La relación entre tributación y representación política ha sido estrecha a lo largo de la historia. El desarrollo de sistemas impositivos centralizados está ligado al sostenimiento del esfuerzo de guerra. La necesidad de financiar costosas campañas bélicas favoreció, de este modo, la aparición de administraciones eficientes e impersonales, así como de ejércitos profesionalizados, dos elementos que constituyen la base del estado moderno. Pero enviar hombres a combatir en los frentes de batalla y exigir tributos ha de llevar aparejada una contrapartida: la progresiva concesión de derechos de ciudadanía. Así, la guerra, los impuestos y la representación política han seguido cauces de evolución que no pueden desligarse.
Casi todas las revoluciones que han tenido lugar desde que diera comienzo la Edad Moderna han estado condicionadas por un binomio que podemos llamar tributación-representación. En España, en 1520 tuvo lugar la revuelta de los Comuneros, un movimiento que logró un gran respaldo popular y que significó una reacción contra las políticas fiscales abusivas de las que el emperador Carlos V se servía para financiar sus conquistas europeas. Ese malestar tributario, unido a los recelos que la llegada de la nueva corte flamenca del rey había despertado entre las élites castellanas, se tradujo en una insurrección que se prolongaría durante dos años. El enfrentamiento entre el poder monárquico y las Cortes castellanas se resolvió a favor del emperador, pero aquel episodio nos anunciará la tensión política que protagonizará los siglos venideros, marcados por una pugna de soberanía entre el absolutismo y el parlamentarismo, o, si se prefiere, entre el rey y la nación.
En Francia, coincidiendo con el final de la Guerra de los 30 años, tuvo lugar la rebelión de La Fronda, cuyo estallido estuvo también vinculado con la política fiscal. Los súbditos franceses llevaban décadas sometidos a una presión tributaria excesiva, motivada por las necesidades económicas de la guerra. Los contribuyentes esperaban que la asfixia fiscal cejara al término de la contienda, pero Mazarino decidió continuar la política de Richelieu, desatando una gran indignación que se extendió por la nobleza, los parlamentos y las clases populares. La desunión de esta oposición permitió a la monarquía sofocar las revueltas, pero el Estado se encontraba ya en una descomposición avanzada que desembocaría, a finales del siglo posterior, en la Revolución Francesa.
No es casualidad que el ensayo revolucionario se produjera en 1789, pocos años después de la Revolución americana. Las Trece Colonias habían declarado su independencia respecto a la metrópolis británica en 1776 y culminado su constitución nacional en 1787, después de que Londres promulgara una serie de leyes para aumentar la presión fiscal en las colonias. Una de las ideas que conduciría al nacimiento de los Estados Unidos sería la de “No taxation without representation”, esto es, “ningún impuesto sin representación política” o “sin representación no hay tributación”. El lema proviene del “Quod omnes tangit ab omnibus approbari debet” (“lo que a todos toca todos deben aprobarlo”), un principio del derecho romano contenido en el Código de Justiniano, sobre el cual se construyó el principio de legalidad en Europa, y especialmente en Inglaterra, donde la Revolución gloriosa ya había establecido un siglo antes que el rey no podía crear nuevos impuestos sin el consentimiento del Parlamento.
La culminación de la independencia estadounidense supondría la conquista del orden político moderno, que Fukuyama ha establecido en la construcción de tres pilares: un Estado sólido capaz de hacer cumplir las leyes, la subordinación del Estado al principio de legalidad y la responsabilidad del gobierno ante los ciudadanos. Después, Napoleón derrotaría a la monarquía prusiana, llevando las nociones de libertad e igualdad a la “Europa hegeliana”. Según Kojève, desde 1806 la política moderna quedó inventada, asegurando que todo lo que ha venido después no es más que “material de relleno”. Ya no se trata de buscar principios políticos superiores, sino de llevar estos cada vez a zonas más amplias del mundo. Esta idea dará pie al famoso ensayo de Fukuyama sobre “el fin de la historia”.
Parece claro que el desarrollo institucional ha estado muy influido por las políticas tributarias. No obstante, ya Fukuyama advertía de una paradoja: si la modernidad se había erigido sobre la idea de que no hay tributación sin representación, en la posmodernidad parecemos avanzar hacia una inversión de los términos: no hay representación sin tributación.
Efectivamente, una vez quedaron establecidos los principios del gobierno moderno, el siglo XIX estuvo protagonizado por dos grandes movimientos políticos de masas: el nacionalismo y el comunismo. Aunque ambos fueron derrotados, legaron algunas de sus premisas a las generaciones posteriores. En todo Occidente fueron exitosos, durante el siglo XX, los partidos que representaban a los trabajadores. Esta filiación estaba inspirada por el concepto de clase, un término aglutinador que dotaba de pertenencia y de dignidad a los obreros. Buena parte de ese orgullo, que pervive en nuestros días, tiene que ver con la idea de participación en el sostenimiento de la comunidad por medio del esfuerzo fiscal. Este verano tuve ocasión de presenciar una discusión entre un profesional liberal y un trabajador manual que el segundo quiso zanjar así: “Tengo derecho a hacer esto porque pago mis impuestos”.
Esta transacción de tributos por derechos ha marcado todo el desarrollo político hasta el siglo XXI, pero es posible que esta relación esté a punto de agotarse. En un mundo que parece caminar, de la mano del progreso técnico, a grandes desigualdades, tanto en la producción per cápita como en los ingresos, ya se ha comenzado a debatir sobre la necesidad de implementar programas como la renta básica o los complementos salariales, que mitiguen las grandes diferencias sociales. El dilema que quería plantear en este artículo tiene que ver con esta situación. ¿Qué repercusiones puede tener este nuevo escenario sobre la representación política?
Sabemos desde hace décadas que los sectores más desfavorecidos de las sociedades son los que menos votan y también los que obtienen menos atención por parte de los grandes partidos. Esta brecha entre los sujetos de la representación podría ampliarse ahora que los expertos nos anuncian un mundo con grandes masas desocupadas y trabajadores precarios que necesitarán exenciones fiscales y subsidios para alcanzar un umbral de vida digna. La pregunta no debería ser tanto si podremos o no costear esta situación (algo que parece factible); es decir, no se trata solo de abordar las desigualdades económicas, sino de corregir las desigualdades de representación motivadas por las diferencias económicas.
Así, la amenaza social del siglo XXI puede resumirse en la inversión de los términos que una vez nos llevaron a conquistar el orden político liberal: “No representation without taxation”. O sea, que quien no pague impuestos quede excluido de la representación política.
Aurora Nacarino-Brabo (Madrid, 1987) ha trabajado como periodista, politóloga y editora. Es diputada del Partido Popular desde julio de 2023.
