Desde hace años, sabemos que el sector salud está en crisis. Sin embargo, parecería que como sociedad decidimos voltear la cara a esta bomba de tiempo, hasta que explotaron las noticias que evidencian las dolorosas carencias que el sector enfrenta.
En medio de esta situación, Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, anunció la semana pasada que su dependencia está investigando un monto de 26 mil millones de pesos en el sector salud. De esta cantidad, 12 mil millones de pesos (mdp) corresponden a irregularidades en compras públicas del ISSSTE, 7 mil 800 mdp a recursos no comprobados del Seguro Popular (SP) entre 2007 y 2016, y el resto a recursos que se enviaron a unidades médicas que no contaban con el aval del gobierno federal para recibir dinero del SP.
Vale la pena desmenuzar este aviso, ya que podría generar percepciones imprecisas.
Primero, me gustaría hablar del anuncio en sí. La suma de los recursos que se mencionaron en la conferencia mañanera corresponde a investigaciones que está llevando a cabo la Secretaría de la Función Pública (SFP). Falta conocer los detalles de las averiguaciones y saber a qué se atribuyen dichas irregularidades, pero no son necesariamente recursos que hayan robado los funcionarios.
Segundo, me gustaría dimensionar las cifras. Imaginemos por un minuto que cada peso que está persiguiendo la SFP se “perdió” y no llegó a los pacientes. Asumamos también que con la lucha anticorrupción de la administración actual estos recursos fueran recuperados y se sumarán al presupuesto 2020 en salud.
En este escenario simplista, podría hablarse de un incremento de 26 mil mdp en los recursos de la función salud, equivalente a un aumento del 4%. Sin embargo, con ello el gasto público en salud seguiría siendo menor al 3% del PIB, que es la mitad de lo que gastan los países avanzados. Es decir, el financiamiento en el sector todavía sería deficiente, lo cual es una noticia desesperanzadora para las personas que utilizan los servicios de salud.
Si el gobierno federal realmente busca que garantizar el derecho a la salud se convierta en un sueño alcanzable, necesita incrementar considerablemente el presupuesto para el sector, lo que a su vez requiere una reforma fiscal para obtener más recursos.
Ahora bien, si el gobierno quisiera demostrar cuáles han sido los beneficios de la lucha anticorrupción en materia de salud, deberá contar con indicadores que dimensionen el impacto de los servicios. Los ciudadanos necesitamos asegurarnos de que esta mayor cantidad de recursos disponibles se traduzcan, por ejemplo, en mayores tasas de sobrevida en los pacientes con cáncer, o en menos amputaciones como resultado de un mejor control en los pacientes con diabetes.
No obstante, hoy tenemos un portal de estadísticas para el sector salud que, aunque funciona mejor gracias a los esfuerzos que hizo la Dirección General de Información en Salud en 2019, solo cuenta con indicadores de gestión, como el número de consultas o egresos hospitalarios.
Aunque esta información es útil, es insuficiente para contrastarla con las quejas que los grupos de pacientes han manifestado, como la falta de quimioterapias para niños con cáncer o tratamientos para personas con VIH-SIDA. Con los datos disponibles un ciudadano no puede saber si los hospitales y clínicas públicas cuentan con los medicamentos necesarios, ni cuál es la efectividad de los servicios que la gente recibe.
La falta de evidencia impide distinguir si los reportes sobre falta de atención que han aparecido en los medios en semanas recientes son casos aislados o reflejan el estado del sector salud. Pero debemos recordar que, cuando se trata de salud, lo que está en juego es la vida de los mexicanos. El Gobierno tiene la oportunidad de marcar una diferencia, pero se requieren pasos firmes para mejorar el sistema de salud, y no solo acusaciones sin pruebas.
es coordinadora de proyectos del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C.
