Las elecciones presidenciales de 1988 dejaron muchas dudas sobre su legitimidad y mucho descontento, por decir lo menos. Son recordadas por la trágica frase célebre “Se cayó/lló el sistema” que no ayudó a la imagen que se pretendía de dar de elecciones transparentes y equitativas. Dada la presión social y la falta de confianza ante la simulación que era el sistema electoral mexicano, por su dependencia del PRI, inició una reforma al sistema electoral.
La expedición del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) en 1989 dio lugar a la creación un año después del Instituto Federal Electoral. Tras cuatro reformas (93, 94, 96 y 07) es la institución que conocemos en la actualidad. La reforma del 94 logró la ciudadanización y la despartidización y creo la figura de “Consejeros Ciudadanos”, y dio paso a la llamada ciudadanización del IFE. En 1996 se reforzó la autonomía e independencia al desligarla del Poder Ejecutivo, de la cual hasta entonces dependía.
El IFE, como autoridad electoral, surgió con la finalidad de proporcionar una respuesta a las diversas exigencias ciudadanas de garantizar el proceso electoral a nivel federal y salvaguardar el “sacrosanto” voto. Pero no ha logrado una independencia total y absoluta: los partidos políticos son juez y parte del proceso electoral, y su participación en dicha institución es decisiva para las tareas que desempeña.
La herencia del corporativismo del PRI ha permeado en todos los partidos políticos y nada se concibe más allá de su alcance. Los partidos políticos nos han hecho creer que la participación política en México sólo es mediada a través de sus organizaciones.
Las instituciones deben responder al contexto y a las necesidades de la sociedad. El IFE nació con la intención de garantizar las elecciones en un contexto donde se apostaba a que la alternancia de los partidos políticos era la mejor alternativa para la democracia. Una verdadera democracia está vinculada con la participación de todas y todos, la llamada genéricamente ciudadanía. Este grupo más que heterogéneo debería ser el contrapeso a los partidos políticos que sólo ven a las personas como votos. No consideran a la sociedad como a aquellas personas a quienes deberían de rendir cuentas.
Es por esto que es más que necesaria una institución con alcance nacional que pueda promover de manera local la participación ciudadana, más allá de los partidos políticos. Al Estado hay que reformarlo desde el Estado. Ello requiere que el Estado genere y auspicie los mecanismos y la infraestructura necesaria para propiciar el diálogo entre la ciudadanía y las autoridades.
Una institución como el IFE no debería estar limitada a la tarea de organizar elecciones y realizar algunas actividades en educación cívica: tendría que propiciar espacios en común donde las personas pudieran dialogar y establecer sus prioridades y necesidades básicas con las autoridades. Algo similar a los esquemas de presupuesto participativos en Brasil, pero que abarcara también el ámbito de las decisiones políticas. La experiencia brasileña nació a finales de los años noventa y son espacios de consulta y diálogo entre la comunidad y las autoridades para definir las prioridades y decidir la mejor inversión en beneficio de la población en cuanto a los servicios básicos que brinda el Estado.
Elemento necesario para la toma de decisiones y participación de la ciudadanía es sin duda el acceso a la información bajo dos premisas. Primero, hay que hacer realidad los principios de difusión proactiva de información de interés pública y máxima publicidad. Segundo, poner énfasis en la iniciativa de Gobierno Abierto (Open Government) que va más allá de la transparencia y plantea la necesidad de la creación de espacios de participación y colaboración ciudadana. Para ello, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos debería de revertir su función pasiva y más allá de ser una especie de instancia de apelación, promover y fiscalizar el cumplimiento integral del derecho de acceso a la información, incluyendo la difusión proactiva de información, y la rendición de cuentas.
Para hacer operativa esta propuesta debería de trabajarse en diferentes niveles. Comenzar con el “Instituto Federal Electoral y de Participación Ciudadana (IFEPAC)”, que a través de capacitadores, informe y forme a las personas sobre sus derechos. El esquema de jornadas de capacitación a personas que fungen como funcionarios de casilla podría ser retomado. Además, debe considerarse la formación de personas interesadas en participar de manera voluntaria. Buscar a representantes locales como lo hacen varios esquemas comunitarios, donde el servicio a la comunidad es honorífico para informar a las demás personas en busca del bienestar colectivo. Establecer y facilitar espacios tipo audiencias/asambleas públicas para participar en la toma de decisiones de las políticas públicas y su asignación de recursos, para así lograr que la ciudadanía tenga esa interlocución directa con las autoridades. Además, informar avances para fortalecer el sistema de rendición de cuentas. Esto se piensa más allá de funcionarios públicos locales, sino también para representantes del Poder Legislativo que acudan a los espacios locales de asamblea para informar a la ciudadanía que representan y gobiernan. De esta manera la rendición de cuentas se haría de manera pública y personal.
Esta propuesta replantea el contrato social existente. Significa mantener el sistema de representatividad mediante el voto, pero se añadirían los elementos de interlocución directa y rendición de cuentas. No somos una sociedad que está acostumbrada al consenso, al diálogo. Nadie dijo que es sencillo. Pero sin la existencia de una sociedad civil informada y con voz en la participación política de la vida nacional, los partidos políticos y algunos cuantos grupos de interés seguirán manteniendo el monopolio de la vida política que rige México.
