El segundo debate entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Mitt Romney y Barack Obama, el 16 de octubre pasado, fue el único en el que se mencionó el tema migratorio.
Aún antes de que Lorraine Osorio, una mujer de origen salvadoreño seleccionada para hacer una de las preguntas a los candidatos, preguntara a Romney: “¿qué pretende hacer con los inmigrantes que no tienen permisos de residencia (green cards) y que actualmente viven aquí como miembros productivos de la sociedad?”, Obama ya había hecho alusión al tema al responder a otra pregunta sobre las diferencias entre Mitt Romney y George W. Bush. Tras insistir en que las políticas económicas de Romney implicarían un regreso a las mismas condiciones que crearon la crisis actual, Obama argumentó que sí hay algunas diferencias entre Romney y Bush y una de ellas es que Bush apoyaba una reforma migratoria integral y nunca propuso la “auto-deportación” como lo hace Romney. “En temas sociales”, concluyó, “Romney se ha movido al extremo y eso es un error. Eso no va ayudar a nuestra economía”.
Romney aprovechó la siguiente pregunta sobre los logros de Obama desde que inició su administración para hablar de las promesas incumplidas: entre ellas la propuesta de un plan para una reforma migratoria. “Ni siquiera lo presentó”, criticó Romney. No sólo eso; Romney podría haber hablado de que en lugar de una reforma migratoria Obama reforzó los controles migratorios, tanto en la frontera como al interior, lo cual ha resultado en más de un millón de deportaciones en cuatro años, el más alto en la historia, y en la separación de miles de familias. Sin embargo, para Romney no sería muy astuto criticar este aspecto, por un lado porque Obama ha logrado lo que demócratas y republicanos por igual han buscado desde que iniciaron los operativos de control en la frontera en los años noventa: reducir la migración indocumentada por la frontera con México. Obama no dejó pasar la oportunidad para destacar que el flujo de migrantes por la frontera México-Estados Unidos es el más bajo que ha habido en cuarenta años. Además, en el fondo, la idea de Romney de la “auto-deportación” pretende lograr lo mismo por otros medios que al final de cuentas podrían resultar más costosos para los migrantes, sus familias y sus comunidades.
En lugar de reconocer la demanda de mano de obra que ha atraído a millones de migrantes al país, y la necesidad de crear canales adecuados para asegurar su estancia en el país y la protección de sus derechos, ya sea por medio de programas de trabajadores temporales o programas de regularización para quienes llevan años viviendo en el país sin documentos, la propuesta de Romney es detener la migración indocumentada y facilitar la migración por la vía legal (especialmente para personas que trabajen en sectores de alta calificación). Para Romney, darle prioridad a los que están esperando entrar por la vía legal (sin reconocer que muchos no entran por la vía legal simplemente porque no hay permisos de trabajo o visas disponibles o el proceso tarda años que significan estar separados de sus padres o hijos o de vivir en situaciones precarias), no es compatible con la idea de regularizar la situación de los que ya están aquí (o dar una amnistía, como él llama despectivamente a este proceso) porque supuestamente le quitarían el lugar a los que están esperando.
Esta es una visión limitada que se puede rebatir al ver, por ejemplo, cómo ha funcionado el programa de acción diferida, que ha implicado una carga de trabajo considerable que no estaba contemplada para la Oficina de Servicios Migratorios (USCIS) pero se ha resuelto con apoyos presupuestales y de personal, que no implica que los demás trámites en curso se retrasen. Un plan de regularización para los cerca de once millones de migrantes indocumentados claramente implicará altos costos, no sólo para el gobierno de Estados Unidos sino también para los consulados de los países de origen y las organizaciones de apoyo a los migrantes (como ya se ha visto con el proceso de acción diferida), pero el gobierno de Estados Unidos podría redistribuir parte del presupuesto que se dedicaba a las deportaciones para este propósito y apoyarse en otros gobiernos y organizaciones de la sociedad civil para facilitar estos procesos.
En lugar de una regularización aunada a la creación de nuevas visas y programas de trabajadores temporales, Romney insiste en que la verificación de empleados dentro de lugar de trabajo por medio de la base de datos de E-Verify, y las sanciones a empleadores que no cumplan, reducirá incentivos (o, como él los llama, “imanes”) para la contratación de trabajadores sin documentos. Dentro de esta lógica se inscribe la idea de la “auto-deportación”. Si se les complica lo suficiente la vida en Estados Unidos a estas personas, como lo han intentado hacer cientos de leyes en el ámbito local y estatal desde 2005, y si se reducen incentivos como las licencias de manejo que ofrecen algunos estados, los migrantes indocumentados naturalmente optarán por regresar a su país de origen.
Una política de visión tan corta, que no toma en cuenta las causas políticas, demográficas, económicas y sociales (tanto en el país de origen como el de acogida) que originan esta migración, no sólo fracasaría sino que podría crear condiciones aún más precarias para los migrantes indocumentados al orillarlos todavía más a vivir en las sombras, sin los apoyos necesarios para que ellos y sus hijos puedan superarse y participar activamente en la sociedad de la que forman parte. Todo ello genera aún más tensiones en las comunidades en las que residen y en el largo plazo tiene consecuencias en la integración y la calidad de vida no sólo de los migrantes sino de sus hijos, en muchos casos ciudadanos americanos. “Hay que dejar a las personas tomar sus propias decisiones”, dijo Romney. ¿Pero qué opciones les dejaría esta política?
En su réplica, Obama recordó las declaraciones de Romney de que vetaría el DREAM Act (excepto en la versión en la que el servicio militar, y no un grado de licenciatura, es la única forma de obtener la residencia permanente), y opinó que si tiene como asesor al autor de la ley SB1070 en Arizona es suficiente para ilustrar el enfoque que tendría como presidente. Aunque en general son conocidas las posiciones de ambos candidatos en este tema, un momento sorpresivo fue cuando Obama criticó la ley de Arizona como una forma de discriminación con base en perfiles raciales y mencionó a sus hijas como un ejemplo de una situación en la que ciudadanos americanos podrían ser afectados por “no parecer ciudadanos”.
En general el lenguaje de Obama reflejó una mayor sensibilidad hacia el tema y cierta cercanía con los grupos que trabajan en favor de los derechos de los migrantes: a diferencia de Romney, jamás utilizó el término inmigrante ilegal; en cambio, se refirió a los jóvenes indocumentados como “personas que se consideran americanos en todos los sentidos excepto por el hecho de que no tienen documentos”.
La principal crítica de Romney es válida: Obama prometió una reforma, tenía una mayoría en el Congreso al inicio de su gobierno y ni siquiera presentó una propuesta. La pregunta clave no es sólo por qué no lo hizo (a lo que Obama rápidamente respondió que fue por la falta de apoyo de los republicanos) sino cómo pretende hacerlo si llega a tener un segundo periodo. Y eso no quedó claro en este debate ni ha quedado claro en esta campaña. Ahí es donde los grupos que consideran este tema como prioritario deben insistir en una respuesta específica por parte de Obama. Y ahí es donde realmente empezaría el largo y complejo debate sobre los detalles de la reforma migratoria.
A pocos días de la elección del 6 de noviembre queda clara la diferencia: Es cierto que Obama no ha cumplido su promesa de una reforma migratoria integral, pero Romney ni siquiera tiene una promesa.
es profesora de estudios globales en The New School en Nueva York. Su trabajo se enfoca en las políticas migratorias de México y Estados Unidos.
