeorando. A las dificultades políticas se suman las financieras y las académicas. Procedo a explicar los tres en orden.
I. La ilegitimidad e ilegalidad como marca personal
Tras la reforma ilegal a los Estatutos del CIDE realizada a finales de enero, el Conacyt impuso a Jordy Micheli como secretario académico a pesar de que no cumple los requisitos estatutarios, y reservó por tres años el acceso a las actas del Consejo Directivo que supuestamente formalizan el nombramiento de Romero como titular. Extrañamente, la dirección del CIDE respondió a la solicitud de transparencia no. 330004922000029, en la que pedí copia de las actas, que: “Conacyt no ha enviado las grabaciones correspondientes de la sesión para elaborar los proyectos de acta correspondientes. […] tampoco ha enviado las listas de asistencia firmadas correspondientes a la sesión”.
A la par, Romero contrató sin seguir el procedimiento a Rodrigo Aliphat y Óscar García como investigadores, y ellos lo apoyaron en el hostigamiento y persecución que hizo de un estudiante de licenciatura a lo largo de la explanada y hasta un baño cercano, en represalia por que se refirió a él como “director espurio”. De este reprobable episodio se levantaron denuncias ante el Órgano Interno de Control a finales de febrero, y a la fecha no hay resolución.
En abril, la comunidad estudiantil organizamos un simbólico proceso de revocación de mandato al interior del Centro, para preguntar por la aprobación de Romero. Obtuvimos una participación superior a la que convocó el presidente de la República, al alcanzar al 42% de la comunidad en su conjunto (alumnos, trabajadores y académicos). Los resultados fueron abrumadores: el 94% votamos a favor de su destitución inmediata por falta de legitimidad.
Más recientemente, Romero destituyó sin mediar explicación a Grisel Salazar del cargo de coordinadora de la maestría en Periodismo. En su lugar nombró a Ruth Dávila, cercana colaboradora de John Ackerman, uno de los grandes beneficiarios de los fondos públicos Conacyt y a quien también invitó a inaugurar de manera presencial un seminario que cuestionó el “modelo neoliberal de la democracia” y que se caracterizó por la ausencia de asistentes y de académicos del CIDE, a pesar de ser supuestamente coorganizado por esta institución. Durante el evento, realizado el 25 de mayo, el conductor de Diálogos por la democracia se resistió a contestar los cuestionamientos de la comunidad estudiantil respecto a la ilegitimidad de su anfitrión.
Finalmente, la directora de Evaluación Académica, Celine González Schont, renunció al cargo tras denunciar hostigamiento laboral por parte de Romero y negligencia de Micheli Thirion, su superior jerárquico directo, quien no hizo nada al enterarse de la situación. De la violencia que González Schont ha sufrido estos meses se fundamentan nuevas acusaciones ante el órgano de control.
Es claro que Romero aprendió bien de la arbitrariedad de Escipión, pero olvidó leer a otro célebre romano, Marco Aurelio, que en sus Meditaciones nos enseñó que la justicia inicia con tratar a los demás como uno desea ser tratado.
II. La asfixia presupuestal no es incapacidad, sino corrupción
Durante el primer semestre de gestión de Romero, los estudiantes hemos visto una disminución en el número de suscripciones a revistas científicas, la reducción de rutas de transporte interno, el cierre indefinido del gimnasio, la caída de la intranet en la que estudiantes realizamos trámites escolares e incluso insuficiencia de agua potable para beber y el surgimiento de un brote de E.coli en el comedor, que contagió a decenas de personas, ninguna de las cuales ha recibido compensación por los gastos médicos en los que incurrió.
Por su cuenta, académicos se han enfrentado a una negociación sindical infructuosa en la que solo han obtenido la promesa de un aumento de 3.5% de sus salarios, sin que ello se haya materializado. También dejaron de recibir estímulos por publicaciones desde octubre pasado y desde enero no han cobrado la remuneración mensual por impartición de clases. Estas deudas se suman a los pagos por proyectos externos que están congelados desde la desaparición de los fideicomisos en 2020. Al momento de escribir, la institución debe a su personal académico cerca de 17 millones de pesos en trabajos ya realizados.
La explicación que otorga Conacyt al retraso de pagos de proyectos es que su Oficina de Asuntos Jurídicos, según sus palabras, tiene “excesiva carga de trabajo” y no ha podido revisar la propuesta de nuevos lineamientos que la administración de López Ayllón presentó hace 14 meses para ejercer los recursos de los fideicomisos, mismos que no pudieron integrarse a Hacienda porque eran autogenerados. Es decir, ese dinero está guardado en una cuenta bancaria sin que nadie pueda ejercerlo. Alargando el asedio, el pasado 18 de mayo debía sesionar el Consejo Directivo de manera ordinaria para aprobar las nuevas reglas de operación de estos fondos, pero el Conacyt suspendió de último momento la sesión y no hay nueva fecha de convocatoria. Entre noviembre y enero convocó en tres ocasiones a este órgano para lograr la imposición y ahora parece no tener prisa.
Mientras Romero realiza convenios de asistencia con el Programa Universitario de Estudios Sobre la Democracia, dirigido por Ackermann, la colaboración con entidades privadas y gubernamentales, tanto federales como locales, está suspendida porque a la par de los fideicomisos también desaparecieron las reglas de vinculación externa. Cabe mencionar que estos acuerdos representaban una oportunidad para la generación de recursos y un espacio de aprendizaje y prácticas en condiciones “reales” para los estudiantes.
De igual manera, al tiempo que se extingue el presupuesto del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas y del proyecto CLEAR (esfuerzos institucionales que, por ejemplo, impulsaron la agenda de evaluación en América Latina, el Sistema Nacional Anticorrupción mexicano y formaron a cientos de funcionarios públicos de todos los partidos), el director impuesto está gestionando la apertura de una nueva división que tentativamente ha bautizado como de “Planeación Económica”.
Si bien la creación de una división no es cuestionable en sí misma, es necesario advertir que con ella se abrirían nuevas plazas de investigador, a pesar de la supuesta austeridad. La llegada de profesores serviles le daría a Romero votos adicionales en el Consejo Académico, último espacio de resistencia institucional al interior del Centro.
La precariedad presupuestal que está asfixiando a la comunidad del CIDE es de tal magnitud que el Secretario del Sindicato de Personal Académico, Javier Aparicio, advirtió en conferencia de prensa realizada en el campus Santa Fe el 18 de mayo lo siguiente: “Se los digo con dolor y tristeza: el CIDE no es viable si no se normaliza esta situación” (min. 13:30). Y ante pregunta de periodistas insistió: “Si este tema no se resuelve, yo pongo en duda la viabilidad del CIDE el próximo semestre” (min. 31:48).
Quizá los menos afectados sean los trabajadores que han logrado rápidamente un acuerdo salarial a inicios de año. Claro, con la excepción del saliente liderazgo sindical que, a pesar de la exitosa negociación contractual, ahora es injustamente perseguido por haber manifestado simpatía con el movimiento estudiantil y ha sido sustituido por personas más inclinadas a la nueva administración del CIDE.
Lo único que puedo decir en defensa de quienes guardan silencio cómplice ante el desmantelamiento de la institución es que las limitantes de su accionar responden a la naturaleza cruel de los asedios: incluso en la valerosa Numancia hubo cinco que abogaron por la rendición incondicional a favor del conquistador.
III. La educación como accesorio secundario
El CIDE es el único centro público de investigación que imparte programas de licenciatura. No obstante, la administración de Romero decidió suspender el ingreso a la licenciatura de Políticas Públicas que se imparte en el campus Región Centro y, para pena de la comunidad estudiantil, lo hizo ya muy avanzado el proceso de inscripción y selección de alumnos. A los entusiasmados egresados de bachillerato se les ofreció elegir otro programa de estudios, pero en el campus Santa Fe, a 500 kilómetros de su opción original. Suerte similar enfrenta la maestría en Economía Ambiental.
Según la administración de Romero, el número de alumnos no justificaba el gasto en docentes. Un argumento tecnocrático que resultaría simpático viniendo de una administración de la “transformación”, de no ser por el impacto que tiene en los proyectos de vida de jóvenes que ven menguar uno de los pocos esfuerzos existentes por descentralizar la educación superior de calidad en México.
Ahondando aún más en el deterioro académico, toda la oferta de educación continua fue suspendida indefinidamente: diplomados, cursos especializados y la Escuela de Métodos han desaparecido. El cerco de Escipión impidió la salida de personas, el de Álvarez-Buylla se limita a cortar los beneficios sociales que el Centro reportaba a la nación mediante la formación de talento humano más allá de su propia matrícula estudiantil. Eso sí, oficialmente es sólo: “hasta nuevo aviso”. En el colmo del cinismo, cuando colegas estudiantes le preguntaron a Romero sobre la suspensión de la licenciatura, él se encogió de hombros y continuó su camino.
Así, mientras que Numancia caía por inanición, en el CIDE la resistencia decae ante la censura de espacios y recursos para el pensamiento y el aprendizaje.
Descrito el precario entorno al que nos enfrentamos, es oportuno recordar que, a diferencia de nuestro ejemplo histórico, el sitio del CIDE no es infranqueable y las opciones existen. Más de 25 académicos ya han pedido licencia y varios tienen ofertas laborales en otras universidades del país. Siendo profesionales altamente capacitados, es comprensible que valoren todas sus opciones, sobre todo si deben elegir entre pagar la manutención de sus hijos o esperar a que Álvarez-Buylla libere los salarios pendientes.
A los romanos les tomó un año de asedio conquistar el territorio y al final no quedó ciudad alguna para ocupar. Se conformaron con la vacua satisfacción de una victoria que les reportó enormes pérdidas y ninguna ganancia. De hecho, se dice que Escipión terminó pagando a sus soldados de su propio bolsillo pues de Numancia no obtuvo botín alguno.
Cosa similar ocurriría si el CIDE termina por caer. Álvarez-Buylla y Romero podrían sonreír satisfechos en las aulas vacías del talento humano que caracterizó durante décadas a esta institución de prestigio internacional. Acaso gozarán del presupuesto público mientras dure el sexenio, luego la justicia tocará a sus puertas. En cambio, profesores, egresados y estudiantes habremos de seguir sirviendo al país desde nuevos espacios. Incluso en el peor escenario el CIDE no desaparecería, sino que se expandiría.
No obstante, los procesos judiciales que hemos interpuesto continúan su curso y quedan todavía muchas voluntades dispuestas a plantar cara a la arbitrariedad. Al interior del CIDE la resistencia continúa, y al exterior son cada vez más los grupos vulnerados por un régimen que se niega a reconocer mayor complejidad social que la falsa dicotomía del “estás conmigo o contra mí”.
La historia de Numancia es un llamado a reconocer la fuerza que surge de la dignidad de una comunidad. En estos tiempos en los que colectivos, organizaciones e instituciones incómodas al poder estamos bajo asedio, hemos de recordar que siempre hay alternativas y que el futuro no tiene dueño.
Licenciado en Ciencias Políticas por la UNAM y actual estudiante de la Maestría en Administración y Políticas Públicas del CIDE, sede Santa Fe.
