"Quiero entender por qué deben huir del país, por qué no les basta con mudarse a otro barrio.” La pregunta me la hizo a principios de febrero de este año un asesor demócrata durante una conversación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en Washington. No era la primera vez que la oía. A mediados del año pasado, cuando la llegada de unos sesenta mil niños centroamericanos no acompañados e indocumentados a Estados Unidos tenía de cabeza al Ejecutivo de aquel país, algunas revistas estadounidenses me preguntaron lo mismo. ¿Por qué no se mudan? ¿Cómo es posible que a causa de la violencia ejercida por las pandillas se le agote El Salvador a un salvadoreño?
La respuesta es complicada. El contexto de lo que ocurre en esta esquina del mundo (el triángulo norte de Centroamérica: Guatemala, Honduras y El Salvador) es ya insuficiente para explicar cómo es que una persona decide cruzar sin papeles el peor México para llegar a un Estados Unidos cuesta arriba. Y aún más: ¿qué puede espantar tanto para que una madre o un padre decida embarcar a su hijo menor de edad hacia el México de las mafias? Y peor todavía: ¿qué situación horroriza a tal grado que unos padres estén dispuestos a enviar a su hijo solo con un coyote? Los verbos están en presente intencionalmente, pues las estimaciones gubernamentales de Estados Unidos hablan de que si este año se sigue comportando como enero, al final de 2015 unos 45 mil menores centroamericanos se habrán sumado a los que llegaron en 2014 sin nadie a su lado.
Lo dicho, el contexto es insuficiente, pero no innecesario. Algunas pinceladas: en el estudio global de homicidios que la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito presentó en abril de 2014, cada uno de estos países ocupó un lugar entre los primeros cinco: Honduras, el más violento de la tierra, con 90.4 homicidios por cada cien mil habitantes; El Salvador, el cuarto lugar, con 41.2; Guatemala, en quinto, con 39.9. México aparecía en esa lista en el vigésimo puesto. Su tasa fue casi duplicada por la de Guatemala, el país menos mortífero de esta esquina terrible. México marcó 21.5 homicidios por cada cien mil habitantes.
Este informe se hizo con datos de 2012. Ese año y 2013 fueron los más pacíficos de la última década en El Salvador, gracias a una tregua entre el gobierno y las dos grandes pandillas: la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, que suman unos sesenta mil miembros en un país de 6.4 millones de habitantes, según el Ministerio de Seguridad y Justicia. Esa epidemia de homicidios que puso al país centroamericano en el cuarto lugar del peor listado fue el resultado de nuestro mejor año. La tregua se desplomó, y El Salvador ha vuelto a su estado iracundo: 2014 cerró con una tasa de 61 homicidios. Los salvadoreños caminamos a paso firme hacia la meta impuesta por nuestro año más mortífero en este siglo. 2011 nos dijo que setenta de cada cien mil salvadoreños fueron asesinados. En 2014, 3,912 asesinatos ocurrieron en este país, que cabe unas cuatro veces en Chiapas. Si esa epidemia se convirtiera en una especie de nube podrida que sobrevuela el mundo y se posara sobre el Distrito Federal, al final de este año, 5,399 cadáveres caerían en esa ciudad.
En fin, eso es el norte de Centroamérica, una esquina con números aterradores. Si los números son el plano general, las historias particulares son el plano cerrado de esta trama. Aquí hay tres historias que utilicé para explicar a los funcionarios estadounidenses cómo un país se agota para algunos de sus habitantes.
Algunos migrantes –la mayoría quizá– se van porque quieren progresar y creen que allá podrán hacerlo y aquí no. Algunos se van porque quieren volver a ver a sus padres. Otros –niños muchos de ellos– se van porque creen que van a ser asesinados. Es así, digan lo que digan los funcionarios estadounidenses, argumenten lo que argumenten los más radicales republicanos, es así. Alguna gente se va porque no quiere morir.
Fe en la pandilla
Es martes 20 de enero de 2015, es un municipio del departamento de San Salvador llamado Mejicanos, es un condominio de gente humilde llamado San Valentín, es un día con más de treinta grados centígrados y la escena ocurre así: adentro del entramado de concreto hay unos quince policías con armas largas y pasamontañas negros cubriéndoles la cara. Están apostados a lo largo de los angostos pasajes de los edificios en donde viven unas cincuenta familias. En el patio central del condominio, rodeado por los edificios de dos plantas, el jefe de la Unidad Antipandillas de la Policía Nacional Civil de El Salvador, Pedro González, pide a los habitantes: “No se vayan, ya estamos aquí.” La gente sigue empacando, saca camas, sillones, televisores. La gente suda, porque intenta irse cuanto antes. Se van frente a los hombres de armas largas que están ahí para protegerlos.
Yo, como medio país, vi esas escenas en vivo, como si fuera un partido de futbol, mientras almorzaba cómodamente delante de un ventilador. Esas personas huían frente a las cámaras de televisión, frente a los policías y frente al jefe policiaco. Nada los detenía, porque la pandilla los empujaba.
Decido ir.
El condominio San Valentín está ubicado en una zona limítrofe. Allá arriba de la cuesta se llama Finca Argentina, y es un sector dominado por la “clica” Criminal Gangsters Salvatruchos, un subgrupo de la Mara Salvatrucha. Aquí, debajo de la cuesta, se llama Colonia Jardín, y es territorio de la clica Columbia Locos Sureños de la facción Revolucionarios del Barrio 18. Esto de las pandillas es un entramado complejo que se viene complicando cada vez más desde hace décadas. Es imposible explicarlo en un solo párrafo, pero en una insulsa sinopsis podríamos decir que: ambas pandillas nacieron en el sur de California, principalmente con mexicanos (el Barrio 18) y centroamericanos (ambas) que intentaron protegerse del sistema de pandillas histórico de esa zona de Estados Unidos. Ambas son enemigas desde los años ochenta, pero su rivalidad creció cuando muchos de sus miembros fueron deportados a Centroamérica, a principios de los noventa, en programas especiales de expulsión de pandilleros, y empezaron a disputarse el control de territorios en países donde aún había guerras civiles. Hace diez años, en El Salvador, el Barrio 18 se dividió en dos. Ahora funcionan como dos pandillas: Revolucionarios y Sureños. Las tres pandillas están peleadas a muerte. Literalmente, a muerte.
Esta zona urbana es muy conflictiva. De hecho, a unas pocas cuadras de San Valentín, ocurrió el hecho violento que definió 2010. El 20 de junio de ese año, pandilleros de la Columbia Locos Sureños decidieron quemar un microbús de la ruta 47, que tenía su estación en la zona dominada por la Mara Salvatrucha. Fue un mensaje de guerra a sus adversarios. Le prendieron fuego con gasolina, pero no permitieron que los pasajeros salieran. Rodearon el microbús y dispararon contra todas las personas que intentaban escapar del metal ardiente. Asesinaron, entre quemados y acribillados, a diecisiete personas, incluidos niños, niñas y ancianos.
Parte del problema es que los periodistas, policías y pandilleros somos expertos en catalogar zonas: esa colonia es de pandilleros, ese municipio es de narcos, ese pedazo de país es de lacras. Las zonas dominadas por una pandilla en países centroamericanos son simplemente una “zona ms” o una “zona 18”. Si vives ahí, eres parte de esa zona, eres parte del estigma. Si vives en una de esas colonias y eres menor de cuarenta años, tienes edad para ser un buen soldado de la pandilla, el resto del país está prohibido para ti. No eres bienvenido en zona ms si tu documento de identidad dice que vives en una identificada como zona 18. Y en El Salvador, un país donde el sueldo mínimo mensual es de unos doscientos treinta dólares para alguien que viva en la ciudad, cualquier zona donde se pueda alquilar por menos de doscientos dólares al mes estará dominada por las pandillas. Eso siendo conservador en la estimación.
La escena que ocurre en el condominio San Valentín es producto de una amenaza del Barrio 18. Uno de los apartamentos había sido usurpado por un grupo de mujeres. Según las familias que desmontan sus casas, esas muchachas eran novias de pandilleros del Barrio 18. Dicen que por las noches los muchachos tatuados llegaban, reían, tomaban. Nadie se metía con ellas. El sábado 17 de enero, la policía llegó al apartamento y lo desalojó. Las muchachas volvieron el domingo por la noche –me lo confirman siete de los que ahora huyen– acompañadas de dos pandilleros armados. Le dijeron a un vecino que anunciara a la comunidad que había tres opciones: la primera era que les volvieran a amueblar el apartamento, la segunda es que les dieran un nuevo apartamento y lo pagaran entre todos, la tercera opción era ser asesinados. El señor fue el primero en creer la amenaza. Dio el aviso a algunos vecinos y empezó a empacar. La noche del lunes, las muchachas comunicaron la hora de la muerte a través de un mensaje telefónico al mismo señor: “Tienen veinticuatro horas para cumplir o habrá una masacre.” El vecino mostró el mensaje a varios inquilinos y el pánico se generalizó.
Ahora es la una de la tarde del martes 20 de enero, y diecisiete de las 46 familias del condominio se largan. En seis horas se cumple el plazo. Meten en pick ups sus miserias y se van a la casa de algún pariente que les dé posada mientras resuelven qué hacer.
El director de la Unidad Antipandillas les pide, en voz alta y rodeado por los policías de pasamontaña, que no se vayan, que confíen en la policía, que ellos los protegerán. Después les pide que, por favor, oren juntos, que le rueguen a Dios que los cuide. Los habitantes lo miran anonadados. Él insiste a las señoras que oren en voz alta. Una de ellas se anima. Yo logro anotar en mi libreta una de las frases que ella dirige al Cielo: “Señor, pon un ángel en cada puerta.”
El director González no lo sabe aún, pero entre hoy y mañana se irán unas veinte familias más. Ni él ni Dios. Este día en el condominio San Valentín la gente le cree a la pandilla. Será quizá porque ya mostró su ira en llamas.
Me acerco al director González, y le pregunto qué piensa de que en su cara la gente prefiera creer en la pandilla. Me dice que esto es también “una cuestión de percepción de la realidad”. Es un argumento repetido incluso por ministros que quieren decir que la gente a veces exagera.
Es posible que la masacre no llegue a las siete de la noche de este día. Es posible que sea una cuestión de miedo, de apreciación, de pánico. El problema es que no están ante la percepción de un asunto trivial. No se trata de la familia que duerme creyendo que su barrio es peligroso y que en cualquier momento un ladrón robará las piezas de su carro estacionado. Se trata de familias a las que les pedimos que duerman tranquilas, que entren a sus casas y descansen con sus hijos, que hoy no serán masacradas.
Un hombre joven que se dedica a limpiar parabrisas bajo un semáforo para mantener a su familia me dice: “No sé qué hacer, no sé qué hacer.” Y llora. Llora como un hombre joven que no quiere llorar. Llora, sobre todo, con la sinceridad de un hombre joven que no quiere que lo vean llorar. Pero lo vemos, porque no aguanta. “¿Para dónde nos vamos? ¿Qué vamos a decir si nos preguntan los pandilleros de allá que de dónde venimos?” Si van a una zona de la ms y los pandilleros se enteran, su vida está en riesgo. Si van a una zona 18 y los pandilleros se enteran de que son inquilinos no deseados en otra zona 18, su vida y la de los suyos corre peligro. Él solo puede pagar cien dólares de alquiler al mes. El hombre joven sabe que sobre él pesa una condena terrible que es una herencia para sus hijos y sobrinos que hoy también huirán de aquí. El mayor tiene seis. El menor tiene dos años.
Para ellos El Salvador se acabó. Al menos si quieren volver a dormir ajenos a la sensación de que esa noche –cualquier noche– serán masacrados.
El perrito
Esto es lo que consensuamos que puedo decir de este policía salvadoreño: tiene más de cuarenta años, es inspector y jefe de homicidios de una de las zonas más violentas de este país. Antes de ser jefe de esta zona, lo fue en otra igualmente violenta. Confío en que cuando hablamos es franco. Lo conozco desde hace cuatro años.
El inspector tiene una obsesión: detiene y fotografía en un plano cerrado a los pandilleros más jóvenes, a chequeos (que están en periodo de evaluación) y a los soldados, el menor rango dentro de las clicas que operan en sus zonas. Él intenta tomarles dos fotografías: una antes de que maten y otra después de que hayan matado. Él sabe que matarán.
El inspector tiene una teoría: “Les cambia la mirada. Les pasa algo en la mirada luego de que matan, como que se les tensa, se les hace más rígida, no sé decirlo bien, pero les pasa algo.”
En una ocasión me enseñó la foto de un muchacho a los quince años y otra del mismo muchacho a los dieciséis. Algo le pasó en la mirada. Es cierto. Parecía como si la frente se le hubiera derrumbado un poco sobre los ojos que entonces tenían que tornarse levemente hacia arriba. Ese muchacho mató tres veces en un año. Fue condenado en un juzgado especializado contra el crimen organizado poco después de cumplir dieciocho. Es miembro de la Mara Salvatrucha.
El 8 de enero de 2014 el inspector me llamó. Aún faltaban algunos meses para que la crisis de los niños migrantes se desatara. Nadie hablaba de eso. Los niños se iban sin que nadie hablara de ellos en los medios ni en la Casa Blanca.
–Tengo uno de esos casos que le gustan –me dijo al teléfono.
–A ver –respondí.
–Acabo de detener a un sicario de la Mara. ¿Sabe de cuántos años?
Al inspector siempre le ha gustado crear suspenso.
–A ver –le dije.
–De doce.
Esta mañana, el inspector había recibido una llamada. Le pedían que se acercara a un retén en donde la Unidad de Tránsito había detenido a tres miembros de la ms, dos de ellos tatuados y uno más que coincidía con la descripción que testigos habían dado de un homicida. Uno de los detenidos llevaba en el cinto una pistola .10 milímetros. Los tatuados eran dos muchachos, uno de diecisiete y otro de veintiún años. El pandillero armado era el niño de doce. Los tres eran hermanos. El niño coincidía con la descripción que un testigo y dos policías habían dado de un asesino. El primer caso se trataba de un homicidio en un cantón, pobre, de tierra, con casas de bahareque. El testigo aseguró que dos muchachos habían entrado y habían asesinado a otro de quince años sin mediar palabra. El testigo dijo que quien vigilaba “ya era un muchacho”, pero que el que disparó “era un niño, como de diez años”. El segundo caso fue el asesinato de dos muchachos de unos diecisiete años. Los mataron en la carretera principal de este lugar. Les dispararon desde un carro. Cuando más tarde algunos policías protegían la escena del crimen, pasaron dos muchachos caminando que resultaron sospechosos a los agentes. Les ordenaron que se detuvieran y los muchachos echaron a correr. Hubo una breve persecución que terminó en un breve intercambio de disparos. Los muchachos huyeron. Los policías dijeron que el menor de los muchachos era “un niño”.
Después de la llamada, decidí ir a ver al inspector. Nos juntamos, como siempre, en el mismo restaurante, pedimos dos cervezas y un plato de cositas para picar. Le dije que la historia me interesaba mucho. Le dije –sin pensarlo, sin evaluar siquiera si de verdad quería hacerlo– que me dejara entrar a las bartolinas para hablar con el niño. Me dijo que la tenía difícil, que la familia del niño ya estaba acostumbrada a que detuvieran a su hijo y que sabían qué hacer cuando eso ocurría. Para ese momento, ya habían llamado a Derechos Humanos y a los servicios sociales de la alcaldía. Esa familia, me dijo el inspector, ha venido de otra zona del país, escapando de los problemas que los tres hermanos tenían allá. Al final me dijo que no podía dejarme verlo “por toda esa mierda de los derechos humanos”. El inspector no es muy considerado con los derechos humanos. No entiende por qué los policías se demoran pidiendo a un juez órdenes de allanamiento. Él, dice, siempre trae esas órdenes puestas –y me enseña sus botas.
El inspector fotografió a ese niño cuando lo detuvieron en el retén de tránsito. En la foto que me muestra se ve a un niño moreno, con paños blancos en la mejilla derecha, que hacía un esfuerzo por parecer malo, peligroso. Levantaba la cara y miraba de reojo hacia abajo. No sé cómo era antes de matar. Con solo doce años, no dio tiempo de tomarle una foto antes de que le quitara la vida a otra persona.
Tres semanas después el niño fue liberado bajo condición de presentarse al juzgado cuando fuera requerido. La policía tenía que localizar al testigo del homicidio del muchacho de quince años, y el delito de portación ilegal de arma de fuego se cargó contra el mayor de los hermanos, el de veintiún años.
Días después, en el mismo restaurante, volví a conversar con el inspector.
–El bicho se fue –me dijo.
–¿El niño asesino? –pregunté.
–Le decían Perrito. Me lo confirmó otro testigo de la pandilla que hemos agarrado. Y sí, ya tenía dos homicidios. El primero es el que creíamos (el del muchacho de quince años). El otro es el de una señora, asesinada hace como seis meses, mamá de un pandillero de la 18.
–¿Andan buscando al niño entonces?
–No, el bicho se fue a Estados Unidos. La familia lo mandó, porque era muy problemático. Si hasta dentro de la pandilla se lo querían dar, porque era muy respondón. Mire, si cuando lo tuvimos en la delegación, por cada patada que le dábamos más se nos cuadraba el bichito cagado. Entonces se fue huyendo de su propio carácter. Pero mejor, ese niño nos había provocado una gran migración de su cantón, porque andaba jodiendo a los otros niños de su edad para que se metieran a la pandilla. ¡A bichitos de nueve, diez años! Esa zona del cantón quedó casi vacía. Se fueron como siete familias a otras partes. Otras familias mejor mandaron a los hijos a Estados Unidos.
Nos vamos a esconder
La verdad es que la conversación que tuve con Guadalupe no fue de ninguna manera la que habría querido tener. La llamé en dos ocasiones por teléfono. Me la presentó por Facebook otra migrante con la que hablé para un reportaje previo. Guadalupe tiene 34 años, es salvadoreña y vive en Maryland desde hace apenas cuatro años. Las dos llamadas juntas sumaron veintiún minutos. Es todo lo que hablé con ella. Hablamos en agosto de 2014, en plena crisis de los niños, cuando ya el presidente Obama había pedido los 3,700 millones de dólares para paliarla. Me habría gustado sentarme en un café y pasar la tarde preguntando a Guadalupe por ideas más finas.
Ella es de una colonia céntrica del municipio del occidente llamado Izalco, en el departamento costero de Sonsonate. Izalco está dominado por la facción revolucionaria del Barrio 18. Cuando se fue como indocumentada, en 2011, su idea era muy sencilla: reunir diez mil dólares para poner un salón de belleza en Izalco. Ella no pagó a un coyote profesional, de esos que piden 7,500 dólares y te dejan en casa de tu pariente en Houston, Nueva York o Maryland. Ella pagó quinientos dólares y “algunos favores sexuales” –lo dijo sin titubear– a un conocido que ya había viajado algunas veces, y que la guió en trenes y camiones a través de México hasta la frontera norte, desde donde llamó a su prima en Maryland para que le prestara los mil quinientos dólares que exigía el pasador, como llaman al coyote que te cruza por la frontera con Estados Unidos.
Guadalupe ha tenido dos trabajos en Maryland: lavar platos y ser mesera en un restaurante salvadoreño para obreros de la construcción. Dice que nunca ha visto entrar al negocio a una persona que no sepa hablar español.
Para julio de 2014 Guadalupe se olvidó del salón de belleza y decidió llevarse a su único hijo, de catorce años. Quería arrancar raíces y tener a su hijo a su lado. Guadalupe decidió invertir los ocho mil dólares que había ahorrado en pagar un coyote que le llevara a su muchacho. Su hijo llegó en siete días. Le contó que solo viajó en carros y que pasaban por las casetas migratorias de México “pagando a los policías, siempre de noche”.
Cuando le pregunté por qué hizo migrar a su hijo, con rabia en el tono me contestó: “Porque allá no es para que viva un muchacho. Se pasaba contándome que no podía ir a un montón de lugares porque eran de la otra mara, y que en la escuela lo molestaban para que se uniera a los de ese lugar. Él pasaba el día encerrado en la casa con la abuela. Ella es ya una viejita, ya no quiere salir, pero mi hijo tiene catorce años. Allá iba de la escuela a la casa y de la casa a la escuela. Eso era todo. Y lo último es que lo ‘penquiaron’ [golpearon], porque hablaba con una compañera de escuela que le gustaba a un marero. Hasta aquí, dije. Aquí hay que cuidarnos, porque no tenemos papeles, pero no es peor que allá. No es más encierro ni más miedo. Es menos.”
“Escondiéndose”, se me escapó de la boca esa palabra. Ella me escuchó por el teléfono y respondió ofendida. “Sí, eso vamos a hacer, nos vamos a esconder. Estamos acostumbrados, yo aquí me acostumbré y él allá. Nosotros nos vamos a esconder, y así escondidos nos vamos a quedar.” ~
(El Salvador, 1983) colabora en el portal digital ElFaro.net con reportajes y crónicas. El sello Sur+ acaba de reeditar "Los migrantes que no importan".
