Una singularidad del Estado mexicano, en comparación con muchos otros, ha sido su papel como promotor de la cultura. México se adelantó a lo que Francia llama hoy "la excepción cultural": la doctrina de que el fomento de la cultura nacional es de interés social, por lo cual la cultura merece trato aparte.
Aunque encarna materialmente en bienes y servicios, no debe ser tratada como el resto de la vida material.
Esta doctrina ha estado implícita desde Ignacio Manuel Altamirano, para el cual la república de las letras nacionales debía ser la culminación de la independencia mexicana. Se fortaleció cuando Justo Sierra fue ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes. Y recibió un impulso vigoroso de José Vasconcelos, cuando fue secretario de Educación Pública.
En esta tradición, el fomento cultural era tan evidentemente de interés social que a nadie se le ocurrió formalizarlo en una ley. Pero los tiempos han cambiado. Paradójicamente, para algunos beneficiarios de la tradición (gracias a la cual recibieron del Estado apoyos para estudiar en el extranjero), el caso dejó de ser evidente. Cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los negociadores canadienses que abogaban por la excepción cultural esperaban que los mexicanos, por su conocida tradición, fueran aún más vehementes. Se llevaron la sorpresa de que un alto funcionario mexicano, doctorado en el extranjero, les dijera: "La cultura no nos importa". Esta singular opinión no corresponde a las actividades que de hecho sigue desarrollando el Estado, ni a la opinión del poder legislativo, ni a la opinión pública. Pero hizo ver la necesidad de que la doctrina implícita se volviera explícita, como en otros países.
La Ley de Fomento de la Lectura y el Libro recientemente aprobada es un buen comienzo, y lo más notable de todo es que surja como iniciativa del poder legislativo, apoyada por todos los partidos. Los libros tienen una importancia desproporcionada a su escaso peso económico en el producto nacional. Esta desproporción debe aprovecharse: es una oportunidad de grandes beneficios sociales a muy bajo costo. Los libros suben de nivel a los países que leen mucho, frente a los que leen poco.
Hay una conciencia tan viva de esta oportunidad, que la ley ha sido recibida con decepción, manifestada en artículos, notas y declaraciones de la Sociedad General de Escritores de México y la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Es un buen síntoma social. Todos esperábamos más. Pero, en términos de realismo político, la decepción es un error. Lo notable es que una ley sin padrino en el poder ejecutivo haya sido aprobada. Todavía hay muchos legisladores que no representan a sus electores, sino a tales o cuales dependencias del ejecutivo. En alguna ocasión, según me contó un amigo priísta, cuando un diputado del PRI iba a presentar una propuesta cultural que disgustaba a la Secretaría de Hacienda, los diputados controlados por esta secretaría lo rodearon físicamente, impidiéndole el paso a la tribuna y haciéndole toda clase de recriminaciones, hasta que lo hicieron desistir.
Es obvio que la Ley de Fomento de la Lectura y el Libro salió como salió porque, después de cabildear todos los contenidos deseables, quedó el mínimo común denominador: lo que todos los partidos suscribían y ninguna dependencia del ejecutivo objetó. No es difícil adivinar cuáles puntos fueron objetados por las distintas dependencias que tenían el peso necesario para impedir la aprobación de la ley. Desde este punto de vista, el resultado es alentador. Quiere decir que, aunque los tiempos han cambiado, el consenso todavía está muy por arriba del tecnócrata que dijo "La cultura no nos importa".
No es tan pequeña cosa que el artículo primero empiece diciendo: "Esta ley es de observancia general en toda la república; sus disposiciones son de orden público e interés social". Alguna vez, cuando fuimos de la Asociación de Escritores a pedirle a un subsecretario de Hacienda que promoviera el cumplimiento de un punto de la ley que favorece la creación, nos topamos con una negativa, y con algo peor: no sólo no quería el cumplimiento de la ley, sino que estaba en contra de que ese punto fuera ley. ¿Qué razón hay para que el fisco favorezca la creación y no la fabricación de pantalones? Tuvimos que decirle que, si no veía la diferencia, iba a ser muy difícil que se la explicáramos; pero que, gracias a los que sí la veían, México todavía no estaba como Puerto Rico.
Frente a la miopía cultural de los tecnócratas que ya no son capaces de ver la diferencia, es muy importante que ahora se declare formalmente de interés social el fomento de la lectura y el libro. Lo que sigue es traducir eso en aplicaciones prácticas. Para lo cual será importante que el Consejo Nacional de Fomento de la Lectura y el Libro creado por esta ley no resulte simplemente decorativo.
El Conalibro nace como "órgano consultivo de la Secretaría de Educación Pública", pero la ley no dice que deba ser pasivo. Debe proponer muchas cosas que fomenten la cultura del libro, sin olvidar las ideas prácticas que fueron descartadas. Que no hayan quedado formalmente en la ley no impide promoverlas. Los argumentos para rechazarlas fueron muy variados, y deben atenderse, buscando soluciones caso por caso, para acomodarlas en distintas partes y con distintas formas:
1. Proyectos de reforma a otras leyes, decretos y reglamentos. Como en el Conalibro van a estar, de oficio, los presidentes de las comisiones de educación y cultura de las dos cámaras legislativas, ellos pueden ser el vínculo para llevar a las cámaras las ideas de fomento que requieran modificaciones legales. Por ejemplo: si cierta idea fue rechazada argumentando que interfería con la Ley de Bibliotecas, habría que revisar esta ley, para acomodar el cambio directamente ahí, en forma congruente con el resto de la ley. Para esto se tendrá la ventaja de contar, también de oficio, con el director general de bibliotecas. Cabe decir lo mismo de las leyes fiscales. O de los decretos sobre el depósito legal, que actualmente son una carga para los editores y podrían convertirse en un incentivo, previsto en la Ley del Libro de otros países: en vez de exigirles ejemplares gratuitos para la Biblioteca Nacional, del Congreso, de la Asamblea Legislativa, comprarles (con un descuento del 50%) una pequeña cantidad para estas bibliotecas y para cada una de las bibliotecas centrales estatales, convertidas en depositarias de la producción editorial mexicana. En las bibliotecas hay incendios, humedad, extravíos. Tener en la capital de cada estado el acervo completo de lo que se publica en México sería una buena cosa para los lectores del país y para la protección del patrimonio cultural.
2.Programas de fomento adoptables por la propia Secretaría de Educación Pública, por otras dependencias federales, estatales o municipales o por la iniciativa privada. Por ejemplo:
a)Aunque las bibliotecas formales (universitarias y públicas) han mejorado mucho en los últimos diez años, casi todo está por hacerse en otro tipo de bibliotecas, más cercanas a la vida de los no lectores. Las bibliotecas escolares, de barrio, de lugar de trabajo, de transporte público, de hospitales, asilos y prisiones, pueden ser centros ideales para contagiar la lectura, entre la población que no se acercaría a una biblioteca formal.
Hay doscientas mil escuelas de educación básica, pero más del 95% no tiene biblioteca. Hay miles de jubilados entusiastas de la lectura que en su propia casa pudieran atender una biblioteca de préstamo a sus vecinos: un club de libros como los promovidos por el Instituto de Cultura del Distrito Federal. Para las grandes empresas y el gobierno, no sería tan difícil crear bibliotecas de libros que el personal pueda llevarse prestados a su casa. Ahora el Metro de la ciudad de México ha empezado a repartir un periódico gratuito: ¿por qué no dar también el servicio de préstamo de libros que se puedan llevar a la casa?
b)La nueva ley propone "Becas, premios y estímulos a la promoción, edición y fomento de la lectura y el libro", así como "Cursos de capacitación vinculados al trabajo editorial, gráfico, librero y bibliotecario".
La Secretaría de Educación Pública pudiera ofrecer becas, no de estudio, sino de aprendizaje en la práctica, hasta por tres años, para trabajar como ayudantes de especialistas en cualquiera de las artes y oficios del libro, en México o en el extranjero. Por ejemplo: agencias literarias, archivos fotográficos, bibliotecas ambulantes, bibliotecas rurales, catalogación de libros antiguos, clubes de libros, corrección de pruebas, diseño de carátulas, edición de enciclopedias, ediciones críticas, ediciones de arte, ediciones en disco óptico, encuadernación, exportación de libros, índices, librerías monográficas, libros científicos, libros para campesinos, libros para niños, organización de archivos y bibliotecas de personajes, preparación de originales, programas de radio o televisión sobre libros, promoción de lectores, proyectos de colecciones editoriales, traducción auxiliada con computadora, ventas por correo. Podría apoyar carreras de letras orientadas al mundo editorial.
Así como hay páginas de internet sobre virus informáticos, podría crearse una página dedicada a las erratas, errores y gazapos de los libros publicados en México: una fe de erratas gigantesca que sería de utilidad para lectores, investigadores, autores, correctores, editores; que serviría para frenar la repetición de errores y podría tener su lado ameno: el rincón de las erratas divertidas. También pudiera promoverse un concurso anual de libros sin erratas, errores ni gazapos, con premios para los correctores: profesión esencial para elevar la calidad del libro.
La nueva ley es un avance notable: fortalece la excepción cultural. Hay que tomarle la palabra y poner en marcha de verdad un mayor fomento de la cultura del libro. –
(Monterrey, 1934) es poeta y ensayista.
