Mientras Donald Trump suspendía la admisión de refugiados y prohibió la entrada de ciudadanos de siete países, de mayoría musulmana: Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen. En el otro extremo del continente americano, el presidente argentino Mauricio Macri modificaba a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) la Ley de Migraciones.
Con el argumento de combatir al “crimen organizado internacional” los cambios introducidos en la ley apuntan a disminuir la “duración de los procesos administrativos y judiciales en materia migratoria” informó el gobierno argentino. Hasta ahora, cuando un inmigrante era expulsado de Argentina tras haber cometido algún delito, debía pasar un mínimo de cinco años para que pueda regresar. A partir de las modificaciones introducidas por el presidente Macri, ese tiempo será de ocho años por delitos dolosos y cinco por delitos culposos. Y los extranjeros que ingresen al sistema penal, aun teniendo la residencia permanente en Argentina, podrán ser expulsados. De este modo, todas las personas que comentan un delito penal con pena privativa de la libertad podrán ser deportadas. Eso incluye a quienes usurpen una propiedad, tengan un accidente de tránsito y o ejerzan la prostitución: según la nueva legislación, es lo mismo tener un puesto callejero de venta de productos que ser un capo narco.
Los inmigrantes que hayan pagado a un coyote para ser traídos a la Argentina podrán obtener la residencia y evitar la expulsión, siempre y cuando colaboren con las fuerzas de seguridad nacional para dar con el traficante de personas que los trajo al país. Asimismo, los extranjeros que presenten documentación falsa u omitan informar sobre sus antecedentes penales, no podrán ingresar.
Esta serie de modificaciones son implementadas porque se considera que Argentina vive “una situación crítica” en materia de crimen organizado “que amerita la adopción de medidas urgentes”.
¿De dónde viene esta xenofobia?
El gobierno de Cambiemos -alianza gobernante- viene cuestionando desde hace tiempo la política migratoria argentina. En diciembre de 2010, cuando Mauricio Macri era alcalde de la Ciudad de Buenos Aires, hubo una ocupación de terrenos en un barrio llamado Villa Soldati, con situaciones de violencia. Macri, entonces Jefe de Gobierno aseguró que los disturbios eran culpa de “todo este avance de la inmigración ilegal, donde se oculta el narcotráfico y la delincuencia […] Hay una ley muy permisiva respecto de la migración”
En agosto de 2016, ya como presidente de Argentina, el gobierno de Macri firmó un convenio con la ciudad de Buenos Aires para crear el primer centro de detención de migrantes del país, con el objetivo de “combatir la irregularidad migratoria”. Fue la primera medida que puso en alerta a las comunidades de migrantes que viven en Argentina –en su mayoría provenientes de Bolivia, Paraguay y Perú- quienes realizaron una manifestación frente al Congreso de la Nación rechazando la medida.
En diciembre de 2016, en el barrio capitalino de Flores, sucedió un homicidio en el que el principal sospechoso fue un adolescente argentino de quince años hijo de padres peruanos. El hecho tuvo gran relevancia en los medios, en parte, porque la víctima también era un menor. Tras el homicidio y luego de que el acusado fuera detenido en Chile se comenzó a pedir su expulsión definitiva del país y también la de su madre. Meses después, un nuevo episodio ocupaba las pantallas televisivas con los inmigrantes como protagonistas: el desalojo de los manteros en el barrio comercial de Once. En Argentina se denomina “manteros” a quienes colocan un paño en la vereda para vender prendas de vestir, carteras, calzado y otro tipo de objetos. Los “manteros” son, en gran mayoría africanos y peruanos y se los expulsó de la zona donde comercializaban sus productos con un violento operativo policial, acusándolos de “delincuentes”. Dos semanas más tarde se oficializaba el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017 que modificó la Ley de Migraciones.
“Acá vienen ciudadanos peruanos y se terminan matando por el control de la droga. Toda persona extranjera que tenga antecedentes vamos a extraditarla”, aseguró la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, días antes de que se conocieran las modificaciones a la Ley de Migraciones. Según Bullrich, el nuevo sistema va a “ordenar” las “relaciones con Paraguay, Bolivia y Perú”, países a los que describió como “productores” de droga. Esas declaraciones fueron cuestionadas por el embajador de Paraguay en Argentina, Federico González Franco, quien aseguró: “No queremos que se estigmatice a una comunidad laboriosa, que trabaja”.
Voces migrantes
En Argentina, las agrupaciones de migrantes temen que en los hechos se use el discurso de seguridad nacional para ir contra las personas sin papeles o con documentación en trámite. “Dicen que es para combatir el delito, pero van por el que no tiene su situación regularizada”, denunció la Red Argentina de Migrantes en diálogo con El Destape, un sitio informativo local.
“Una irregularidad administrativa no es un delito”, sostuvieron desde la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (Caref). “Se invirtió la dinámica de políticas migratorias. Ahora la persona tiene que demostrar que su situación es regular y apurarse a hacer los trámites. El estado no facilita y solo aumentaron los controles de permanencia, con lógica de perseguir”, dijo la entidad.
Amnistía Internacional Argentina emitió un documento llamado “Derechos Humanos. Agenda para Argentina 2017”, en donde rechaza “la utilización de la detención como una forma de castigo o con fines disuasorios, en lugar de abordar las causas que originan la migración irregular”.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) le envió una carta al jefe de Gabinete, Marcos Peña, en la que solicita una “reunión urgente” con el objetivo de plantear la “preocupación y desconcierto” por la decisión de modificar por decreto la Ley de Migraciones. La carta enviada por el CELS lleva la firma de 130 organizaciones locales e internacionales de Derechos Humanos y migrantes. Aseguran que el DNU que modifica la Ley de Migraciones es un “avance” contra las facultades del Congreso.
En Argentina, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), es un tipo de norma que, a pesar de ser sancionada solo por el Poder Ejecutivo, tiene validez de ley. Como su nombre lo indica, solo deben dictarse en situaciones excepcionales, cuando sea imposible seguir los trámites para sancionar leyes mediante el Congreso. Desde que asumió el cargo de presidente, Mauricio Macri ha utilizado en varias oportunidades esta herramienta.
Desde 1853 el Preámbulo de la Constitución Nacional indica que el Estado es responsable de “promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”. De este modo, históricamente ha existido en Argentina una tradición política de apertura a la inmigración; tradición que comienza a cambiar en la era Macri-Trump. Esto recuerda a aquella frase de María Elena Walsh, cantora nacional, quien escribió: “El mundo nunca ha sido para todo el mundo”.
Licenciada en Comunicación Social y periodista digital. Colabora con varios medios de Argentina y con áreas de comunicación en organizaciones especializadas en derechos humanos.
