Jornada electoral ejemplar y una contienda manchada por la ilegalidad
El dos de junio Mรฉxico viviรณ una jornada electoral que, en el contexto de inseguridad y violencia que asola mรบltiples espacios del territorio, fue fundamentalmente pacรญfica y cรญvica. Un millรณn de ciudadanos, sorteados y capacitados por el Instituto Nacional Electoral (INE), se hicieron cargo de instalar las casillas, de recibir a sus vecinos, de entregarles las boletas electorales, de contar los votos y llenar con su puรฑo y letra las actas que sustentan la validez legal de los comicios. Asรญ, mรกs de sesenta millones de ciudadanos votaron, en secreto y libertad, para elegir a mรกs de 20 mil cargos de gobierno y representaciรณn a nivel federal y en las 32 entidades federativas de la repรบblica. Ese es el lado venturoso de la elecciรณn.
Lo anterior no borra la inequidad en la contienda a favor de la coaliciรณn electoral del gobierno ni la constante intervenciรณn, anticonstitucional, del presidente a lo largo de todo el proceso. No se puede obviar el adelanto de las precampaรฑas hasta por dos aรฑos respecto al plazo que dicta la ley. Hubo un uso de ingentes cantidades de dinero que no fue fiscalizado y cuyo origen es del todo opaco, contraviniendo la obligaciรณn de rendiciรณn de cuentas que existe en nuestro sistema electoral desde fines del siglo pasado. Hay que sumar la abierta intencionalidad de daรฑar y controlar a las autoridades electorales, al grado tal que por decisiรณn de la bancada de Morena en la Cรกmara de Diputados se decidiรณ, por primera vez en la historia de un instituto electoral autรณnomo, no nombrar por consenso a su presidencia y varios de sus consejeros, sino que se dejรณ al azar, a un sorteo; despuรฉs, desde el Senado se incumpliรณ el deber constitucional de integrar el pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaciรณn, dejando dos magistraturas vacantes aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Naciรณn habรญa conformado las ternas respectivas. Ademรกs, elย INEย emitiรณ mรกs de medio centenar de medidas cautelares contra el presidente por violar el artรญculo 134 constitucional que lo obliga a no incidir en las preferencias electorales de la ciudadanรญa; pero el propioย INEย se inhibiรณ de acudir a la figura de las medidas cautelares precautorias para prohibir las conferencias de prensa matutinas del presidente a sabiendas de que eran, reiteradamente, un instrumento de abierta violaciรณn constitucional como la propia autoridad acreditaba una y otra vez. El propio Tribunal Electoral determinรณ en mayo que el presidente incurriรณ en โuso indebido de recursos pรบblicosโ, pues desde la conferencia matutina โque se financia por el erarioโ vulnerรณ los principios de equidad, imparcialidad y neutralidad; el desvรญo de recursos pรบblicos con fines electorales es, por cierto, un delito.
Hay un enorme contraste entre la jornada electoral libre y la inequidad e ilegalidad de toda la contienda, con la interferencia abusiva del poder polรญtico. El exembajador de Estados Unidos en Mรฉxico Jeffrey Davidow, en una mesa de anรกlisis de las elecciones que se realizรณ en el Centro de Estudios Mรฉxico-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego el 6 de junio, sintetizรณ lo ocurrido de forma precisa: โMexico had a free election but not a fair election.โ Limpia en las urnas, pero injusta en el resto.
La infundada denuncia de fraude
La perplejidad de distintos lรญderes de partidos de oposiciรณn, analistas y ciudadanos ante la contundencia del resultado electoral dio pie a que se extendieran denuncias de un fraude, incluso de un fraude mayรบsculo en los comicios. Si por fraude electoral se entiende la alteraciรณn de los votos depositados en las urnas, este no existiรณ.
Se hizo correr la voz de que a travรฉs del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) se modificaba el sentido del resultado. No es posible: elย PREPย toma los datos de las actas, cuyas imรกgenes se publican para que se pueda verificar que los nรบmeros corresponden con lo que los funcionarios de casilla asentaron. Pero, ademรกs, serรญa inรบtil alterar elย PREP: no tiene validez legal ni efectos jurรญdicos, de tal forma que su propรณsito es estrictamente informativo.
En 2006 fue Lรณpez Obrador quien inventรณ que habรญa ocurrido un fraude en elย PREP, a partir de un algoritmo que cambiaba los resultados. Fue una patraรฑa que nunca se demostrรณ, pues jamรกs existiรณ. No deja de ser una triste paradoja que entre los crรญticos acรฉrrimos del presidente haya quienes se comportan igual que รฉl.
Otro argumento que ha corrido estos dรญas es que se alteraron los votos porque en algunos lugares, como Compostela en Nayarit o Miahuatlรกn de Porfirio Dรญaz en Oaxaca supuestamente hubo mรกs sufragios que habitantes. Falso: Compostela es la cabecera del distrito 03 de Nayarit, el cual abarca otros nueve municipios. Lo mismo ocurre con Miahuatlรกn: es la cabecera del distrito electoral federal 10 de Oaxaca, no quiere decir que solo puedan votar los residentes de ese municipio.
Las denuncias irresponsables de fraude son, ademรกs, peligrosas porque atentan contra el binomio que hace posible que el voto libre y secreto se emita y se respete: la estructura profesional permanente delย INEย en todo el territorio y la ciudadanรญa que instala las casillas y cuenta los votos. Fue el gobierno quien quiso, a travรฉs de los intentos de reforma electoral del โplan Aโ y el โplan Bโ, desaparecer alย INE, primero, y despuรฉs borrar a su estructura profesional. Los crรญticos mรกs radicales del gobierno, en su insensatez, le ayudan a lastimar el prestigio del Servicio Profesional Electoral delย INEย que sigue siendo la columna vertebral del trabajo imparcial de organizaciรณn de los comicios.
Los ataques a la estructura delย INEย y a la ciudadanรญa que estuvo a cargo de las casillas pueden ser un bรบmeran contra la integridad de las elecciones por venir. ยฟEn serio debemos prescindir de ese modelo? ยฟNo se dan cuenta de que, eliminando la estructura profesional y permanente delย INEย en el territorio, se abre la puerta a que las prรณximas elecciones las operen, directamente, los servidores de la naciรณn pagados y controlados por el gobierno?
Defender y valorar la limpieza del procedimiento de la votaciรณn y el conteo de votos es defender y valorar lo que aรบn resiste de nuestra democracia. Hay que poner alto a la irresponsabilidad que acaba beneficiando a las pretensiones autoritarias que agobian a Mรฉxico.
El verdadero peligro: sobrerrepresentar y alterar el peso del voto ciudadano
Al dรญa siguiente de la jornada electoral, el 3 de junio, en Palacio Nacional la secretaria de Gobernaciรณn dio a conocer cรณmo se integrarรญan las cรกmaras del Congreso de la Uniรณn. Lo volviรณ a hacer el miรฉrcoles 5. Se tratรณ de una flagrante intromisiรณn del poder en las atribuciones que le corresponden a un รณrgano constitucional autรณnomo, alย INE. Otra vez, una conducta abusiva, ominosa e irresponsable que incluso tuvo efectos sobre los mercados financieros y el tipo de cambio de la moneda nacional.
Segรบn la secretaria de Gobernaciรณn, a la coaliciรณn de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de Mรฉxico (PVEM) les deben corresponder 372 diputados, el 74.4% de la Cรกmara a pesar de que esos tres partidos recibieron solo el 54.1% de la votaciรณn total e, incluso si se restan los votos por candidatos no registrados e independientes, los nulos y los del Partido de la Revoluciรณn Democrรกtica que perderรก su registro, llegarรญan al 57.9% con datos delย PREPย delย INE. Es decir, el gobierno busca, en el mejor de los casos, una sobrerrepresentaciรณn del 16.5%.
Ademรกs de ser un despropรณsito, es una clara violaciรณn a la Constituciรณn que desde 1996 establece, en su artรญculo 54, pรกrrafo V, un lรญmite mรกximo de ocho puntos porcentuales entre el porcentaje de votos recibidos en las urnas y el porcentaje de diputados.
Los impulsores de la sobrerrepresentaciรณn buscan hacer creer que el lรญmite de ocho puntos en exceso de la Constituciรณn no aplica a las coaliciones. Es falso, pues precisamente en 1996 el Cรณdigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) precisรณ, en su artรญculo 60, pรกrrafo 4: โA la coaliciรณn le serรกn asignados el nรบmero de senadores y diputados por el principio de representaciรณn proporcional que le correspondan, como si se tratara de un solo partido.โ Mรกs tarde hubo una reforma legal menor y pertinente para separar en la boleta electoral los emblemas de los partidos coaligados y asรญ no se traspasaran votos y se pudiera saber quiรฉnes perdรญan el registro. Pero esa reforma jamรกs se planteรณ como una vรญa para que las coaliciones pudieran saltarse el lรญmite del ocho por ciento constitucional. Quienes quieren hacerse de una supermayorรญa de casi tres cuartas partes de la Cรกmara con apenas algo mรกs de la mitad del voto ciudadano no van a poder demostrar que el Legislador, y menos aรบn el constituyente, haya en algรบn momento cambiado la ley para contravenir el lรญmite constitucional de sobrerrepresentaciรณn del 8%, que debe prevalecer.
La grรกfica 1 muestra lo que quiere el gobierno: que elย PVEM, siendo la quinta fuerza en preferencias ciudadanas, se convierta en la segunda bancada y que elย PT, siendo el sexto partido en votos, se convierta en la cuarta bancada. Es una operaciรณn para inflar inconstitucionalmente el voto por los partidos del gobierno y para comprimir el valor del voto ciudadano que respaldรณ a otras opciones. Es un atentado contra el principio elemental de la democracia: que cada voto valga igual.
La tarea democrรกtica hoy no es denunciar fraudes inexistentes, es defender el valor del voto ciudadano depositado en las urnas y que no se altere en su traducciรณn en escaรฑos. Ahรญ nos jugamos la democracia y el orden constitucional. ~
Economista por la UNAM, Doctor en Ciencias Econรณmicas y Empresariales por la Universidad Autรณnoma de Madrid y autor del libro La economรญa del futbol (Cal y arena, 2014).
