Un país minusválido

28 febrero 1999

En todo este episodio del general Pinochet, la voz del Estado chileno, que es la institución afectada en forma esencial y directa por el asunto, se ha escuchado poco. No me refiero a la defensa de la persona del general, entregada en este momento a una firma de abogados ingleses. Me refiero a la defensa del derecho de Chile, derecho por definición soberano, de llevar a cabo su transición en forma independiente, autónoma, dentro de los ritmos y de los plazos que juzgue adecuados, y sin intervenciones extrañas
En otras palabras, es la defensa del derecho chileno a proceder con la misma autonomía con que procedieron, en situaciones similares, países como la propia España, Grecia, Brasil, Argentina o la República de Sudáfrica. Si esto no fuera así, querría decir que la comunidad internacional califica a Chile como país de segunda clase, lo cual sí que es contrario a toda la normativa creada a lo largo de este siglo. En su transición particular a la democracia, limitada, sin duda, defectuosa en más de algún aspecto, Chile no está obligado a presentar al resto del mundo garantías mayores, más estrechas, que las que fueron exigidas en su momento a
aquellos otros países. El presidente del Senado chileno, Andrés Zaldívar, de quien fui compañero en la Escuela de Derecho de Santiago en años ya remotos, y que tiene, me imagino, una buena formación jurídica, ha dicho ayer o antes de ayer en Estrasburgo que Chile “no es un país minusválido”. La metáfora no es mala, y apunta en la misma dirección de lo que vengo diciendo ahora. Es un indicio de que la voz chilena auténtica, seria, empieza a perfilarse dentro del bullicio y de la confusión generales.
Se escucha a veces allá en Santiago alguna declaración más bien tímida, bien intencionada, pero no muy convencida, que asegura que si nos devuelven al general vamos a juzgarlo, ahora sí, como corresponde. Es un reconocimiento de que hemos sido morosos, indulgentes y de que ahora tenemos serios propósitos de enmienda. Otros, desde una disidencia de izquierda o de extrema izquierda del gobierno de la Concertación, declaran con emotividad y con indignación moral que no existe ninguna posibilidad práctica de que el general sea juzgado en Chile. Me sonrío frente a las buenas intenciones de los primeros y respeto la categoría moral de estos últimos. Ellos hablan en representación de las víctimas, de los humillados y los ofendidos de una etapa terrible de la historia latinoamericana, y siempre tendrán su razón. El problema, sin embargo, y aunque muchos no lo quieran admitir, es otro. Chile, como ya lo he dicho, ha ido más lejos que muchos otros países, y más lejos, desde luego, me atrevo a sostener, que España, en el enjuiciamiento de los crímenes de su dictadura. El Plebiscito de 1988 fue un juicio político abrumador, el principio del fin del pinochetismo. El informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, conocido como Informe Rettig, fue una condena moral impresionante, que los chilenos de hoy pueden consultar en cualquier biblioteca pública o adquirir en una buena librería. Enseguida, el hecho de que el jefe de la policía política del pinochetismo y algunos de sus colaboradores estén en la cárcel no es una circunstancia menor. Por último, las once querellas criminales contra Pinochet admitidas a trámite por el magistrado Guzmán Tapia no son un detalle. Un jurista español ha escrito que son subterfugios tardíos, destinados a evitar la radicación de la causa en Madrid y ante el juez Garzón. La verdad es otra. Desde que Pinochet abandonó la comandancia en jefe del ejército, en marzo de este año, y pasó a la condición puramente decorativa de senador vitalicio, la transición chilena adquirió otro ritmo. Las querellas criminales son una consecuencia de
esta situación nueva. Y el año próximo, año de elecciones presidenciales y con un candidato socialista, Ricardo Lagos, ampliamente favorecido por las encuestas de opinión, nos deparará sin duda nuevas sorpresas. Pero el punto central, insisto, es otro. El punto central consiste en que no estamos obligados a rendirle cuentas a la comunidad internacional sobre los trámites futuros de los procedimientos que sigue el juez Guzmán Tapia. Somos menores en el número de habitantes, en la economía, en muchas cosas, que España e Inglaterra, pero desde el punto de vista internacional somos iguales. No somos minusválidos.
Lo que ha ocurrido, desde luego, es que Augusto Pinochet, por diversos motivos, y a causa, claro está, de su manera de proceder bárbara, arrogante, ciega, se convirtió en una encarnación de los males políticos de este siglo, en un símbolo perverso de una irradiación mundial extraordinaria: un mito negativo, en las antípodas exactas del mito positivo del Che Guevara. Los que piden su condena en Londres o en Madrid navegan a favor de la corriente, sin costo político alguno. A veces da la impresión de una simple ceremonia, una purificación colectiva de la conciencia en la que Chile, muy lejos, en su finisterre propio, no cuenta para nada. En cambio, los que discrepan o se permiten una duda son furiosamente descalificados y acallados. Felipe González, en los primeros días, dijo algo razonable, propio de su experiencia como estadista europeo, pero después no se supo más. Estoy seguro de que François Mitterrand habría pensado lo mismo. Y para qué decir el general de Gaulle. Pero da la impresión de que los tiempos de los políticos que tenían una noción clara del Estado y que eran conocidos, por eso mismo, como hombres de Estado, pasaron. Hemos ingresado a una etapa de políticos más bien locales y politiqueros. Y hemos regresado a la época, que ya parecía superada, de las unanimidades clamorosas, en las que toda disidencia, toda diferencia, todo intento de introducir un matiz, provocaban sospechas. Uno era calificado con suma facilidad de “agente del enemigo”, ¡de algún enemigo!, y ahora hemos vuelto a la misma rueda, a la misma majadería. Si digo lo que digo, me califican por todas partes de pinochetista emboscado, lo cual equivale a contaminarse con el símbolo nefasto.
Lo que pasa, me ha comentado en estos días una gran figura literaria internacional, Premio Nobel y todas esas cosas, es que después de haber visto en 1973 la fotografía del general de anteojos oscuros, con sus mandíbulas apretadas, implacables, me encanta ver en este fin de siglo a un general en silla de ruedas, despojado de sus capas y toda su parafernalia, humillado, que tiene que presentarse a declarar en Madrid ante el juez Garzón. Es una satisfacción que mi amigo no cambia por nada. Por mi lado, llego a la conclusión de que hay un Pinochet de los otros y uno de los chilenos. El símbolo negro, el mito perverso y que es necesario exorcizar, pertenece a los otros. A mí, en cambio, me gustó mucho, lo reconozco, ver a un Pinochet derrotado en el Plebiscito del año 88 y que anunciaba el resultado con voz cansada, cascada. Yo había trabajado para que eso ocurriera y me encantó comprobar que los hechos reales no eran tan esquivos como se habría podido suponer. Contemplé más tarde, con gran emoción y satisfacción, la ceremonia en la que el general le entregaba las insignias del mando supremo a un civil, Patricio Aylwin, y se colocaba después, aunque de pésima gana, pero en virtud de los órdenes jerárquicos, bajo su mando. No era una simple farsa o un “tongo”, como algunos han querido suponer. También he tenido un placer bastante maligno al ver a un Pinochet disminuido, que no se atreve a hacer uso de la palabra, que sin duda le teme como al diablo a la réplica de sus colegas, en la sala del Senado. Me habría gustado mucho saber que prestaba declaración en los procesos llevados por el juez Guzmán, aun cuando no habría sido fácil que la Corte Suprema le quitara el fuero parlamentario. Y me habría divertido, sin duda, el espectáculo de un Pinochet traicionado por sus partidarios en las elecciones presidenciales del año próximo en un periodo en que la causa del general ya no habría dado dividendos electorales de ninguna clase.
Estas circunstancias chilenas, ahora, han cambiado en forma brusca, con efectos todavía imprevisibles. Se ha producido ya una curiosa reacción positiva. Las relaciones de Chile con Argentina, que en las últimas décadas fueron difíciles, entraron en estos días en una notable bonanza. Las ceremonias militares argentinas en las que ha participado el presidente Frei evocan los tiempos del Ejército Libertador de los Andes, el de San Martín y O’Higgins. La simbología es deliberada, incluso astuta. No olvidemos que aquellas tropas lucharon contra los regimientos enviados a sus últimas colonias rebeldes por Fernando vii. Y que Chile, en la guerra de las Malvinas, tuvo simpatías mal disimuladas por los ingleses. Por su lado, Brasil, que al comienzo fue reticente, apoya ahora con claridad el punto de vista chileno. ¡Parece que la alianza tripartita, el abc de comienzos de siglo, también está de regreso!
¿Significa esto que no hay mal que por bien no venga, que tenemos que estar agradecidos, en último término, con el juez Garzón? Muchos lo dicen por ahí, sobre todo en España, pero me permito disentir en forma tajante. La esencia de una transición pacífica de la dictadura a la democracia, el punto más sensible y más crítico, se encuentra en las relaciones entre el poder civil y el militar. No se trata sólo de la eventualidad de un golpe de Estado y de un retroceso brutal. Se trata de alcanzar una convivencia razonable, moderna, enmarcada en la ley, entre ambos poderes. La intervención de España y de Inglaterra en la transición chilena, que no es, dígase lo que se diga, puramente judicial, que ha implicado al Consejo de Ministros español y al Ministro del Interior inglés, podría tener uno que otro efecto positivo parcial, pero es una banderilla feroz enterrada a fondo en el toro de las fuerzas armadas. ¿Qué habrían pensado los españoles si les
hubiera ocurrido algo parecido a comienzos de la década de los ochenta, quiénes habrían aplaudido y quiénes habrían estado profundamente preocupados? Aunque parezca escandaloso decirlo ahora, la persona del general Pinochet me importa un rábano. Lo que me importa es la transición nuestra, la recuperación de los hábitos democráticos por un país que fue la democracia más
antigua en lengua española. ¿Servimos mejor a la causa de la Declaración Universal de los Derechos Humanos al ayudar a consolidar la democracia en Chile o al substanciar un proceso que tiene bases morales evidentes, pero cuyos fundamentos jurídicos, cuando el derecho penal internacional todavía está en formación y cuando aún no existe el tribunal internacional correspondiente, son endebles? Para mí, a pesar de que conozco las consecuencias personales que tiene decir todo esto, la respuesta es clara. ~