La serie de detenciones en Michoacán ocurrida en la semana ha puesto de manifiesto el que es, quizás, el mayor peligro para nuestro país. Los diez presidentes municipales ahora arraigados no tienen nada en común. Son de partidos diferentes, se dedicaban a cosas diferentes, venían de regiones diferentes y gobernaban municipios de tamaños diferentes. Lo único que los une es sus cargos similares en Michoacán, tal vez el estado clave en la lucha contra el narcotráfico. En tierra michoacana se recibe, se cultiva, se procesa y se trafica droga. No hay eslabón de la cadena productiva que no pase por esa entidad. Ahí confluyen, además, tres de los cárteles más agresivos del país. Por eso, al estado debe leérsele como un microcosmos del enorme problema que enfrenta México cuando se trata de enfrentar al crimen organizado.
La conclusión es desoladora por varias razones. De la tormenta perfecta de peligros que deja al descubierto lo ocurrido en Michoacán, me quedo con uno: lo imposible que ya comienza a resultar gobernar un municipio en México. Si algo queda claro ahora que se ha comenzado a conocer la historia de los diez políticos michoacanos mencionados, es que el alcance de la corrupción y la extorsión que proviene del narco es tan grande que la posibilidad de gobernar con honestidad y bajo el más elemental Estado de derecho en nuestro país se está reduciendo de manera alarmante. Imaginemos por un momento la encrucijada imposible que enfrenta un candidato a presidente municipal en Michoacán, Zacatecas, Tamaulipas o alguna otra de las entidades tan claramente permeadas por el poder corrosivo del crimen organizado. Lo más probable es que, en algún momento de la campaña, el candidato reciba la visita de un emisario de alguno de los varios grupos que se disputan el control de su municipio. El enviado llegará con una oferta y una lista de requisitos. En el mejor de los casos le pedirá que se haga de la vista gorda. En el peor, le solicitará que ignore a la Secretaría de Seguridad Pública federal y, así, le entregue al grupo en cuestión el control de la policía municipal. Sobra decir, por supuesto, que el enviado hará todas estas solicitudes en un tono que habría envidiado el mismísimo Mario Puzo. Después de escuchar al representante del cártel en turno, el candidato tendrá tres opciones. Primero, puede optar por rechazar la oferta y retirarse de la contienda. Con toda seguridad, esto lo pondrá en riesgo de manera inmediata, a él y a toda su familia: uno no le dice que no al narco. Segundo, puede rechazar la oferta y, con un valor admirable, seguir adelante y, de vencer, intentar gobernar con las leyes del Estado mexicano. Eso equivale, qué duda cabe, a un suicidio. Pensemos, por ejemplo, en un municipio como Coahuayana, de donde viene Audel Méndez, uno de los alcaldes arraigados. Ese municipio de la costa michoacana tiene 14 mil habitantes. ¿Qué le ocurriría a un presidente municipal de un lugar de ese tamaño si opta por intentar hacer valer el imperio de la ley? Naturalmente, siempre existe la tercera opción: aceptar la oferta del narco, que es, evidentemente, lo que ha comenzado a ocurrir en algunas zonas de México con mayor frecuencia. Y es una tragedia. En el momento en que un presidente municipal se ve acorralado y cede el control de su pequeño pedazo de México al crimen organizado, el entramado básico de nuestro país comienza, de inmediato, a venirse a abajo.
Para nuestra desgracia, estamos cada día más acostumbrados a escuchar que la “gobernabilidad” en México está en riesgo, básicamente por el ir y venir del debate electoral. Un día, el PRI amenaza al PAN con dejar de debatir en San Lázaro si le siguen publicando videos inanes en YouTube. Al otro, responde el PAN y 24 horas después se suma el PRD. Pero la realidad es muy distinta. Lo que realmente acerca a México al abismo no es una batalla electoral de sexto de primaria ni los gritos incendiarios de los que apuestan por el colapso del país. Lo que cada día complica más el panorama es la erosión no de la capacidad de gobernar sino de la posibilidad de hacerlo. La amenaza real no es que México se vuelva ingobernable desde arriba (a todas luces, con todo y desacuerdos y reventadores, México no es ingobernable desde arriba). El peligro es que el control del país se nos escape ahí, en los pequeños pueblos de México. No sobre los escritorios de caoba de nuestros gloriosos senadores sino en los de melamina y aluminio oxidado que descansan en la oficina de los presidentes municipales michoacanos, asediados por criminales impunes, que andan, seguros y altivos, por las calles empedradas por donde caminó, hace siglos, Vasco de Quiroga.
– León Krauze
(Ciudad de México, 1975) es escritor y periodista.
