Una de las promesas de campaรฑa del presidente Donald Trump fue la de confiscar las remesas a Mรฉxico. En 2016, el total de las remesas sumรณ casi veinticuatro millardos de dรณlares, equivalente al 2% del PIB nacional, segรบn el Banco Mundial. Mรกs allรก del total, su impacto real estรก en su contribuciรณn al gasto diario de muchas de las familias mexicanas de escasos recursos. Segรบn el Banco Interamericano de Desarrollo, las remesas se destinan principalmente al pago de alimentos, transporte, vestido y educaciรณn. Las posibilidades y el impacto de lo planteado por Trump pueden ser analizados desde varios puntos de vista.
Legalmente serรญa anticonstitucional confiscar activos financieros o dinero de alguien sin una orden judicial o evidencia de obtenciรณn criminal de dichos recursos; mucho menos si dicha presunciรณn se basa en la nacionalidad de origen de su tenedor o en su estado migratorio legal. Tambiรฉn serรญa legalmente cuestionable imponer un impuesto al monto de la remesa con argumentos de defensa de la propiedad privada y de doble tributaciรณn.
Menos complejo es aplicar un impuesto sobre la cuota de la transacciรณn, mismo que se pudiera hacer extensivo a las transferencias bancarias. Segรบn expertos de la industria, el impacto del impuesto sobre la cuota no serรญa apreciable en la remesa recibida, ya que por el tipo de cambio actual el destinatario recibirรญa igual o mรกs pesos que antes. Ademรกs, esta modificaciรณn tendrรญa que ser aplicable a todas las remesas salientes de Estados Unidos, y no solamente a las destinadas a Mรฉxico. El impuesto se podrรญa implantar localmente, como ya se hace en Oklahoma. Por medio de este impuesto, se podrรญan recabar unos setecientos millones de dรณlares anuales (por todas las remesas desde Estados Unidos), lo que implica que se necesitarรญan treinta aรฑos para amortizar el costo del muro.
Desde un punto de vista migratorio, Donald Trump ha ordenado la deportaciรณn de aquellos migrantes indocumentados que hayan cometido crรญmenes. Segรบn el Migration Policy Institute, cerca de la mitad de los mexicanos en Estados Unidos (6.1 millones) podrรญa ser deportada; de ella, el 7% tiene mayores probabilidades de deportaciรณn por tener antecedentes de crรญmenes serios. En caso de deportaciรณn, ya sea de 450 mil o de los 6.1 millones, el impacto serรญa en las familias mexicanas que necesitarรญan alguna compensaciรณn a su ingreso. El costo y la dificultad para deportar a los 6.1 millones son de proporciones enormes.
Otros posibles efectos de una medida como la anunciada serรญan la pรฉrdida de confianza en el sistema financiero de Estados Unidos (que permite a migrantes y turistas abrir cuentas bancarias sin contar con residencia permanente), asรญ como la creaciรณn de un mercado negro para el envรญo y transporte de remesas. Ello si se obliga a los migrantes a presentar alguna identificaciรณn oficial que acredite su residencia legal en Estados Unidos. Una disposiciรณn en este sentido convertirรญa a los empleados financieros en inspectores migratorios, lo que lo hace difรญcil de implantar a nivel legal.
Es importante seรฑalar que los activos de los mexicanos deportados difรญcilmente podrรญan ser confiscados por las autoridades, a menos que se tenga evidencia de su obtenciรณn ilegal. En el caso de los deportados, esta condiciรณn no afectarรญa su capacidad de acceso a sus cuentas bancarias, las cuales podrรญan seguir siendo consultadas y operadas a distancia. Serรก necesario, en todo caso, redoblar esfuerzos en educaciรณn financiera y en el uso de las herramientas digitales. ~
Fue subsecretario para Amรฉrica del Norte en la Secretarรญa de Relaciones Exteriores entre 2013 y 2015. Actualmente es presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, Comexi.
