El 18 de diciembre, la mayoría de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos votó a favor de someter a un juicio político al presidente Donald Trump. Ahora el Senado tendrá que decidir si las acusaciones de abuso de poder y obstrucción de la justicia son suficientes para destituirlo. Debido a que el partido Republicano es mayoría en el Senado, es poco factible que Trump sea retirado de su cargo. Sin embargo, el juicio político podría influir en los resultados de las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre.
En septiembre, The Wall Street Journal dio a conocer que el 25 de julio Trump amenazó insistentemente al presidente ucraniano Vladímir Zelenski con retirar un paquete de 391 millones de dólares en ayuda militar si no investigaba a Joe Biden, exvicepresidente y actual precandidato demócrata, y a su hijo Hunter por sus actividades en dicho país. Este hecho encendió las alarmas de la Cámara de Representantes, quienes iniciaron un proceso de investigación en el que recuperaron varios testimonios, entre ellos el de la exembajadora de Estados Unidos en Ucrania, Marie Yovanovitch, quien fue retirada de su cargo a inicios del 2019 tras supuestamente resistir a las presiones al presidente ucraniano. El 13 de diciembre el Comité Judicial de la Cámara de Representantes aprobó los dos artículos que acusan a Trump por abuso de poder y obstrucción a las investigaciones del Congreso. Cinco días después, la mayoría demócrata votó por ambos artículos, convirtiendo a Trump en el tercer presidente en enfrentar un proceso de destitución ante el Senado. La votación en el Senado está prevista para este mes, pero podría posponerse hasta febrero, pues Nancy Pelosi no ha querido entregar los artículos para el juicio de destitución hasta asegurarse que Mitch McConnell, líder del partido republicano en el Senado, realizará un proceso justo con testigos y documentos.
Si dos tercios de los senadores encuentran al presidente estadounidense culpable, este tendrá que dejar su puesto y cederlo al vicepresidente para que él concluya el mandato, algo que nunca ha ocurrido en la historia del país. Para conseguir la mayoría de votos, los senadores demócratas tendrían que convencer a una veintena de republicanos, una misión casi imposible después de que en la votación en la Cámara Baja el partido cerró filas en torno a su presidente, y tomando en cuenta que desean un juicio breve y sin contratiempos.
Sin embargo, las declaraciones de los testigos podrían revelar información importante que prolongue el juicio. Después de “una cuidadosa consideración y estudio”, John Bolton, ex asesor de seguridad nacional de Trump, declaró en un comunicado que estaría dispuesto a testificar en el Senado. Su participación en el juicio sería un triunfo para los demócratas después de que el gobierno de Trump ha impedido que declaren doce testigos provenientes de la Casa Blanca y se ha negado a entregar información crucial sobre sus tratos con Ucrania.
Debido a los recientes acontecimientos en Oriente Próximo, el juicio político contra Trump ha pasado a segundo término. La posibilidad de un conflicto armado con Irán es un escenario conveniente para Trump, quien el lunes 6 de enero lamentó que el Congreso pierda su tiempo y energía en el juicio de destitución en su contra cuando hay temas más urgentes. “Esto no es lo que tenían en mente los padres fundadores”, concluyó.
La primera vez que un presidente estadounidense fue llevado a juicio ocurrió en 1868. Andrew Johnson, decimoséptimo presidente de los Estados Unidos, fue acusado por destituir a su Ministro de Guerra. En aquella ocasión, solo un voto lo salvó de la destitución. El segundo juicio político a un presidente fue en 1998. Bill Clinton fue procesado por perjurio y obstrucción de la justicia, después del escándalo por su relación con Mónica Lewinsky. A pesar de que la mayoría en la Cámara de Representantes votó por procesar al presidente, en el Senado los votos quedaron muy lejos de sumar los dos tercios requeridos, de tal manera que continuó en el poder.
Si bien es poco probable que el presidente de los Estados Unidos deje la Casa Blanca en las siguientes semanas, el proceso de destitución podría tener consecuencias en su credibilidad de cara a las elecciones presidenciales. Un presidente que ejerce presión sobre naciones extranjeras para obtener beneficios políticos personales y que intenta obstaculizar las investigaciones en su contra representa un desafío a los valores democráticos y liberales plasmados en la Constitución estadounidense. El sistema político norteamericano se enfrenta a su máxima prueba frente a la corrupción presidencial, pero la última palabra la tendrán los electores el próximo 3 de noviembre.
