El artículo de Arturo Sarukhán “El legado de la no política exterior de AMLO” puede leerse aquí. (N. de la R.)
Toda opinión pública sobre asuntos de Estado exige, como mínimo, sustento en los hechos. Cuando esa opinión además invoca la autoridad de un cargo que alguna vez se ocupó, la exigencia es mayor: no basta con la firma y el título: hace falta que lo dicho resista el contraste con el expediente. El ensayo de Arturo Sarukhán no lo resiste. Basten tres ejemplos, cada uno con su contraste correspondiente sobre el papel que jugó el propio autor como embajador del gobierno de Felipe Calderón.
1. América Latina. El sexenio de Andrés Manuel López Obrador reconstruyó vínculos con la región que el periodo neoliberal había dejado en el abandono: cooperación en salud, denuncia del acaparamiento de vacunas ante organismos internacionales, la creación de una agencia espacial regional y la exportación de programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro para atender causas profundas de la migración. Fiel a la tradición de asilo de la política exterior mexicana, en 2019 México recibió a Evo Morales y, más tarde, protegió a la familia del expresidente peruano Pedro Castillo.
El contraste es directo. El periodo en que Sarukhán fue alto funcionario del gobierno calderonista coincidió con una de las etapas de mayor violencia y desplazamiento forzado en la historia reciente del país: organizaciones como Amnistía Internacional documentaron más de 150 mil personas desplazadas por esa violencia. Fue también el periodo del operativo estadounidense “Rápido y Furioso”, en el que cerca de 2,000 armas cruzaron la frontera hacia México bajo vigilancia de la ATF sin que el gobierno mexicano fuera debidamente informado ni consultado —un episodio que, hasta hoy, sigue sin esclarecerse del todo y que representó una violación flagrante a la soberanía nacional.
2. Estados Unidos. La relación con Washington se sostuvo, entre 2018 y 2024, sobre una premisa de respeto que nunca cedió a la subordinación. En ese periodo se ratificó el T-MEC, se construyeron mecanismos trilaterales para atender la crisis de opioides y se desarrolló el Modelo Mexicano de Movilidad Humana, que reconoce a México como país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes. Ese modelo, profundizado por la administración de Claudia Sheinbaum, explica en buena medida que los encuentros con personas migrantes en situación irregular en la frontera sur de Estados Unidos hayan caído 90% entre octubre de 2024 y mayo de 2026, su nivel más bajo en cinco décadas.
El contraste, otra vez, es elocuente. Durante el sexenio de Calderón, con Sarukhán al frente de la representación de México en Washington, la relación bilateral se organizó en buena medida alrededor de la Iniciativa Mérida: un mecanismo de entrenamiento y equipamiento militar estadounidense que subordinó buena parte de la agenda de seguridad nacional a prioridades definidas del otro lado de la frontera, sin que la estrategia resultante lograra contener ni la violencia ni la migración que provocó.
3. Patrimonio cultural. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Antropología e Historia, durante el sexenio de López Obrador México repatrió 14,162 bienes arqueológicos, históricos y etnográficos que se encontraban en el extranjero: más de dos veces y media lo recuperado durante todo el sexenio de Calderón, cuando la cifra fue de 5,479. La actual administración ha añadido ya más de 3,700 piezas adicionales.
Ese mismo periodo calderonista, en cambio, no se caracterizó por proteger el patrimonio de la nación sino por desprenderse de él: la extinción de Luz y Fuerza del Centro, la apertura de la generación eléctrica a privados y, más adelante, la reforma energética que abrió el sector petrolero bajo la premisa de que México no podía desarrollarlo por sí mismo.
Frente a este expediente, la tesis de una “herencia tóxica” resulta difícil de sostener. Lo que existe hoy es una política exterior activa, con resultados verificables en cooperación regional, en el manejo de la relación con Washington sin ceder soberanía, y en la recuperación del patrimonio nacional. Quien perteneció a un gobierno que no pudo explicar el ingreso de miles de armas a territorio mexicano, y que entregó activos estratégicos de la nación, tiene cuando menos la responsabilidad de sustentar sus críticas con el mismo rigor que exige a los demás.
Toca, además, un tema de ética profesional que el propio ensayo omite. Es común que exfuncionarios de la política exterior transiten después hacia el sector privado, donde ofrecen a gobiernos y empresas el conocimiento y los contactos adquiridos en el servicio público. Esa práctica no es, por sí misma, motivo de censura. Pero sí exige un estándar más alto de transparencia cuando quien la ejerce se presenta, al mismo tiempo, como una voz crítica desinteresada de la política exterior de México.
Es un dato de dominio público, documentado en los registros de contratación del propio Gobierno de Chihuahua y reportado por una investigación de SinEmbargo (22 de junio de 2026): desde 2024, la consultora que Sarukhán fundó al dejar la embajada, Sarukhan and Associates LLC, fue contratada por adjudicación directa por la administración panista de María Eugenia Campos; en 2025 ese contrato se amplió a un esquema multianual vigente hasta 2027, con pagos mensuales de 28 mil dólares —cerca de 968 mil dólares en total—. Entre las tareas que los documentos oficiales atribuyen a la firma se incluye proporcionar “inteligencia política” sobre los procesos internos del gobierno y el Congreso de Estados Unidos, y apoyar la cooperación en seguridad fronteriza y migración —los mismos temas sobre los que Sarukhán opina públicamente como comentarista de la política exterior nacional—. No se trata, entonces, de un analista independiente: se trata de alguien que mantiene una relación comercial activa y remunerada con un gobierno estatal de oposición, precisamente en los asuntos sobre los que se pronuncia. Eso no descalifica por sí solo sus argumentos, pero sí obliga a leerlos por lo que son: la opinión de una pluma pagada, no la de un observador desinteresado, y esa condición debería declararse antes de erigirse en juez de la política exterior de México.
Resulta, por lo demás, contradictorio que el exembajador pretenda dar lecciones de soberanía después de una gestión diplomática marcada por la Iniciativa Mérida y por el operativo Rápido y Furioso, cuyo esclarecimiento sigue pendiente hasta la fecha. ~
Firma: la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Relaciones Exteriores
