Saneamiento gradual

Todos somos corruptibles, pero eso implica libertad, no fatalidad. Ser corruptible no es lo mismo que ser corrupto.ย 
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Si "Todos somos corruptos", como dijo famosamente el presidente Lรณpez Portillo, ¿quiรฉn va a sanear? No hay nada que hacer.

La afirmaciรณn tajante sirve para eso: para no hacer nada. Para lo mismo sirven las explicaciones absolutas (la corrupciรณn estรก en nuestra cultura, nuestra historia, nuestros genes) y las soluciones radicales (hay que enseรฑar a ser de otra manera desde la infancia, hay que rehacer las instituciones, hace falta una nueva Constituciรณn, hay que reinventar el paรญs).

Todos somos corruptibles, pero eso implica libertad, no fatalidad. Ser corruptible no es lo mismo que ser corrupto. Es perfectamente posible evitar la degradaciรณn personal, no contribuir a la ajena y apoyar el saneamiento institucional de manera prรกctica y sin fariseรญsmo.

Hay prioridades. Tiene mรกs fuerza multiplicadora la corrupciรณn de un jefe que la de un subordinado; la corrupciรณn de las autoridades (polรญticas, empresariales, sindicales, mediรกticas, intelectuales, eclesiรกsticas, universitarias, profesionales, deportivas) que la corrupciรณn de las familias. En el ciclo que va desde la ocasiรณn, el delito, la denuncia, la averiguaciรณn y el juicio hasta el castigo, nada tiene mรกs fuerza multiplicadora que la impunidad de las autoridades delincuentes.

Hay que combatir la impunidad sin estorbar el ejercicio legรญtimo del poder. Facilitar la transparencia, la denuncia y el debido enjuiciamiento y castigo. Por ejemplo:
 
1. Si todos los pagos del gobierno fueran pรบblicos, serรญa mรกs fรกcil observar la conducta morosa, inepta o delincuente. La sociedad, la prensa y los รณrganos del Estado tendrรญan mayores oportunidades de intervenir para mejorar la administraciรณn pรบblica.

Para el arranque, habrรญa que limitarse a los pagos federales de diez millones de pesos o mรกs. La publicaciรณn de cada pago deberรญa incluir: persona fรญsica o moral que lo recibe, cantidad, concepto, fecha, dependencia, funcionarios que autorizan (en calidad de quรฉ), cuentas programรกticas y contables afectadas.

Toda esta informaciรณn ya existe electrรณnicamente al expedir el pago. La novedad serรญa que el programa suba automรกticamente una copia a un Portal de Pagos Federales administrado por la Auditorรญa Superior de la Federaciรณn. Esto facilitarรญa sus revisiones sobre la marcha (sin esperar al cierre del ejercicio) y, sobre todo, abrirรญa a terceros la oportunidad de cooperar con seรฑalamientos concretos de cosas que vale la pena investigar. El acceso a la base de datos (actualizada diariamente) no requerirรญa solicitud, justificaciรณn y ni siquiera dejar los datos del interesado en consultarla.

2. Vigilar la conducta de millones de habitantes en millones de kilรณmetros cuadrados no tiene sentido prรกctico (ni democrรกtico). Vigilar la conducta de las autoridades carcelarias, judiciales y policiacas en sus lugares de trabajo tiene mรกs sentido y cuesta infinitamente menos. Las cรกrceles pueden ser el embriรณn de un Estado de derecho. Si no es posible asegurar el cumplimiento de la ley en espacios cerrados, pequeรฑos y bajo vigilancia armada, menos aรบn en todo el territorio nacional.

En las cรกrceles hay inocentes que no deberรญan estar ahรญ; culpables de delitos menores que no pueden pagar la fianza para salir; reclusos que extorsionan telefรณnicamente a la poblaciรณn externa; que maltratan o matan a otros reclusos; que se fugan. Y autoridades cรณmplices que toleran todo esto o lo encabezan.

Dado que el saneamiento de las cรกrceles, inevitablemente, debe estar a cargo de las autoridades; y que los ciudadanos (con razรณn) no querrรกn meterse en ese infierno; lo prรกctico es que la intervenciรณn ciudadana se ejerza contratando expertos internacionales que presenten un informe semestral de la situaciรณn de cada cรกrcel.

3. Es menos arriesgado que los ciudadanos intervengan en el paso previo a la cรกrcel. Hay una zona problemรกtica entre las procuradurรญas de justicia y los tribunales. Puede haber deficiencias (intencionales o no) sobre cรณmo presenta sus pruebas el ministerio pรบblico y cรณmo las juzga el juez. Un delincuente puede comprar a la policรญa, al juez o a ambos. Hay cierta circularidad en el hecho de que el poder judicial juzgue si una sentencia estuvo bien y la policรญa investigue si hubo o no corrupciรณn. Un observatorio ciudadano del proceso judicial que revise tรฉcnicamente las sentencias significativas permitirรญa localizar cuรกles jueces y agentes del ministerio pรบblico estรกn mal.

 

(Reforma, 25 enero 2015) 

 

 

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(Monterrey, 1934) es poeta y ensayista.


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