Basta asomarse a la primera plana de El Heraldo de Chiapas y el Diario del Sur para corroborarlo. Día tras día, sin falta, desde su toma de posesión, el gobernador Manuel Velasco ha sido una prioridad informativa; sin falta, ambos diarios llevan una nota o una fotografía de él, no importa lo que haga. El Güero, le llaman con familiaridad.
No existe asomo de crítica o de periodismo en los titulares o en la información; uno y otro periódico suscriben las frases triunfalistas del gobierno: “Honesto y austero”, “aliado de las inversiones productivas y turísticas”, “un gobernador de la gente”. Frecuentemente, las supuestas notas informativas se limitan a copiar palabra por palabra los boletines del gobierno estatal, como si fuesen una extensión de la oficina de Prensa del gobernador.
No importa la cantidad de veces que el político refrende su compromiso con el bienestar de los chiapanecos, si Velasco acaricia una tortuga o dice que algo es prioridad (el agua, la salud, la educación), ese algo se convierte también en prioridad informativa para los diarios de la Organización Editorial Mexicana (OEM).
De 158 días de gobierno, solo en cinco de ellos Manuel Velasco no estuvo en la portada de los diarios chiapanecos de la OEM: el 25 de diciembre, el 1 de enero, además del 29, 30 y 31 de marzo —durante Semana Santa—, fechas en que ni El Heraldo ni el Diario del Sur circularon.
El 11 de abril pasado, tras cuatro meses de notas e imágenes a la medida, las cualidades del gobernador se acabaron y las notas elogiosas cesaron repentinamente. A ocho columnas, los periódicos propiedad de Mario Vázquez Raña abrieron fuego contra el gobernador: “Chiapas al borde del colapso por inexperiencia de Manuel Velasco”.
De un día para otro, Chiapas amaneció con una “inconformidad social creciente”, los ciudadanos anónimos entrevistados por la Organización Editorial Mexicana acusaban al gobierno de “carecer de brújula para satisfacer las necesidades más urgentes de los chiapanecos”, en tanto que las investigaciones periodísticas encontraron que Velasco “despilfarra los escasos recursos públicos en una insultante y onerosa campaña publicitaria de un gobierno que ha resultado bastante improductivo”.
No es la primera vez que la cadena de diarios (42 en todo el país) da una muestra de su fuerza al gobernante en turno. El 20 de noviembre de 2011, las baterías de la OEM se dirigieron al entonces gobernador Juan Sabines, a quien acusaron en primera plana de tener a Chiapas en quiebra y con la deuda más grande de toda su historia. Veinticuatro horas después, Chiapas era de nuevo “una economía fuerte y de resultados”.
El fenómeno exhibe la relación perversa que se ha establecido entre gobernantes y empresarios de medios, y que se alimenta de la opacidad. Si se oculta a los ciudadanos el detalle del gasto en publicidad oficial ejercido por el gobierno, la asignación de pauta publicitaria depende enteramente de los criterios discrecionales de la autoridad, que premia y castiga líneas editoriales, y la capacidad de negociación o chantaje de los empresarios.
En Chiapas, hoy es imposible conocer a cuánto ascienden los contratos del gobierno estatal con los medios, y en particular los montos que recibían El Heraldo de Chiapas y el Diario del Sur por publicar boletines de gobierno en primera plana, sin advertir nunca del crecimiento de la ola delictiva en el estado, que vinieron a descubrir cuatro meses después de iniciada la administración estatal.
Como advierte Jacinto Rodríguez Munguía, autor del libro La otra guerra secreta. Los archivos prohibidos de la prensa y el poder, la relación entre el poder y los medios desde la primera época del PRI ha incluido pagos, acuerdos, pactos, favores, obsequios, el colaboracionismo de periodistas con el poder, etcétera; es falso que los medios y los periodistas solo jueguen —como pretenden algunos— el papel de víctimas de la presión y control del poder sobre ellos.
Si como advierte un estudio de Fundar, la democracia se construye con información y debate, y no con propaganda y simulación, la negociación de principios editoriales por convenios comerciales constituye un fraude a la sociedad, lo mismo que la reproducción de boletines sin contexto, ni trabajo de verificación. Está en juego el derecho a saber de la gente.
Periodista. Autor de Los voceros del fin del mundo (Libros de la Araucaria).
