Ciento cincuenta y tres mil cuatrocientos quince (153,415) es el número de armas incautadas por las fuerzas federales en el sexenio que está por concluir (300 % más respecto a la anterior administración). Estas armas han jugado un papel determinante en la tasa de homicidios dolosos en México (que prácticamente se duplicaron en seis años) y, para poner en contexto, con el total de armas incautadas en este sexenio se podría armar a todos los miembros del ejército mexicano.
De acuerdo con la PGR, Zetas y Cartel del Golfo son las organizaciones criminales más activas en la importación ilegal de armas. En noviembre de 2008 en Tamaulipas, el ejército le decomisó al Cártel del Golfo un arsenal de 428 armas de fuego, medio millón de cartuchos útiles, 287 granadas, siete fusiles Barret 50 milímetros, un lanza cohetes y 14 tubos de TNT. Esta cantidad de armas podría haber abastecido al 66% del batallón que fue instalado en la base militar de Fresnillo, Zacatecas.
Estas dos organizaciones no son las únicas que se han involucrado en obtener armamento de gran capacidad. Recientemente un miembro de la organización criminal Sinaloa fue sentenciado en Arizona por intentar comprar en Estados Unidos tres cajas de granadas de mano, dos armas antitanques, dos armas AT-4s, un misil antiaéreo portátil Stinger, dos metralletas una M-60 y una calibre 30. Si bien este intento no tuvo éxito, existen versiones que señalan que en 2010, durante una incursión de fuerzas especiales del ejército en la sierra de Sinaloa, se descubrió un lote de armamento militar para el cual fue necesario solicitar instrucciones a las oficinas centrales de la Defensa Nacional y el apoyo de especialistas estadounidenses para su manejo.
Determinar el origen y volumen exacto de las armas incautadas en México es problemático debido a la ilegalidad en la que se realizan las transacciones. Sin embargo, existe evidencia de que Estados Unidos es el principal proveedor de armas para las organizaciones criminales de nuestro país. Tomando en cuenta las cifras del Interactive Globe: Small Arms Imports and Exports[1], las importaciones de armas y municiones provenientes de EUA se han disparado en los últimos cinco años hasta alcanzar 47.8 millones de dólares en 2010, lo que representó el máximo histórico de los últimos 20 años. Como muestra el mapa generado por Interactive Globe, las compañías y distribuidores de armas localizadas al norte del río Grande han sido las más beneficiadas con el flujo de este río de acero.
Además, resultado de la coordinación bilateral que México y EUA tienen a través del Grupo de Coordinación Interinstitucional para la Prevención y Control de Armas de Fuego y Explosivos (mejor conocido como GC-Armas), durante el periodo 2007-2011, 100 mil números de serie de armas recuperadas en escenas del crimen en México fueron enviados al Buro de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) para rastrear su origen. Los resultados arrojaron que el 60 % de estas fueron manufacturadas y/o importadas a Estados Unidos antes de ser introducidas a nuestro país. Entre estas se contabilizan más de 500 armas provenientes de la fallida operación Rápido y Furioso en la que, paradójicamente, la institución encargada de combatir el tráfico de armas en Estados Unidos, la ATF, permitió que ingresaran ilegalmente a México, para después perderles la pista y empezar a recuperarlas en escenas criminales como en la que perdió la vida Brian Terry, agente de la patrulla fronteriza.
El reporte de la organización Mayors Against Illegal Guns, una coalición de más de 700 alcaldes de ciudades de Estados Unidos que buscan combatir la venta y posesión ilegal de armas,señala quetan solo en 2009 tres de cada cuatro armas recuperadas en escenas del crimen en México y enviadas a la ATF para su rastreo fueron adquiridas en armerías de California, Arizona, Nuevo México y Texas (este último estado concentra el 40% de las compras de armas que después fueron rastreadas a nuestro país).
Tal vez el indicador más significativo del aumento de armas ilegales en México provenientes de Estados Unidos sea el Time to Crime (TTC) que mide el tiempo que tarda en aparecer un arma en una escena del crimen desde que fue comprada a un distribuidor legal. De acuerdo con la ATF, un TTC menor a dos años es un indicador clave de tráfico ilegal de armas. Para el caso mexicano este indicador se ha reducido de manera importante al pasar de 6-7 años en 2006 a menos de tres años en 2009.
Las cifras más reciente del TTC aún no se publican debido a que el Congreso de Estados Unidos implementó las Tiahrt Amendments (reformas legales que prohíben a la ATF liberarlas) pero sería previsible que el TTC para México ronde ya los dos años.
Para adquirir armas en Estados Unidos, los traficantes toman ventaja de las limitantes legales federales y las disparidades normativas a nivel estatal y local. En particular echan mano de un procedimiento relativamente sencillo conocido como straw purchase que consiste en que una persona que cumple con los requerimientos legales (ciudadanía americana, mayor de 21 años, ausencia de antecedentes legales y de impedimentos psicológicos) adquiere a título personal una o más armas para después entregarla o venderla a un tercero. Otra forma es asistir a los gunshows, donde las transacciones de compraventa no están reguladas por la ley de control de armas de 1968, por lo que la cantidad, tipo de arma, municiones y accesorios que pueden adquirirse tiene, prácticamente, libre demanda. Esto es posible ya que ahí, particulares que buscan vender parte de su “colección privada” pueden hacerlo sin necesidad de obtener una licencia federal. Este es precisamente uno de los vacíos legales que causa mayor controversia entre los grupos a favor de la portación de armas (Asociación Nacional del Rifle) y aquellos que buscan restringirla (Mayors Against Illegal Guns y The Brady Campaign). Aquí se puede ver un ejemplo de como una persona pudo comprar una pistola Glock 9mm y un cargador de treinta tiros, sin revisión de antecedentes legales en un gunshow en Arizona.
Una vez que las armas son adquiridas, estas son introducidas (completas o en partes) a México a través de tráfico hormiga. La PGRtiene identificadas por al menos tres rutas: Pacífico (cruzan por Tijuana, Mexicali, San Luis Río Colorado y Nogales, para después ser trasladas a Hermosillo, Culiacán, Tepic, Guadalajara, Morelia, Chilpancingo y Oaxaca), Centro (Ciudad Juárez, Chihuahua, Durango, Morelia y Oaxaca) y Golfo (se internan por Ciudad Acuña, Piedras, Negras, Nuevo Laredo, Ciudad Miguel Alemán, Reynosa y Matamoros, para ser trasladadas a Ciudad Victoria, de allí a Veracruz y Oaxaca). De acuerdo con la PGR no existen grupos criminales que se dediquen al tráfico de armas de manera específica, sino que cada organización cuenta con “proveedores” cuya función es abastecerlos de armas y municiones.
Las armerías estadounidenses no son la única fuente de abastecimiento de armas de las organizaciones criminales, existen fuentes nacionales y centroamericanas que también alimentan este mercado. Sin embargo, dado que al menos el 60% de las armas incautadas tienen origen en Estados Unidos, es necesario establecer un dique para reducir el flujo armas y municiones que alimenta la violencia en nuestro país. Mi siguiente colaboración propondrá al menos dos acciones para construirlo: 1) Cabildeo en Washington para limitar la venta de armas en Estados Unidos por parte de organizaciones de la sociedad civil mexicanas (Movimiento por la Paz, México SOS o Causa en Común) y estadounidenses (Brady Campaign, Ceasefire PA o Coalitionto Stop Gun Violence) con el apoyo de autoridades norteamericanas como la senadora Diane Feinstein o el Alcalde de Nueva York Michael Bloomberg y 2) Atacar el abastecimiento de armas y municiones de las organizaciones criminales de este lado de la frontera.
[1]El mapa solo abre utilizando Google Chrome como navegador.
Politólogo mexicano interesado en las políticas públicas de seguridad. Ha trabajado en el gobierno federal y como consultor en temas de seguridad, inteligencia y políticas públicas.
