El mes pasado los invitamos a ustedes, nuestros lectores, a revisar y depurar el documento Veinte compromisos por la democracia, suscrito hace seis años por un sector importante de la opinión pública a propuesta de un grupo plural de intelectuales y políticos. La idea era revitalizar un llamado que, aunque superado en varios de sus puntos, no ha perdido su vigencia. Las transiciones a la democracia de la mayoría de los países del mundo en donde se han llevado a cabo con éxito nos enseñan que los pactos públicos entre líderes y agrupaciones sobre mínimos aceptados por todos son la mejor manera de garantizar una convivencia civilizada en donde las diferencias tengan cauces legales para dirimirse. De los veinte compromisos originales restamos aquellos que o ya se han cumplido a cabalidad o bien fueron superados por la realidad mexicana. Y les pedimos que, de los quince restantes, escogieran aquellos diez fundamentales. Confesamos con emoción y asombro que su respuesta superó nuestras expectativas: el fax, el teléfono y el correo electrónico no dejaron de anunciarnos cada minuto que están ávidos de participar en el debate público. A todos aquellos que nos contestaron les damos las gracias sinceramente. Cerca de seiscientas respuestas en quince días son, incluso, un problema logístico que no calculamos.
Ustedes han reducido esa lista a diez, considerados —por mayoría de votos— como los compromisos más pertinentes para que México transite de una vez por todas rumbo a la plena democracia. Ahora toca presentarle esa lista a los candidatos presidenciales para que la suscriban y, en caso de ganar las elecciones, la pongan en práctica. Los diez compromisos por la democracia son: 1. Realizar consultas públicas sobre cualquier iniciativa para modificar la Constitución General de la República.
2. Promover que las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia que, constituyendo jurisprudencia, declaren una ley o decreto como contrario a la Constitución, impliquen su inmediata abrogación.
3. Asignar el gasto federal destinado a combatir la pobreza en proporción directa a su incidencia y grado en cada municipio del país, dejando bajo la responsabilidad directa del municipio la ejecución de los programas.
4. Descentralizar hacia los gobiernos estatales y municipales funciones administrativas y servicios públicos que actualmente realiza el gobierno federal en su territorio.
5. Proponer que los ayuntamientos gocen del derecho de amparo contra actos de los gobiernos estatales y federal.
6. Proponer la inclusión en la Constitución de las figuras del referéndum, el plebiscito y la consulta popular.
7. Hacer públicas las declaraciones patrimoniales del presidente de la república y de los miembros de su gabinete.
8. Dotar al organismo responsable de elaborar las estadísticas nacionales de una autonomía similar a la del Banco de México.
9. Proponer que se establezca la obligación de los medios de comunicación de señalar en forma expresa cualquier información pagada que publiquen o difundan.
10. Reglamentar el derecho ciudadano a la información. –
