El costo de la conciencia

La UACM aspira a escapar de “la dictadura de los diplomas”, rechaza los criterios “eficientistas” y “neoliberales” que piden resultados, aspira a crear “ciudadanos conscientes”, personas con “compromiso social” y “pensamiento crítico”, capaces de “decodificar los usos y abusos del poder y su propaganda”.
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Las discusiones sobre la situación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) se han convertido, más que en una reflexión académica, en una querella ideológica que trae de la mano una disputa política, entre la Dra. Esther Orozco (apoyada todavía por el jefe de gobierno Marcelo Ebrard) y el Consejo Universitario (CU), parte del cual al menos no oculta su lealtad a los partidos políticos propiedad del Lic. Andrés Manuel López Obrador.

Se recordará que hace un par de semanas, la rectora externó muy serias críticas a la institución que preside: su raquítica eficiencia terminal (47 graduados entre sus 12 mil alumnos) y un “coeficiente de desempeño académico” que indica que el 52% de los 10 mil estudiantes inscritos entre 2001 y 2009 y activos hasta el 2011 alcanza apenas 2.5 puntos de 10 y sólo el 15% está por encima de cinco.

Como es tradición en las universidades públicas de México, esta severa denuncia de las debilidades (y en este caso pocas fortalezas) de la institución se ha interpretado como una agresión a la universidad. El CU de la UACM le ha recordado públicamente y con energía a la rectora que “el máximo órgano de gobierno” es el CU, no ella, y la ha acusado de “agredir y dañar la imagen pública de la Universidad”.

No deja de ser curioso que a ese CU –compuesto por 25 estudiantes, 6 trabajadores y 30 académicos (pues la UACM es una universidad “democrática” en la que los estudiantes y los trabajadores saben gobernar su universidad tanto como los académicos y la rectoría)– lo haya tomado por sorpresa, al parecer, que la rectora hiciera público un diagnóstico que difícilmente el CU estaba en condiciones de ignorar. En todo caso, el CU la ha reprendido por decir lo que es público y notorio, le ordenó que retirase su diagnóstico de la página web de la UACM (la libertad de expresión tiene límites), le ordenó que demuestre ante él la verdad de su análisis y, por último, faltaba más, le ha recetado una auditoría.

¿Realmente el CU necesita analizar científicamente que sólo ha habido 47 graduados en 10 años? Todo indica que así es. Los ideólogos en cambio no parecen dudar de la cifra, pues multiplican en editoriales y declaraciones su justificación: la UACM aspira a escapar de “la dictadura de los diplomas”, rechaza los criterios “eficientistas” y “neoliberales” que piden resultados, aspira a crear “ciudadanos conscientes”, personas con “compromiso social” y “pensamiento crítico”, capaces de “decodificar los usos y abusos del poder y su propaganda”. No se trata, en suma, de educar ingenieros, sino de formar personas “intransigentes con la injusticia, la miseria y el sojuzgamiento”, etcétera.

El peso de este discurso no puede menospreciarse: transpira una idea de universidad que los ideólogos desean para las otras universidades públicas, la UNAM sobre todo, que tanto se atarea en aumentar los índices de eficiencia terminal de sus alumnos y los considera un indicador válido de su razón de ser y de su respuesta al patrocinio público que recibe.

Pero… ¿cómo se califica la adquisición de “conciencia social” en una universidad? He ahí un misterio para el que los ideólogos no han aportado una metodología confiable. “Joven estudiante de ingeniería: ¿cómo se construye un puente peatonal de 200 metros de longitud?” Si la respuesta es “con voluntad férrea para que por él transite una sociedad más justa”, el joven merecerá un 10 en conciencia, pero… ¿y en ingeniería?

La UACM le ha significado al erario un gasto de 5 mil 400 millones de pesos (más los inmuebles) desde que la fundó un señor a quien le tomó 14 años graduarse con un promedio de 6.2 pero con magna cum laude en conciencia. Si los 5 mil 400 millones se dividen entre los 12 mil alumnos, cada ciudadano consciente (incluyendo a los que tienen 2.5 de promedio) ha costado, hasta ahora, 450 mil pesos.

El pueblo paga.