Esta semana Bolivia cumplió el último requisito que le faltaba para ser miembro pleno del ALBA: comenzó a sufrir racionamiento eléctrico y apagones. Con una peculiaridad, sin embargo. En nuestro caso el problema nada tiene que ver con la estación seca; Bolivia es uno de los países con mayores recursos hídricos del mundo y podría generar electricidad para una economía diez o veinte veces mayor a la suya.
¿Por qué entonces millones pasan horas en penumbras, los restaurantes y cines tienen que cerrar, los alimentos congelados se ponen en riesgo, las grandes industrias deben recurrir a motores propios, aumentando sus gastos, y las pequeñas no tienen más alternativa que parar? Por la suma de dos razones que en el país suelen ser una sola: estatismo e irresponsabilidad.
Veamos cómo se articulan las dos: En 2006, Evo Morales subió al poder con el propósito de nacionalizar el sector eléctrico (estatismo). En ese momento, claro, se suspendieron las inversiones privadas, que la situación política previa ya había raleado considerablemente. Pese a ello, la nacionalización tardó cuatro años (irresponsabilidad). Cuando finalmente sucedió, los nuevos gerentes de la principal planta generadora, Guaracachi, continuaron la ya iniciada compra de una maquinaria carísima que, dos días después de ser inaugurada, se averió y no funcionó más. Hasta ahora no se sabe bien qué pasó con ella y nadie ha sido responsabilizado (estatismo e irresponsabilidad).
La falta de incremento en la capacidad de la industria terminó como lógicamente debía: ahora es insuficiente para atender la demanda nacional de electricidad, que ha aumentado como consecuencia de la prosperidad económica.
Incluso antes de la nacionalización el gobierno ya sabía lo que ocurriría. Anunció entonces gigantescas inversiones estatales en hidro y termoelectricidad y asignó un fondo de mil millones de dólares de las reservas internacionales para financiarlas. Pero luego no hizo nada, probablemente porque no sabe cómo (estatismo) y el dinero sigue ahí en las bóvedas sin ser usado (irresponsabilidad).
Claro, recurrir a empresas internacionales especializadas para que construyan las obras que se necesitan todavía sigue siendo un anatema. Sin embargo, pronto no quedará más remedio que hacerlo y ya las veremos llegar. Quizá no sean norteamericanas o europeas, sino coreanas o brasileñas, pero serán tan privadas como las que el gobierno acaba de echar.
En todo caso, pasaran varios años para que las autoridades, pasando por encima de sus dogmas, se animen a aceptar la colaboración privada y para que las inversiones de emergencia (y con gran riesgo moral) que se harán bajo el acicate de los apagones surtan efecto.
Mientras tanto, tendremos que prender velas y consolarnos diciendo que antes había luz, pero las empresas no eran nuestras. Ahora, en cambio, que las empresas son nuestras, ¿a quién le importa la luz? Al gobierno, al menos, no. Por otra parte, esto no nos lo impuso nadie: si estamos en la oscuridad, es porque nos la merecemos.
Periodista y ensayista boliviano. Autor de varios libros de interpretación de la política de su país, entre ellos El pensamiento boliviano sobre los recursos naturales (2009).
