La firma que faltó: González Casanova

A pesar de que los activistas ya desalojaron la torre de rectoría, todavía no termina el conflicto. 
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La firma que faltó: González Casanova

Los ex rectores de la UNAM –Soberón, Rivero, Sarukhán, Barnés y De la Fuente– firman un desplegado: demandan a la autoridad competente que contribuya a restaurar la normalidad en la UNAM y repudian la nueva agresión de que es objeto y se solidarizan con el rector José Narro.

Sólo faltó la firma de Pablo González Casanova para tener la unanimidad de los ex rectores. ¿Por qué? En el año 2000, cuando (dizque) renunció a dirigir un centro de investigaciones de la UNAM en protesta por el ingreso de la policía a CU, González Casanova dijo estar “en contra de la violencia, incluso de la llamada violencia legal, a la solución de los problemas universitarios.” Esto, explicó, obedecía a una razón “de carácter existencial”.

Rara cosa: para González Casanova la violencia dentro de la UNAM es diferente a la violencia en otros ámbitos. Una violencia que amerita un trato excepcional. Se trata de privilegiar, por “universitarios”, a quienes cometen actos que son punibles fuera de las universidades. Se propicia así que los propiciadores de problemas –sobre todo los no tan universitarios como políticos–, amparados por ese privilegio, elijan a las universidades como un teatro impune para practicar su violencia.

El episodio actual invoca con razón las sombras de Falcón y Castro Bustos. Se entiende: en ambos casos la excusa es antireformar reformas o crear nuevas a modo; los violentos son apenas un puñado de activistas; el botín es la torre de la rectoría. Durante un mes, ese par de activistas “tomaron por asalto” (González Casanova dixit) la UNAM: se paseaban armados, iban a nadar a la alberca, regresaban a “su” torre. El rector dijo: “se me quiso poner en la coyuntura de pedir la intervención de la fuerza pública o de aparecer como una persona sin autoridad; cargos que, sumados a las pretensiones de convertirme en fiscal, juez, policía y—últimamente— en patrón, iban deteriorando la verdadera autoridad a que puede aspirar un profesor”.

Rechazar el uso de la fuerza es, desde luego, encomiable. Pero si se tiene que salvaguardar de la violencia la integridad de una institución y¡ sus miembros, el uso de la fuerza debe ser contemplado por quien ha protestado como autoridad anteponer el bienestar colectivo a cualquier otro interés. Si hay razones existenciales contra ello, no conviene aceptar cargos de autoridad.  

La Junta de Gobierno rechazó la renuncia. González Casanova puso una serie de condiciones para reconsiderarla. Una fue que los activistas no fuesen considerados “movimiento social” y “que el gobierno de la República, abierta y expresamente, decida impedir los delitos de orden común contra la UNAM, ejerciendo, bajo la responsabilidad de las autoridades competentes, el derecho positivo en forma tal que no quepa lugar a dudas de que no hay lenidad o arbitrariedad en el uso del mismo, ni impunidad para los autores materiales e intelectuales de las agresiones a la Universidad.”

Entonces… ¿por qué no firmó ahora?

En 1972 algunos miembros de la Junta de Gobierno denunciaron penalmente a los “delincuentes del orden común”. Echeverría envió al Congreso una iniciativa de ley para garantizar “el respeto a las universidades autónomas”. González Casanova felicitó a Echeverría. El STEUNAM gritó “¡Fascismo!”. El STEUNAM y el movimiento estudiantil acusaron a González Casanova de querer privatizar la educación, de querer transformar a la UNAM en “una universidad tecnocrática” y subordinada a los “requerimientos del desarrollo capitalista”. Y exigieron, obviamente, democratizar sus formas de gobierno. Tal cual: hace cuarenta y un años.   

El movimiento estudiantil dijo discrepar de la toma de la rectoría pero se opuso a la entrada de la policía y advirtió: “Si alguna autoridad llama a la policía, esa autoridad no volverá a pisar la UNAM”.

Y ahí seguimos…

(Publicado previamente en el periódico El Universal)

Lunes, 29 de abril.

 

Extritas.

1: Malatesta S.A.        

Hoy miércoles 1 de mayo los quince académicos o activistas o inconformes del globalizado “Colectivo Malatesta” (no se les debe decir “encapuchados” porque, como ha indicado el abogado John Ackerman, es racista) han concedido graciosamente a los otros 350 mil universitarios el derecho humano de tener edificio de la rectoría.

De acuerdo con un periódico que no es mediático y sí es como un oásis en el desierto de la información, los “jóvenes” dijeron que regresaban la rectoría de la que estuvieron apoderados doce días para mostrar su disposición al “diálogo”.

También declararon que su “acción” no fue en respuesta a la expulsión de cinco de sus camaradas, sino contra “la imposición” de reformas al Colegio de Ciencias y Humanidades con las que no están de acuerdo.

Han abundado los comentarios y análisis. Me detengo en uno que me parece sintomático: el que propone que los jóvenes activistas en realidad no lo son tanto, sino más bien empleados de fuerzas –digamos sin asomo de racismo– encapuchadas: a saber, el gobierno y los “sectores más conservadores”.

Lo aporta el señor Javier Flores, quien escribió que si bien ese grupo cuyas “acciones violentas revelan un alto grado de resentimiento social” puede ser un grupo radical que tomó la rectoría debido a

la falta de oportunidades para los jóvenes y a que se han cerrado las vías democráticas para la participación política, como evidencian las elecciones de 2006 y 2012 (y porque) buscarían también una salida represiva que, suponen, haría crecer el descontento,

no pueden descartarse otra hipótesis. La de que se trató de 1) “una acción orquestada desde el gobierno”; o 2) de grupos que “hacen el juego a los sectores más conservadores del país”.

En el primer caso, el gobierno de México habría mandado tomar la rectoría para buscar

una salida represiva que inactivaría la posición crítica de las instituciones de educación superior frente a las reformas en materia educativa, fiscal y de energéticos.

En el segundo, los sectores más conservadores la habrían mandado tomar para

acallar o dañar a las instituciones de educación superior públicas, como la UNAM, que representa un modelo de educación superior pública, gratuita, laica y de masas con alta calidad académica, en la que se discuten con libertad y se buscan soluciones a los grandes problemas nacionales

Mientras se decide cuál de las hipótesis se convierte en demostración, habrá una mesa de diálogo el 9 de mayo en la UNAM. Habrá que suponer que como será –ha dicho el rector– un “diálogo de universitarios” entre gente identificada y sin(perdón por emplear términos racistas) capuchas, ese día se sabrá si debajo de las máscaras había un grupo radical, un gobierno o un sector más conservador.  

En fin. Espero que no se active la “cláusula de desalojo. Podremos los universitarios continuar con nuestras actividades normales siempre y cuando no desatemos la ira de (subraye otra vez) grupos radicales, el gobierno, los sectores más conservadores.

En todo caso, igual que en tooooooooooodas las huelgas, paros y tomas anteriores, los universitarios seguiremos en calidad de permisionarios de las aristocracias del voluntarismo…  

Miércoles, 1 de mayo.

 

 

Extritas.

2. El mensaje del rector

En un mensaje prudente transmitido ayer martes, el rector de la UNAM, Dr. José Narro, dijo, entre otras cosas:

Quiero decir a la comunidad universitaria y a la sociedad mexicana que, por supuesto, de nueva cuenta la Universidad Nacional Autónoma de México ha sido afectada, lo ha sido en su patrimonio, lo ha sido en su imagen y lo ha sido también en los servicios que presta a la sociedad. Esto no podemos ignorarlo, no podemos hacer como que no se hubiera registrado de ninguna manera.

Y de manera muy especial, porque estoy plenamente convencido que los hechos que se registraron no debieron haber sucedido. No es la violencia, no es el camino de la toma de instalaciones y la afectación de la normalidad universitaria, la forma de plantear una diferencia, la manera de expresar un desacuerdo, el mecanismo para hacer notar una protesta o un desacuerdo.

Y más cuando hay todos los canales, todas las fórmulas en la universidad para poder atender, conocer, registrar y resolver esas diferencias, resolver esos diferendos.

Ni el plan de estudios, que no existe, el que existe es el que está en vigor en el caso del Colegio de Ciencias y Humanidades, ni el proceso que a lo largo de más de un año ha conducido el consejo técnico del Colegio de Ciencias y Humanidades, son razón justificada para esta condición.

Lo que, desafortunadamente, ha estado presente son acciones violentas, es la afectación a la integridad de universitarios lo que nos ha conducido al punto en que nos encontrábamos hasta el día de ayer.

Para los universitarios y para una sociedad civilizada que se precie de serlo, la violencia es precisamente la antítesis de los valores que se cultivan en esta casa de estudios. Afortunadamente, los hechos nos demuestran que la inteligencia, que la prudencia, son formas y mecanismos que tienen que actuar para enfrentarse a la cerrazón y a la intransigencia.

(…)

Quiero dejar claramente establecido que en ningún momento se ha tratado de judicializar y menos de criminalizar la protesta que, por supuesto, las autoridades universitarias, el rector, la rectoría a mi encargo, lo que hemos hecho es denunciar la violencia, es exigir con firmeza y con respeto la reintegración de las instalaciones, la desocupación de la torre de la rectoría y sancionar, por supuesto, a quienes cometieron, previamente a cualquier planteamiento de orden académico, conductas que son impropias, inadecuadas de un universitario.

Quienes optan por la vía violenta están contraviniendo el orden y los principios de la universidad; quienes ejercen la fuerza como sustituto de la razón se equivocan y transmiten una imagen que no es de ninguna manera la que la inmensa mayoría de los integrantes de esta universidad hoy y siempre han expresado y han mantenido.

(…)

Entiendo con claridad que tenemos que ver hacia adelante, que si lo que se ha pedido es diálogo, diálogo tiene que haber, pero un diálogo de universitarios. Diálogo entre gente identificada, un diálogo donde prevalezca el argumento, la información y el más amplio debate al respecto de los asuntos que preocupan, en este caso respecto del plan de estudios del Colegio de Ciencias y Humanidades.

El rector ha señalado, pues, que el diálogo versará sobre el plan de estudios de los Colegio de Ciencias y Humanidades, que es lo que ha motivado la inconformidad de quien sea que maneja a los activistas.

Pero los activistas (grupos radicales, o el gobierno, o los sectores más conservadores) han avisado que el diálogo estará centrado –una vez más– sobre el asunto de si la UNAM debe ser gobernada “democráticamente” por autoridades, maestros, trabajadores y estudiantes, como la avanzada UACM.

Así las cosas, supongo que solamente discutir el tema de la discusión va a consumir varios meses.

Ojalá que en santa paz. 

Jueves, 2 de mayo

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