El atentado terrorista más sangriento de la historia de España produjo algunas reacciones admirables. Los españoles manifestaron su inmediata solidaridad con las víctimas, los crímenes se investigaron y aclararon con bastante velocidad, y no hubo episodios de violencia contra musulmanes o norteafricanos. Desgraciadamente, el 11-M también provocó una gran cantidad de división, supercherías y culpabilidad desplazada. El gobierno del Partido Popular dio la información de una investigación en tiempo real: aunque, a medida que avanzaban las pesquisas, todos los indicios apuntaban al terrorismo islámico, lograron transmitir que preferían que no fuera así. Hubo manifestaciones ante la sede del PP y se llegó a culpar al gobierno de los atentados, a causa de la participación española en la invasión de Iraq, como si los yihadistas fueran un tribunal penal internacional un tanto drástico. Después, con una mezcla de delirio y cinismo, algunos medios jugaron con las lagunas de toda investigación, y con elementos que podía presentarse como lagunas pero no lo eran –como la dificultad de determinar la marca de los explosivos–, para bosquejar una nebulosa donde eta, las fuerzas de seguridad del Estado y quizá espías extranjeros habrían conspirado para provocar un cambio de gobierno en España. Este año, la conmemoración del octavo aniversario de la tragedia ha servido para revivir algunos de esos aspectos negativos. El mismo día, a medio kilómetro de distancia, se celebraron dos actos de homenaje: en uno había dos asociaciones de víctimas y representantes del gobierno; en otro, convocado por UGT, Comisiones Obreras y la Unión de Actores, estuvo otra de las asociaciones de víctimas.
Es una chapuza desoladora y el ambiente se había caldeado antes. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, había anunciado la apertura de diligencias de investigación tras la aparición de uno de los vagones del atentado en un almacén madrileño. La información partía de un reportaje de un medio digital, pero ya había habido una querella acerca del paradero de los trenes presentada por el sindicato Manos Limpias, y ya existía un auto del Tribunal Supremo al respecto:
a) A lo largo de las actuaciones obran los distintos y pormenorizados dictámenes periciales, sobre los objetos encontrados en los restos de los vagones afectados por las explosiones, y sobre estos mismos, a fin de determinar la etiología, forma y características de las explosiones sufridas. b) En el Tomo 145 del Sumario, folios 53.799 y ss. obra un completísimo informe conjunto de expertos de TEDAX y guardia civil, sobre los restos de los vagones, planteándose incluso la posibilidad de reproducir la deflagración, lo que se desestima por razones técnicas. c) La conservación y destino de los vagones en cuestión –una vez hechos en ellos todas las pericias que se estimaron necesarias– corresponde a su legítimo propietario (RENFE), que además cuenta con lugares apropiados para ello.
Después del aniversario, Torres-Dulce declaró que “la verdad jurídica está contenida en la sentencia de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo” y que el 11-M es un caso cerrado. Eso nunca convencerá a los fabricantes y consumidores de teorías de la conspiración, porque operan como el psicoanálisis: aunque, como le oí decir a un médico: “Si no tienes ningún síntoma, no deberías descartar la posibilidad de que estés sano”, para ellos la falta de pruebas constituye una prueba de la ocultación. No se aclara qué se oculta exactamente, pero se señalan “detalles” y “cosas que no encajan”, como explica David Aaronovitch en su libro sobre las teorías de la conspiración, Voodoo Stories. Resulta profesionalmente deshonroso y moralmente repugnante usar la sensación de amputación de quienes perdieron a sus seres queridos en los atentados para legitimar la elaboración de esas teorías y provocar la división entre las víctimas, que deben tener la solidaridad de todos los ciudadanos.
Los sindicatos habían convocado una marcha contra la reforma laboral el 11-M. Sin duda, se puede discutir la oportunidad de escoger esa fecha, como hizo la delegada del gobierno en Madrid, pero el tono de la Asociación de Víctimas del Terrorismo –cuya presidenta, Ángeles Pedraza, llamó a los sindicatos “indignos” y declaró que “el 11-M no es un caso cerrado”– no fue el más adecuado. El argumento de la falta de sensibilidad que esgrimieron algunos representantes políticos se debilita si recordamos que, por ejemplo, ese mismo día se celebraron actos electorales. Sin embargo, las organizaciones sindicales tampoco acertaron cuando presentaron esa elección de fechas como un homenaje a las víctimas, o cuando, para justificarse, dijeron que había sindicalistas entre los muertos. Los miembros de la mayoritaria Asociación 11-M Afectados del Terrorismo tienen derecho a que se reconozca su sufrimiento, y pueden manifestarse como cualquier ciudadano. Pero no deberían caer en el mismo error que critican cuando lamentan que se politice el dolor. En la carta donde aceptaba que esa fuera la fecha de la marcha, su presidenta Pilar Manjón –que no solo ha tenido que padecer la pérdida de su hijo, sino también insultos vergonzosos– no necesitaba explicar que “no entraremos al juego maniqueo de deslegitimar a los sindicatos”. Aunque François Truffaut escribió en 1955 que “ningún niño de Francia sueña con ser crítico de cine”, fue poco afortunado hablar de Torres-Dulce con estas palabras: “Enhorabuena, señor fiscal, hará carrera, pero lamentamos que se haya perdido tan buen crítico para los Goya.”
A los españoles nos gusta presumir de división. El mito de las dos Españas está muy arraigado y somos capaces de reproducirlo en cualquier momento: en el caso Garzón, en la reforma laboral, en la polémica sobre el aborto. El 11-M no generó un sentimiento de unidad comparable al 11-S en Estados Unidos. Y en los últimos años ha surgido una corriente que deslegitima uno de los momentos de unidad más claros, y de resultado más feliz, de la historia de España (me refiero a la Transición: la mayoría de los ciudadanos no han perdido todavía la fe en la selección de fútbol). Aun así, hemos visto que en un caso tan trágico como el 11-M, los mecanismos del Estado de derecho han funcionado: han servido para perseguir y juzgar a los criminales. Quizá, pese a nuestro entrenamiento y nuestra historia reciente, somos menos especiales y pintorescos de lo que creemos. Marine Le Pen ha opuesto recientemente la Francia rural a la Francia urbana, y la campaña del Partido Republicano en Estados Unidos parece una fábrica constante de enfrentamientos. No es casual que sean estrategias electorales. Tal vez es ingenuo esperar que los partidos y organizaciones políticas dejen de frecuentar esas tácticas por sí solos. Pero ellos, los medios y los ciudadanos deberíamos buscar el consenso, la verdad y la sensatez, y no dejarnos arrastrar por una retórica divisiva que no conduce a nada bueno. ~
Daniel Gascón (Zaragoza, 1981) es escritor y editor de Letras Libres. Su libro más reciente es 'El padre de tus hijos' (Literatura Random House, 2023).
